Recientemente (1 de noviembre de 2006) publicaba Noticias de Gipuzkoa un artículo de Endika Zapirain con título «En Euskadi, tribunales vascos». En el mismo se desarrollaba la necesidad de la existencia de tribunales vascos propios, de su constitución por personas de reconocido talante democrático, de su referencia a Europa como única instancia superior y otras consideraciones de menor entidad.
En el artículo citado, por un lado se cuestiona la constitución democrática de la judicatura española y se expone su parcialidad nacional cuando se trata de juzgar asuntos vascos, en los que casi siempre dictamina en contra de nuestro país; pero, por otro, no se trata de la legislación (origen, forma de construirse, método de aplicación, jurisprudencia etc.) sobre la que esa judicatura ha de dictar sus sentencias.
En primer lugar, y aun a fuer de ser reiterativo con relación a otros escritos míos anteriores, me agradaría que el señor Zapirain explicase qué entiende por Euskadi. Si se refiere sólo a la actual Comunidad Autónoma del País Vasco (CAV) constituida dentro de la organización territorial y política del Estado español y bajo su legislación, no tengo nada que objetar a su planteamiento …, salvo que «esa» no es mi nación y que creo que tampoco es «La Nación Vasca» tal y como se ha formado y ha sido considerada históricamente. Si se refiere al conjunto social y territorial que definió Arana Goiri con el neologismo de Euzkadi, entonces el señor Zapirain no debería tratar sólo del «Concierto Económico», ni del llamado «Gobierno Vasco», ni del «máximo representante ordinario del Estado» (supongo que se trata del lehendakari y del Estado español), así de simplemente. Tendría que hablar, además, del «Convenio Económico» de la Comunidad Foral de Navarra (CFN) y de la desintegrada organización económica y tributaria de los territorios colonizados por el Estado francés; debería de considerar al «Gobierno de Navarra» y a su propio lehendakari o presidente y a prefectos y otras zarandajas que ejercen su «autoridad» por las tierras del norte.
Todo ello haría un poco más complicada la constitución de esos «Tribunales vascos» que reclama Zapirain, ya que tendrían que amoldarse a muy diversas legislaciones y estructuras de poder en general, difíciles de homogeneizar, salvo que encontráramos una varita mágica o piedra filosofal para el campo de la organización sociopolítica. En la hipótesis optimista de que Zapirain considere Euskadi como equivalente a la Vasconia histórica y de que la «no presencia» en su reflexión de todos los aspectos relacionados con la CFN y la Vasconia Aquitana bajo el imperio francés sea debida a un «olvido transitorio», nos encontramos con una simplificación tan enorme de la cuestión que impide una aproximación real y positiva a la misma y a sus posibles soluciones.
No obstante, aun encarando el problema en toda su crudeza y complejidad, hay un instrumento que permite que exista un «poder» real del que se derivan diversos «subpoderes»: uno legislativo, otro judicial («tribunales vascos» para Zapirain) y un tercero, ejecutivo; todo ello a pesar de las grandes limitaciones que se plantean para el ejercicio de la soberanía en la organización política de nuestro mundo. Este instrumento o herramienta es, en teoría, muy sencillo: el Estado propio.
Dando una vuelta más a la tuerca, vemos que es imposible, desde cualquier punto de vista, el separar en su existencia el «poder judicial» del resto de poderes: «legislativo» y «ejecutivo». En las sociedades actuales del entorno post-Montesquieu, el poder (todo lo limitado y poco «soberano» que se quiera, pero poder al fin y al cabo) constituye una unidad en la que se pueden encontrar diversos «subpoderes», que siempre constituyen una unidad sistémica. Legislativo, judicial y ejecutivo pueden ser aspectos o facetas del mismo, pero los tres constituyen en realidad una sola soberanía, un poder en acción: el del Estado, de modo similar a la tradicional Trinidad cristiana.
El único modo de lograr un «poder judicial» propio, que sólo tenga a Europa por instancia superior y que permita que el mundo respete a la sociedad correspondiente como diferenciada, es el acceso al estatus de nación con Estado propio. Esto implica que los poderes legislativo y ejecutivo sigan la misma vía que el judicial que propone Zapirain. Esta vía no es otra que la consecución de un Estado independiente, de forma análoga a como lo han logrado tantas naciones europeas en los últimos años. Montenegro la última, por ahora.
Se suele afirmar con gran alegría e irresponsabilidad, sobre todo desde algunas instancias políticas de la CAV, que nuestro país, Euskal Herria, nunca ha tenido un Estado propio, que nunca ha disfrutado de una organización política independiente y en pie de igualdad con el resto de estados europeos. Esto es sencillamente falso, salvo que consideremos, como indicaba al comienzo de este artículo, que «Euskadi» equivale a lo que es la CAV dentro de la actual organización política del Estado español.
Vasconia en su vida histórica constituyó un Estado independiente, que existió en pie de igualdad con el resto de estados europeos. Este Estado pervivió muchos siglos; todavía hasta 1841, Navarra constituía un reino diferenciado de España. Esa es nuestra referencia, tanto histórica como de futuro. Los vascos constituimos una nación con Estado, pero que ha sido secuestrado a través de conquistas y ocupaciones de larga duración y cuya existencia, posteriormente, ha sido ocultada y tergiversada por los mismos que nos conquistaron.
Nuestra autoestima es un elemento estructural básico para el logro político de primer orden que constituye la recuperación de nuestro Estado propio. Nos jugamos el ser sujeto político en Europa y en el mundo o seguir siendo el «cero a la izquierda» que supone continuar como una «región» (mejor varias «regiones») de los estados español y francés. Y la autoestima empieza por el conocimiento y aceptación de la propia realidad histórica y social.
La idea de Zapirain es buena, pero para ser efectiva debe abarcar todo el poder del Estado, para tener el conjunto de sus «poderes». Sin él, será utópica, corta de miras y no tendrá capacidad para sacar a Vasconia del marasmo en que está sumergida actualmente. Los retos que se plantea actualmente la humanidad ante el deterioro de determinadas condiciones de nuestro Planeta (ambientales, derivadas del mal uso de «recursos» y de la acumulación insostenible de «desechos», del abuso de energías fósiles formadas durante millones de años y actualmente en despilfarro, de desequilibrios y desigualdades entre las diversas sociedades y dentro de cada una de ellas etc.) exigen que nuestra participación, si quiere ser real y efectiva, tenga nombre y apellidos y tenerlos es ser un Estado. Esta es nuestra opción democrática y también, opino, la alternativa que puede lograr una pacificación y reconciliación auténticas para nuestra sociedad, así como colaborar en la democratización real de los estados español y francés, de la que tan necesitados se encuentran.
