‘Llibertat, Amnistia i República catalana’

La semana del 40 aniversario del «Ja soc aquí» de Josep Tarradellas, y, ahora, como entonces, previa real sanción, el presidente del Gobierno español Mariano Rajoy se ha puesto a la altura de Primo de Rivera con la Mancomunitat o de la República de la CEDA con la Generalitat de Companys y, en respuesta a la proclamación formal de la República catalana, ordenó el cese del Govern Puigdemont en pleno, presidente, vicepresidente, consellers y decenas de altos cargos, incluido el jefe de los Mossos. Una vez más se cumple la ley inexorable según la cual, España, cuando el pleito catalán la supera, sólo sabe responder de una forma: a palos. Primero, negando base alguna o deformando las demandas catalanas e incluso apartando a sus promotores de la ciudadanía -quedará para la historia la exclusión de 2 millones de catalanes en el discurso del rey Felipe VI en que avaló las medidas para «restablecer la orden constitucional» en Catalunya-; después, ante la imposibilidad de invisibilizarlos, a garrotazos, y, más tarde (re)conquistando la plaza mediante el desalojo de los administradores rebeldes. El Reino de España ya no tiene colonias, pero tanto le da. No hay que mirar atrás: en la relación Catalunya-Espanya el pasado sigue siendo un humillante presente continuo.

Pero en el despliegue ad hoc del 155, Rajoy también hizo alguna cosa más para sofocar la República Catalana. Mientras el fiscal Maza afinaba -marca de la casa- la querella que puede costar 30 años de prisión a Puigdemont, el presidente cesado por quien no puede escogerlo-, a los miembros de su gobierno, a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a una parte de los miembros de la Mesa, la que no tiene miedo de la democracia, Rajoy disolvió la Cámara catalana y convocó elecciones «autonómicas» para dentro de 53 días, el 21 de diciembre. Entonces, «todos podrán votar». Eso decían anoche, con profunda satisfacción, al final de un reportaje titulado «El factor 155», una de las piezas -la otra se centraba en la «propaganda secesionista» con la intervención de tres catedráticos en comunicación más bien asustados y la tercera se zambullía en las raíces catalanas del municipio onubense de Isla Cristina- con que el emblemático Informe Semanal de TVE pretendía explicar lo que sucede en Catalunya. Naturalmente, este «todos podrán votar» pretendía poner en valor el carácter «legal» y «democrático» de las elecciones convocadas por Rajoy ejerciendo de presidente okupa de la Generalitat ante el referéndum «ilegal» y «golpista» convocado por el legal y legítimo presidente independentista. Resulta curioso que la cadena pública española todavía pretenda seguir ocultando que fueron las porras de los antidisturbios de Zoido y no los organizadores las que trataron de impedir que «todos» los catalanes, es decir, los del sí y los del no, pudieran votar en el referéndum del 1 de octubre. Quizás, porque, como es de sobra conocido, tampoco lo consiguieron. Y por aquí sigue llorando la criatura. La criatura es esta España del PP que, por lo visto, ama mucho a los catalanes pero los quiere atados de pies y manos; o esta otra España del 155 con vaselina que propone Pedro Sánchez mientras Albert Rivera ya dice que Inés Arrimadas será presidenta y Pablo Iglesias se indigna porque aquí los únicos que de momento han proclamado la República son Puigdemont i Junqueras.

El independentismo ganó la consulta del 9-N del 2014, ganó el referéndum del 1 de octubre del 2017, y consiguió proclamar la República catalana el viernes pasado. Todo eso no tenía que pasar en ningún caso, repitió Rajoy hasta cansarse, y, no obstante, sucedió. Por el contrario, la imagen que se intenta construir desde el status quo es que el procés se ha acabado. El golpe «constitucional» a las instituciones «rebeldes» catalanas, que por motivos obvios no pueden imponer por la fuerza el control del territorio, ni han obtenido el reconocimiento internacional, ni disponen de un sistema financiero -no sólo fiscal- propio para tranquilizar a la gente más intranquila, se puede confundir fácilmente con una victoria de Rajoy que vale por todas las derrotas ante el independentismo. Pero, y aunque no lo parezca, sigue habiendo partido.

El jueves, cuando trascendió el sorprendente portazo de Rajoy a la oferta de Puigdemont para convocar elecciones, tuiteé que el presidente español prefería aplastar la autonomía que parar la independencia. La evolución de los acontecimientos en las últimas horas, pese a la confusión, creu que lo confirma. Puigdemont, contra todo pronóstico, y con la unidad del Govern y del independentismo (ERC, CUP) y la de su propio partido, el PDeCAT, saltando por los aires, ofreció al gobierno del PP la convocatoria de elecciones sin «DUI». Con su sorprendente negativa -por mucho que el PP la atribuya hipócritamente a la petición de liberación de los Jordis y la inmunidad para Puigdemont- Rajoy, lanzado ya al 155, optaba por aplastar la autonomía, mediante la intervención, en vez de parar la independencia, permitiendo al presidente catalán que convocara las próximas elecciones respetando sus competencias y mantuviera congelada la «DUI». Escribí aquí el domingo pasado que Puigdemont incluso tenía margen para declarar / proclamar la República, dando así cumplimiento al mandato del 1-0, y convocar elecciones inmediatamente antes de ser cesado («constituyentes» para el independentismo y «autonómicas» para los otros). Esa opción fue desestimada el martes a través de la prensa de Madrid bajo los titulares que advertían que no sería suficientge con que el president convocara a las urnas.

Por descontado, esa convocatoria entre la DI y el 155 podría haber sido también anulada por el Estado. En cambio, las elecciones al Parlament que acaba de convocar al presidente español difícilmente lo serán. La gran paradoja que deja la intervención del autogobierno catalán por la vía del 155, el intento de parar la independencia mediante la asfixia de la autonomía, es esta. Ahora es Rajoy quien, sin proponérselo (o sí), ha convocado a los catalanes a un referéndum el 21-D. Así, lo que hoy aparenta ser la «solución final» al llamado desafío independentista catalán podría ser sólo un punto y seguido. Por no decir algo mucho peor para la estrategia del gobierno español.

En las elecciones del 21-D, la campaña ya ha empezado en las peores condiciones para el independentismo, «todos» los catalanes podrán decidir si validan el nuevo orden español, es decir la autonomía vigilada de Rajoy, Sánchez y Rivera, o ratifican la proscrita y no obstante legítima República proclamada por el Parlament y que Puigdemont, tozudamente alzado, se empeña en mantener desde una especie de exilio interior en Girona mientras algunos de sus consellers, como es el caso de Josep Rull, avisan que el lunes irán a su despacho como habitualmente suelen hacer. Nuevo orden autonómico español o República catalana (en construcción), eso es lo que votarán los catalanes cuando escojan de nuevo a los 135 diputados de la Cámara en unas elecciones con todas las «garantías democráticas». Y será así aunque el independentismo decida boicotearlas o, incluso, si es ilegalizado.

Pero el independentismo tendrá que decidir si participa en el referéndum de Rajoy o deja el campo libre para que Inés Arrimadas -con permiso de Soraya, la otra «presidenta» de la Generalitat intervenida- se convierta en el Patxi López de la «alianza constitucionalista» catalana. El independentismo, que no tiene ningún problema con las urnas, tendrá que decidir si aprovecha el margen que todavía dispone para recuperar el control de las instituciones de autogobierno, o evitar que el unionismo se enseñoree de ellas, y (re)validar en ellas su proyecto, para (re) legitimar la proclamada República. Eso, o, a medio o largo plazo, optar por la desobediencia y la ruptura total sin reparar en ningún coste, cosa que, sin lugar a dudas, cuestionaría su carácter de movimiento central y transversal, su verdadera fuerza, su capital más importante. La potencia transformadora que ha obligado al Estado español a plantarle cara de nuevo con sus peores armas. El independentismo puede pasarse 55 días consolándose con proclamar que ningún país puede convocar las elecciones de otro, etc, lo que sin duda tranquilizará conciencias y levantará grandes ovaciones, o intentar ganarlas como ha hecho siempre y si puede ser más unido que nunca.

Llibertad, Amnistia i Estatut d’Autonomia.

Esta era la tríada del histórico lema del catalanismo en 1977 que llevó al restablecimiento del autogobierno abolido por Francisco Franco en 1939, el referente inmediatamente anterior del 155 de Rajoy.

Llibertat, Amnistia i República catalana.

Esta podría ser la versión del 2017. Después de lo que ha pasado, cuando se ha constatado hasta qué punto persiste el miedo a la libertad en la mayoría de la clase dirigente española ante la cuestión catalana; cuando, a consecuencia de ello, vuelve a haber en España personas pacíficas encarceladas por decisión política y cuando el rey de los españoles ha consentido dejar de serlo para la mitad de la ciudadanía catalana, ¿qué demócrata catalán -o español, o europeo- no suscribiría este programa ante las urnas?

ELNACIONAL.CAT

http://www.elnacional.cat/es/opinion/david-gonzalez-republica-catalana_207123_102.html