Cuando una propuesta parlamentaria de diálogo-negociación para proceder a una consulta democrática de los ciudadanos de una colectividad nacional como Cataluña, avalada por el 74% de sus representantes, es rechazada por el 90% de los diputados del resto del Estado, lo que se está expresando es que la democracia española tiene un grave problema estructural. Un grave problema de legalidad y de legitimidad. Dada la imposibilidad, una vez más, de establecer acuerdos estables basados en el reconocimiento y acomodación de la diversidad nacional del Estado, las posibles soluciones quedan enmarcadas en tres vías o «planes» generales.
Plan A. Reforma constitucional plurinacional.
Se trataría de establecer pactos reales de confianza -no meramente ambiguos y aparentes como se han revelado los de la Constitución española (CE)-, que regulasen el reconocimiento del carácter nacional de Cataluña y un autogobierno amplio, prácticamente independiente, en los ámbitos político, económico, fiscal, cultural, lingüístico, simbólico, europeo e internacional. La reforma debería establecer inequívocamente que son los ciudadanos y las instituciones catalanas quienes tienen la última decisión (derechos de veto, procedimientos de ‘opting in’ y ‘opting out’, etc). El proyecto de reforma del Estatuto (2006), a pesar de todas las limitaciones, participaba tímidamente en esta dirección. Sin embargo, se trata de una vía clausurada en la práctica por la sentencia del Tribunal Constitucional (2010). El «diálogo» y el «consenso» han mostrado ser un engaño. La única cosa positiva del fracasado proceso de reforma estatutaria es, simplemente, que se hizo, por lo que han quedado claros los límites estructurales de esta vía. Desde los parámetros políticos e intelectuales de la primitiva cultura política de los principales partidos e instituciones españoles, nada indica que sea posible una reforma constitucional que posibilite una solución solvente, avanzada y estable del pluralismo nacional del Estado. La dinámica y experiencia de los últimos años, que incluye el actual ahogo económico, el menosprecio político, lingüístico y cultural de Cataluña y un escandaloso déficit fiscal por parte del gobierno central, sitúan al plan A como una vía completamente carente de realismo.
Plan B. Independencia con referéndum/consulta.
En contra de lo que se dice desde el poder central, la convocatoria de un referéndum tiene cabida en el marco legal actual. Tal como señala un reciente y sólido informe del Instituto de Estudios Autonómicos, hay hasta cinco vías legales posibles: la aplicación del artículo 92 CE (referendos), la delegación de esta competencia (artículo 150.2), una reforma constitucional rápida sobre este punto, o la aplicación de las dos leyes de consultas del Parlamento de Cataluña, la del año 2010, hoy en vigor, pero con un recurso pendiente en el TC, o la nueva ley actualmente en trámite parlamentario. Con este referéndum/consulta la situación de Cataluña sería similar a la de Quebec o Escocia. El procedimiento debería incluir todas las garantías de democracia, transparencia y legalidad -sea local o internacional-. Tal como he dicho en otras ocasiones, creo que sería conveniente, en términos de europeización y modernidad del proceso, convocar la consulta el mismo día que la de Escocia (18 septiembre 2014). Sería el día del Referéndum Scot-Cat. Caso de que el resultado fuera favorable a la independencia, se abriría un periodo de negociación entre las instituciones catalanas, europeas y del Estado. ¿Resulta realista el plan B?. Vías legales las hay, pero aquí hace falta la voluntad política del poder central de querer transitarlas. Y de momento, la estrategia de las instituciones y partidos españoles no es que triunfe el «no» en el referéndum, sino, simplemente, que no se pueda hacer. Es decir, que los ciudadanos catalanes no puedan expresar democráticamente cuál es la voluntad mayoritaria sobre su futuro.
Plan C. Independencia sin referéndum/consulta.
En política, a veces las vías aparentemente más rupturistas resultan ser las más realistas. Especialmente cuando desde una de las posiciones en disputa no hay ninguna voluntad de llegar a acuerdos solventes. Si las instituciones del Estado siguen negando la posibilidad de convocar legalmente la consulta, se deberán aplicar vías alternativas en las que resultará inevitable un alejamiento de la legalidad actual.
El plan B y C comparten seis elementos: apoyo de una mayoría social interna, internacionalización del proceso, liderazgo institucional de prestigio, movilización ciudadana, transversalidad de los partidos favorables al proceso, y construcción de agencias propias de gobierno. El plan C previsiblemente incluiría, dos elementos más, la convocatoria de elecciones plebiscitarias y una declaración final de independencia por parte del Parlamento. Pero la independencia no se debe simplemente «declarar», sino que debe establecerse de manera sólida, tanto en términos institucionales internos como internacionales (ONU, Consejo de Europa, UE, etc). Y eso no se improvisa, hay que trabajar a fondo.
En definitiva, tal como ocurre en los matrimonios, cuando las vías del acuerdo, la confianza y la convivencia razonable no resultan posibles, lo que la lógica y la práctica propician es la vía del desacuerdo, la desconfianza y la separación. En términos democráticos, cuando la legalidad es permanentemente hostil a un país, desobedecerla resulta completamente legítimo. La fuerza de Cataluña es la de sus ciudadanos y la de sus instituciones. Se trata de una cuestión de dignidad colectiva.
