Hace unas semanas escuché en la radio a un juez que expresaba una preocupación: la calidad de las leyes españolas. El hombre intentaba ser cortés, pero se le entendía: determinadas leyes no hay por donde cogerlas. Venía a decir que el legislador español no elaboraba leyes de suficiente calidad. Yo supongo que, como con todo, de leyes las hay buenas y malas. Y no hablo desde el punto de vista ideológico o de los objetivos que persiguen. Hablo de cómo están elaboradas técnicamente: su claridad, cómo enlazan con otras leyes, cómo se desarrollan, etc. En mi profesión me he encontrado con leyes y disposiciones que tenían errores. Viendo el curriculum de la mayoría de nuestros parlamentarios, se me hace difícil pensar que nuestras leyes estén muy bien hechas.
Pero ahora, y con respecto a las leyes, estamos sufriendo las consecuencias de otro tipo de problema: su baja calidad política. Las leyes que determinados políticos han elaborado, ¿cubren las aspiraciones de los ciudadanos y dan satisfacción legal? La inseguridad política que se está destapando en las relaciones entre Cataluña y el resto de España parece que confirme que las leyes que se han elaborado estos últimos treinta años son mediocres -no han blindado suficientemente los intereses de los catalanes-. La reciente sentencia sobre los derechos de un alumno que quiere ser educado en castellano ha provocado que todos acusaran a los jueces -lo que demuestra la habilidad de los políticos para despistar-. La tendencia a culpar inmediatamente a este estamento está injustificada. Cualquiera que conozca un poco nuestro derecho sabrá que el margen de interpretación que ofrecen las leyes a los jueces es realmente estrecho. Por ello, mi sospecha recae sobre el legislador. Si el juez interpreta múltiples cosas, ¿no será porque la ley lo permite, o bien porque está mal hecha?
Yo dejé de creer en la Transición ya hace muchos años. Casi desde el principio. Fue el día que descubrí que me invitaban a un brindis al sol: votar en referéndum el Estatuto de Autonomía. Pedir votar en referéndum una ley orgánica queriendo hacerla pasar por pseudo-Constitución y que, encima, después tenga que pasar por el cepillo de un Tribunal Constitucional constituye una tomadura de pelo excesiva. Durante mucho tiempo nos han inflado la situación, nos han querido hacer creer que esto iba en serio. Hemos tenido que esperar hasta ahora para descubrir el engaños.
Ha sido poco a poco como hemos descubierto que todo este periodo de consenso que hemos vivido los últimos años, con parlamentarios catalanes que transaccionaban, negociaban, pactaban, etc., Ha sido una pérdida de tiempo considerable. El sistema legislativo que hace encajar a Cataluña con el resto de España es lamentable. Nuestros diputados en Madrid no han hecho su trabajo. Y, entonces, uno se pregunta: ¿y qué han hecho en Madrid todos estos años las minorías catalanas, los parlamentarios del PSC-PSOE y todos lo demás? ¿Qué hicieron los Roca, los Duran, los Solé Tura, los Lluch… y tantos y tantos diputados tan bien considerados como aparentemente ineficaces? Estaremos de acuerdo en que si han evitado que tiraran bombas atómicas sobre Cataluña, tendremos que dar las gracias, ciertamente. Pero si el resultado final, además del expolio fiscal crónico, es el desbarajuste que estamos viviendo (ahogo económico cuando Madrid lo quiere, castellanización de la educación cuando Madrid lo quiere, boicot de infraestructuras cuando Madrid lo quiere, intoxicación informativa cuando Madrid lo quiere, etc.), y todo esto es legal, entonces es cuando me cabreo y pienso que toda esta gente han sido unos estafadores. Si lo prefieren, traten de alejarse para contemplar en perspectiva: hará treinta y ocho años que murió Franco y en el Congreso de Diputados español no se puede hablar catalán. Si esto no es un fracaso, ¿que lo es, entonces?
En lugar de echar automáticamente la culpa a una justicia pretendidamente manipuladora (lo que constituye un grave error, porque, entre otras cosas, es falso), deberíamos volver la mirada hacia todo este conjunto de gente que no cumplieron con su obligación, la de defender nuestros intereses -seguramente por eso siguen estando tan bien considerados y tienen tanto prestigio en Madrid-. Y entonces convendría preguntarse qué intereses han defendido toda esta gente durante todos estos años. A muchos no les gustará este pasar cuentas tan irreverente. Pero es que ya basta de reirles las gracias a los que han montado esta chapuza. Como decía Churchill: «Hemos entrado en la era de las consecuencias». Y las consecuencias tienen responsables.
