EL Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno español contra la declaración de soberanía del Parlament de Catalunya, y la ha suspendido. Es la primera vez que entra a juzgar el acuerdo de un legislativo autonómico. También sentó precedente cuando laminó el Estatut, refrendado por mayoría de los ciudadanos. No lo hizo en cambio las dos veces en que el mismo órgano catalán reiteró su derecho a la autodeterminación. Ante la evolución centralizadora, lo de ahora no sorprende a nadie. La principal duda está en cuánto tiempo se va a tomar para dictar sentencia. Si será tan rápido como la Audiencia de Palma en desimputar a la infanta, o si dejará pasar años, como en el caso del Estatut.
Y eso que se ha dicho y repetido que la palabra, el diálogo, es la herramienta política en democracia. Dijo y otros han repetido que la palabra, el diálogo, es la herramienta política en democracia. En el camino hacia el derecho a decidir el futuro nacional, la cumbre convocada por el president Artur Mas acabó en la incertidumbre habitual. Fue un éxito inicial que acudieran todos los convocados: los partidos parlamentarios, excepto PP y Ciutadans, claro, pese a las reticencias previas del Partit dels Socialistas, Iniciativa-verds y la radical Candidatura de Unidad Popular (CUP). Además de las instituciones locales, diputaciones y ayuntamientos, en una primera incorporación de la llamada sociedad civil.
A la salida de la cita, cada parte explicó la feria según le había ido para sus intereses. Satisfacción del Govern, porque nadie se había dado de baja, de momento. Escepticismo en Iniciativa (IC-V) y la CUP. Y amenaza del primer secretario del PSC, Pere Navarro, de abandonar la expedición si como, a su juicio, gobierno y presidente siguen faltando a la «neutralidad», cuando llaman a votar en un solo sentido (el Estado propio, leído como independencia) en la consulta.
La posición del líder del socialismo catalán es más que incómoda por las discrepancias internas y por la oposición frontal del PSOE. Mezcla de unas y otras fue el mensaje, a través de la prensa y en carta abierta, que le endilgó la exministra Carme Chacón, invitándole a abandonar la mayoría formada en torno al derecho a decidir.
Si Alfredo Pérez Rubalcaba no quiere ni oír hablar de urnas, entre la militancia catalana hay por lo menos tres sectores diferenciados: los fieles a la federación central; los que quieren referéndum disfrazado del eufemismo de la consulta, pero para decir que no a la separación y abrazarse a un federalismo más «asimétrico» -o no- mediante reforma constitucional y, finalmente, los independentistas, que también los hay.
En medio de ese berenjenal, Navarro navega como puede, haciendo como se dice tradicionalmente en catalán y sin perdón, «la puta y la Ramoneta» (beata la segunda).
Los promotores del soberanismo, Esquerra y también el gobierno convergente, mantienen la firmeza del proyecto de Estado propio, «aunque se descuelgue el PSC», en palabras del portavoz gubernamental Francesc Homs, que a la vez elogió la asistencia de Navarro a la reunión y la permanencia provisional de los socialistas entre la mayoría abrumadora de los 107 (entre 135) miembros del Parlament con el mandato de conseguir que los ciudadanos del Principat puedan expresar qué quieren decidir para el futuro.
Uno de los reproches compartidos tanto por IC-V como por el PSC a los pasos dados por el Govern es la creación del Consejo Nacional para la Transición, pese a su carácter consultivo, porque entienden que es en el Parlament donde se debe desarrollar el diálogo para acordar las estrategias. Petición implícita aceptada al crearse en la cámara una comisión por el derecho a decidir. De la misma manera que la respuesta a quienes claman por dar prioridad a la lucha contra la crisis y el paro ha sido convocar otra cumbre, con ese objetivo, para el próximo día 15.
En pleno fragor de esas batallas, y de las negociaciones económicas con Madrid respecto al tope del déficit de la Generalitat y el cambio del sistema de financiación, la sorpresa en forma de agresión a la lengua catalana salta en Aragón. La Junta que preside la popular con nombre zarzuelero (Luisa Fernanda Rudi) ha tenido la ocurrencia de cambiar -nunca a favor de las minoritarias- la ley sobre las lenguas de su territorio, rebautizándolas de forma que no las reconozca, como diría Guerra, ni la madre que las parió.
El catalán, propio de la Franja de ponent, pasa a llamarse Lapao (Lengua aragonesa propia del área oriental) y el aragonés, habitualmente conocido como la fabla, quieren que sea -más complicado aún- la Lapapyp (Lengua aragonesa propia del Alto Pirineo y el Prepirineo).
La Chunta, heredera del inolvidable José Antonio Labordeta, socialistas e Izquierda Unida se oponen, mientras en Catalunya todos los partidos, hasta PP y Ciutadans, consideran un absurdo y, mayoritariamente, una provocación el nuevo gesto de la mayoría aragonesa que configuran populares y regionalistas del PAR. Al respecto, la nota de humor la puso, desde su desazón por los desaires e insultos en Madrid y en Catalunya, el veterano Josep Antoni Duran i Lleida, nativo de Alcampell, localidad de la propia Franja: «Mira por donde sé otro idioma». Y es que al habitual valencià, el presidente balear Bauzá ha añadido en los textos el mallorquín, el ibicenco… y tal vez el de Formentera. Todo, para evitar la manifiesta unidad de la lengua catalana, unánimemente reconocida por los lingüistas. Ya estaban reconocidos como dialectos el rosellonés, el alguerés en Cerdeña, el oriental (que es el normativo) el occidental de Lleida y Valencia. Faltaba la aragonesa. ¡Nos ha lapao!
http://www.deia.com/2013/05/15/opinion/tribuna-abierta/la-palabra-y-la-lengua
