El caso de la catalana Clara Ponsatí, doctora en Economía por la Universidad de Minnesota y profesora visitante de la cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, es vergonzoso, desde un punto de vista democrático, y demuestra hasta qué punto el gobierno español se encuentra en manos de los hijos ideológicos del franquismo. Pero, claro, esto no es ninguna novedad. Reunir en una misma frase las palabras ‘España’ y ‘democracia’ es un oxímoron. Basta con mirar el 25º lugar que ocupa España en la clasificación de los estados democráticos, por detrás de Corea del Sur y de las islas Mauricio. Incluso dos ex colonias suyas, como Uruguay y Costa Rica, le pasan la mano por la cara. Lo que resulta verdaderamente sugestivo para los intereses de Cataluña es el valor pedagógico que tiene, a escala internacional, el hecho de que la señora Ponsatí haya sido censurada y castigada por el gobierno español por haber manifestado su opinión favorable a la independencia de Cataluña en un programa de la cadena televisiva Al Jazeera. Esto sí que es de agradecer, ya que supone todo un gol en propia puerta por parte de España. Por lo tanto, no lo decimos nosotros. Es la misma España la que se muestra ante el mundo como lo que realmente es: una democracia totalitaria.
Sin embargo, que el totalitarismo español sea tan visceral que ni siquiera tenga sentido del ridículo no quita gravedad a la cuestión. Nótese que estamos hablando de pura libertad de expresión, estamos hablando del caso de una persona que sufre una represalia gubernamental por el simple hecho de expresar con extrema corrección su punto de vista sobre el derecho a la libertad de Cataluña en una entrevista. Parece increíble, pero es verdad, ya que supone la recuperación de un concepto abolido por todas las constituciones democráticas. Me refiero al delito de opinión. La opinión es inherente al ser humano porque es la consecuencia directa de su facultad de pensar, de su capacidad de raciocinio, y, por tanto, castigar profesionalmente a alguien por haber hecho uso de este derecho elemental es una acción que sólo puede ser calificada de repugnante.
La Universidad de Georgetown ya ha dicho que quiere que Clara Ponsatí continúe trabajando con ellos como estaba previsto, pero se encuentra que no puede contratar unilateralmente porque el convenio con el ministerio de Educación español establece que todo contrato debe tener el visto bueno de las dos partes y, en este caso, España ha bloqueado la vía administrativa tras recibir presiones de su embajada en Washington. El hecho, como es lógico, ha tenido un gran eco y uno de los medios de comunicación más sorprendidos ha sido la cadena que la entrevistó inicialmente. Por ello, en adelante, al ser entrevistada por Al Jazeera o por otros medios internacionales, Clara Ponsatí hará bien en aclararles que España está gobernada por un partido político que no ha condenado nunca el franquismo y que fue fundado por un ex ministro del régimen de Franco, un régimen de terror que cometió miles de crímenes contra la humanidad. Dos pequeños detalles que Alicia Sánchez-Camacho y Enric Millo siempre esconden en las esperpénticas lecciones de democracia que imparten a través de los telediarios.
