Entrevista con el profesor de política de la Universidad de Princeton y miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional
Carles Boix , miembro del Colectivo Wilson y del Consejo Asesor para la Transición Nacional, estudió el caso de la independencia de Kossove y la resolución emitida por el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) en el libro ‘La puerta de la jaula’ (A contra viento), junto con el jurista Antonio Abad y el abogado August Gil. Boix, profesor de política en la Universidad de Princeton, explicó entonces que el TIJ no exigía ningún referéndum para declarar la independencia y que el derecho de autodeterminación se podía ejercer plenamente, siguiendo un procedimiento democrático. En esta entrevista, Boix expone su opinión sobre las lecciones kossovares y el estado actual del proceso de Cataluña hacia la independencia.
– La normalización de relaciones entre serbios y kossovares nos ofrece alguna lección para el caso catalán?
– Hay dos dimensiones de esta situación a tener en cuenta. Primero, que Serbia reconoce implícitamente a Kossove cuando empieza a negociar con ellos y normalizar sus relaciones. Segundo, que el reconocimiento final vendrá cuando acabe de cuadrar el estatus de la minoría serbia del norte y del proceso de negociación para la entrada en la UE de Serbia y Kossove. Desde un punto de vista abstracto, es una auténtica reivindicación del principio de que el derecho de autodeterminación no es ilegal. La opinión del Tribunal Internacional de Justicia de julio de 2010 -en paralelo a la sentencia del Tribunal Constitucional contra el estatuto- que decía que la declaración de independencia kossovar no era legal pero tampoco ilegal, fue muy mal acogida por España. Ese documento dejaba claro que es posible ejercer unilateralmente la autodeterminación y la mejor demostración es el reconocimiento implícito de los dos implicados. El caso de Kossove refuerza el derecho de autodeterminación sin tener la consideración de colonia ni la gravedad de los casos como Timor o Sudán Meridional, en situación de guerra. También reconoce la posibilidad de hacer un proceso de independencia sin la mediación internacional.
– ¿Pero podemos aplicarnos el caso Kossovo?
– Lo que nos hace diferentes de Kossove, aparte de la dimensión, la economía y la historia, es que Serbia no era ningún Estado de la UE y España, sí. Por tanto, las cartas que tienen los españoles no las tenían los serbios. España tiene un poder adicional que, sobre el papel, puede ejercer contra el proceso de independencia de Cataluña por el hecho de formar parte de los estados de la UE. En conclusión, hay que tener en cuenta la parte abstracta, de doctrina, que vale para todos igual, pero no se puede eludir la parte estratégica, que es muy diferente de la nuestra.
– La opinión emitida por el Tribunal Internacional de Justicia avalaba una declaración de independencia sin referéndum previo. En nuestro caso, ¿ve alguna posibilidad por esta vía?
– Prefiero que haya un referéndum. Porque un referéndum o una consulta dan una legitimidad total a la declaración. Para nosotros es muy importante porque hay que diferenciar el momento de la afirmación de la voluntad de un país y la declaración de independencia. Son momentos diferentes. Un referéndum demuestra que hay voluntad y permite negociar después el camino menos costoso para llegar a la declaración final. Escocia y el Reino Unido han pactado esto. En cambio, con una declaración sin consulta se hace más complicado. No digo que no sea posible. Pero se complica mucho la situación sin la protección de la comunidad internacional. Hay que recordar que Kossove tenía una relación especial con las Naciones Unidas y había una situación de guerra congelada entre la OTAN y Serbia. Una declaración parlamentaria no sería hacer gran cosa más que repetir la declaración de soberanía de enero, pero más potente y con implicaciones jurídicas.
– ¿Cómo se deshará el empate entre la urgencia de la crisis y la preparación de estructuras de Estado y de planes de contingencia?
– Es muy complicado determinar cuándo se debe dar el paso. Hay muchos componentes que influyen en el desenlace: las exigencias de objetivos de déficit, el contexto europeo y las elecciones alemanas, etc. Hay dos límites que hay que evitar. Por un lado, el Seis de Octubre, una situación improvisada y sin ninguna relación con el estado de ánimo de la calle ni estructuras adecuadas. Diría que esto el gobierno no lo hará. Aunque pueda sorprender, a mí tener este gobierno me tranquiliza, porque hace dos años no quería hacer nada. Esto es lo mejor que puede pasar: un gobierno que se encuentra obligado a hacer lo que hace por la presión de la calle no repetirá nunca un Seis de Octubre. Es la combinación perfecta porque es la situación opuesta a la de aquel momento, cuando la calle no tenía la voluntad de dar ese paso y el presidente Companys salió al balcón. Por otra parte, tampoco queremos que el estadio de preparación dure indefinidamente.
– ¿Pero lo ve cerca o lejos?
– Necesitamos un tiempo, porque si no podemos hacer la consulta o referéndum sería necesario preparar aún más la situación, que puede desembocar en una declaración sin negociación. En todo caso, una de las cosas que hay que tener en cuenta es la velocidad, que no se comenta mucho. El proceso de independencia vivirá etapas que tendrán velocidades muy diferentes. El ritmo no será siempre el mismo. Ahora estamos en la etapa de preparación, con un ritmo lento. Esta etapa requiere la prudencia del gobierno y tratar de no provocar reacciones de España que nos compliquen el día a día. No hay que provocar aún más los abogados del Estado a hacernos la vida más complicada. Debemos saber que en una etapa posterior todo se acelerará. No quiero decir que haya caos. Pero sí habrá un punto de inflexión, en el último momento, que imprimirá un ritmo trepidante al proceso.
– ¿Cuáles son las estructuras de Estado o los planes de contingencia imprescindibles para dar el paso?
– Hay dos cosas fundamentales, que son la recaudación de impuestos -tener la tesorería para poder pagar los compromisos- y la seguridad y el orden público -que haya reconocimiento de la legitimidad preeminente del gobierno de Cataluña-. Ambas cosas van juntas porque el objetivo es que la población se coordine alrededor del gobierno de Cataluña. Es muy importante construir la legitimidad a través de la consulta o del mecanismo que permita el voto de los ciudadanos, como unas elecciones plebiscitarias. Estas dos cosas son las elementales. Las otras ya vendrán de la posibilidad de tomar las riendas del nuevo Estado. El sistema de justicia, la arquitectura legal… todo esto es importante, pero siempre puedes determinar la continuidad provisional de la situación previa y hacer los cambios necesarios a partir de entonces. Tenemos la posibilidad de subrogarnos transitoriamente a las leyes actuales aplicadas en Cataluña. El elemento determinante en el momento de dar el paso y en el período que se abre es el reconocimiento de la autoridad del gobierno de Cataluña.
– ¿Qué factores de riesgo pueden hacer peligrar el proceso?
– El proceso no puede retroceder. A lo sumo, puede haber una situación de empate. Es decir, que la mayoría social por la independencia no pase del 55%, que no tengamos habilitados los mecanismos transparentes del referéndum que permitan aglutinar esta masa, y que el Estado español aproveche la situación para romper la baraja con la guerra sucia y suspender la autonomía… Es difícil prever una situación como ésta porque hay muchos imponderables que pueden decantar la balanza. Hay que asegurar una mayoría muy amplia porque el Estado aprovechará sin reparos un escenario de 55% contra 45% para fomentar el discurso de la división y el miedo.
– ¿Cree que todavía hay posibilidad de acabar pactando una consulta con el gobierno español?
– Nunca nos dejarán hacer ningún referéndum, no tengamos ninguna duda. Es imposible. Sobre la consulta, la única opción que se me ocurre es que tácitamente no la impugnen. Pero el Estado sigue una línea muy agresiva y cerrada que apela al concepto de soberanía nacional en manos de los españoles, y eso les lleva a impugnar todo. No dejan ningún espacio que permita pensar en la posibilidad de hacer una consulta pactada.
– Si el Estado español judicializa cada paso del proceso, ¿cómo puede acabar ésto? ¿Podemos ver al presidente sentado en el banquillo?
– Me es muy difícil de ponerme en la piel del gobierno español, porque yo actúo civilizadamente y ellos no. No entiendo a qué juegan. Efectivamente, su camino lleva a la inhabilitación del presidente Mas. El gobierno español juega crear costes para neutralizar a aquellos que aún están indecisos. También juega pensando en todo un sector de la sociedad española que pide jarabe de palo contra Cataluña. Hay que tener en cuenta que el conflicto que buscan es el resultado de la desinformación. No ven lo que pasa realmente en Cataluña. El poder español interpreta el proceso catalán como si fuera algo de élites y, una vez descabezadas, el proceso quedará detenido. Es un error de fondo de España.
– ¿Qué efectos internacionales puede tener esta vía de conflicto del gobierno español?
– Hay que tener en cuenta que el contexto internacional impone límites sobre España. No podrá hacer cualquier cosa que se proponga. La comunidad internacional no lo permite todo y eso nos viene a favor. Pero el impacto y la reacción vendrá de la capacidad que tengamos de crear discurso y de explicarlo en el exterior. Si no somos capaces de hacer entender que nuestra opción es el resultado de muchos años de hacer pedagogía, de hacer propuestas positivas, de tratar de llegar a acuerdos, etc., no conseguiremos la reacción protectora de la comunidad internacional. En el extranjero, cuanto más explique la realidad catalana el gobierno y la sociedad civil, más fuerza tendremos y menos la tendrá España. Si el Estado español se decanta por esta línea de confrontación y de imposición es porque piensa que somos un país muy débil. Nos ha quitado la camisa tantas veces que piensa que lo podrá seguir haciendo. Quizás sea un error de su parte. Esperemos hacerlo.
