Hace poco fui al Museo de la Valltorta, que exhibe -entre otras cosas- unos magníficos ejemplos de pinturas rupestres. Al encontrarme que todos los folletos informativos estaban escritos exclusivamente en castellano, me dirigí a la persona que había en recepción, para pedirlos en valenciano.
«Hace tiempo que no envían» -me dijo-, atribuyéndolo a la crisis económica. «¿Y para el castellano no hay crisis?» -Le repliqué-. La mujer sonrió y me aceptó -«Se ve que no»- con una sonrisa. No sé cuál puede ser el coste extra de imprimir la mitad de los papelitos en otra lengua. Sospecho que muy próximo a cero, si es que no contamos el coste de la traducción. Pero, si lo miramos con un poco de sentido común, la versión traducida debería ser la castellana, ya que los panfletos no los escriben en Valladolid sino aquí, en nuestra casa. Y se ve que -efectivamente- nunca falta dinero para ello.
Mucho más sonado es el hecho de que las 126.000 familias que han pedido (y no han obtenido) la escolarización de sus hijos en valenciano deben escuchar argumentos (más bien excusas de mal pagador) que relacionan la terrible crisis económica que padecemos (como si fuera una plaga bíblica o una catástrofe natural, y no el producto del latrocinio continuado de los mismos gobernantes que la esgrimen como excusa) con la dificultad de implementar líneas educativas de inmersión lingüística.
Se ve que implementar líneas en castellano no cuesta dinero. O que el dinero no importa, si son para gastarlos en promover el castellano. Se ve que el pobrecito no ha tenido suficiente con los 300 años de imposición radical, ni con las más de 500 normas legales que -aún- imponen su uso en nuestro territorio, y aún necesita más ayuda.
Será por eso que las 17 familias de toda Cataluña que han solicitado escolarizar a los hijos en castellano sí lo podrán hacer. Para eso no debe faltar dinero. Junto con las armas para los tres ejércitos y el dinero para la iglesia católica, los fondos públicos para castellanizar la población son la auténtica prioridad de un gobierno muy preocupado por la «marca España».
O es eso, o es -sencillamente- que las autoridades españolas (esto incluye -obviamente- a los actuales ocupantes del Palacio de la Generalitat de Valencia) consideran que hay dos clases de ciudadanos: los castellanos -que son de primera-, y todos los demás -que se ve que somos de segunda categoría-. Los primeros son merecedores del respeto estricto a sus derechos lingüísticos, sea cual sea la coyuntura económica, mientras que los derechos de los segundos pueden ser postergados, entre muchas otras causas, hasta que haya un superávit de recursos.
No me molestaré en calificar este comportamiento desde un punto de vista ético. Ya entiendo que para nuestros gobernantes, la palabra no tiene absolutamente ningún significado, ni puede formar parte de su vocabulario. Lo haré, en cambio, en unos términos que les son generalmente muy gratos: es anticonstitucional.
Y es que -para su sorpresa- la constitución española, contiene 167 artículos más, aparte del dos y el tres, que son los únicos que les interesan. Y algunos de estos artículos, incluso establecen la necesidad de no discriminar a los ciudadanos por diversas razones, incluyendo las lingüísticas. Y, señores y señoras gobernantes: la constitución otorga los derechos a los ciudadanos, no a los castellanos.
Suena parecido, pero no son sinónimos: los valencianos también somos ciudadanos. Y sólo lo seremos de pleno derecho cuando el Estado nos trate, a todos los efectos, de la misma manera como trata a los castellanos. Ni más obligaciones ni menos derechos. No tengo nada claro que un Estado que tenga como gentilicio la palabra ‘español’ sea capaz de hacer esto nunca.
http://www.suay.cat/2013/04/no-hi-ha-crisi-per-al-castella.html
