50 cuestiones sobre el proceso

El Punt Avui analiza en tres capítulos los últimos ocho informes elaborados por el Consejo Asesor para la Transición Nacional

Muchos son los interrogantes que suscita aún la transición hacia un nuevo Estado catalán independiente si el proceso soberanista culmina con éxito. Para responder, el gobierno encargó 18 informes al Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), que se publicarán conjuntamente en otoño a modo de libro blanco. Sin ánimo de ser exhaustivo, El Punt Avui ha escrutado los ocho últimos, que se presentaron de una tacada el 28 de julio, y los ha resumido en 50 preguntas y respuestas, que se publican a partir de hoy, en tres entregas.

OSCAR PALAU

Capítulo 1º

15/08/14

Cómo se producirá el proceso de sucesión de estados, el futuro de la justicia y viabilidad económica

1 ¿Estarían vigentes las leyes españolas al día siguiente de la independencia?

Las leyes ya aprobadas por el Parlamento estarían plenamente vigentes, y el nuevo Estado debería decidir sobre las españolas, que regulan aspectos clave como derechos fundamentales, el derecho penal, el mercantil, el laboral y la ordenación de la economía. Según el principio de continuidad normativa, y para dar seguridad jurídica, sería necesario incluir una disposición específica en la ley constitucional provisional, o bien aprobar una ley ‘ad hoc’ en el Parlamento, para garantizar su vigencia hasta una modificación de las instituciones catalanas. Esto no quita que la ley provisional incorpore ya derogaciones o adaptaciones en materias sensibles. El nuevo Estado también deberá decidir qué organismos ya existentes pueden sustituir a los españoles en la aplicación del derecho de origen.

2 ¿Qué leyes habrá que renovar con mayor celeridad?

Un programa legislativo deberá diseñar la estructura institucional del nuevo Estado y la aprobación progresiva del nuevo derecho catalán en sustitución de la anterior. Habrá que establecer prioridades en función de la realidad social y política, lo que podría hacer una comisión de estudio con miembros de los grupos parlamentarios, el gobierno, servicios jurídicos e incluso facultades de derecho.

3 ¿Qué pasaría con los actos personales dictados por la administración española?

Por razones de seguridad jurídica se mantendría su validez y eficacia, sin condicionar, sin embargo, el nuevo poder constituyente catalán. Si sus decisiones afectaran a situaciones consolidadas de particulares, así, se deberían indemnizar. Los procedimientos administrativos en curso deberían pasar a ser tramitados por las instituciones catalanas a partir de la independencia, a menos que se acordara alguna otra fecha con el Estado español. Los recursos o impugnaciones se conciben como procedimientos nuevos, a sentenciar por las instituciones catalanas, a menos que fueran recursos administrativos, que deberían resolver los órganos que hubieran dictado la resolución original. También habría que garantizar el traspaso de toda la documentación vinculada a los expedientes, incluidos los archivos, por lo que sería necesario un inventario previo.

4 ¿Y los contratos de la administración española con particulares?

Si el nuevo Estado catalán no hiciera nada, se extinguirían todos de facto; se deberían pagar indemnizaciones, con el gran perjuicio que ello supondría en obras y servicios públicos. Evitarlo es muy complejo, ya que estos contratos vienen ampliamente regulados por la legislación europea y hay una gran tipología, dificultad añadida para dictar soluciones. Por ejemplo, la subrogación es más sencilla en los que afectan sólo a obras o servicios dentro de Cataluña. Si el contrato va más allá, habrá que calcular cómo se hace el fraccionamiento proporcional de derechos y obligaciones. Tampoco es lo mismo si la contratante es la administración española o una empresa pública, ya que en el segundo caso es más complicado al tener un régimen legal y financiero específico. La fórmula preferible es la doctrina de la sucesión universal entre estados de todos los contratos y sus derechos y deberes, siguiendo principios de proporcionalidad y territorialidad. También habrá un inventario de los contratos del Estado que afectan al territorio catalán y estudiar todas sus categorías. En la negociación entre estados podrían participar también contratistas y acreedores privados.

5 ¿Qué pasará con los funcionarios estatales?

Con los 225.000 funcionarios actuales de la Generalitat no será suficiente para asumir todas las funciones del nuevo Estado. Habrá que abrir ofertas de empleo público, que en gran parte podrían abarcar los 30.000 funcionarios de la administración española que hay en Cataluña. En todo caso, se garantizarían los funcionarios necesarios para la aplicación del derecho, estableciéndose mecanismos de suplencia para los que pudieran decidir marcharse. Tampoco se puede descartar que se integre una parte de los que ahora trabajan en los servicios centrales del Estado español, siempre respetando su voluntad.

6 ¿Cómo se haría el relevo entre administraciones?

Habría que respetar el principio de continuidad de los servicios públicos, para que la ciudadanía no notara ningún efecto, y la sustitución debería hacerse sin interrupciones. Un escenario de acuerdo entre estados, ya desde la etapa previa, sería útil para la transferencia de los bienes y derechos, sobre todo para no afectar a terceras personas. Una representación política de alto nivel podría integrar la comisión encargada de articular la sucesión. Habría que fijar un calendario y un plan de trabajo, y negociar con buena fe.

7 ¿Y si España se negara?

Entonces no se debería descartar la mediación internacional. Todas las negociaciones se deberían llevar en este ámbito, y los acuerdos a que se llegara tendrían el rango de tratado. Entonces Cataluña tendría mayor capacidad de negociación, pero las conversaciones no comenzarían hasta después de la secesión, hecho de entrada poco deseable para mantener la seguridad jurídica, y por el personal de la administración española.

8 ¿Qué pasaría con los órganos judiciales españoles?

Dejarían de tener efecto al día siguiente de la independencia los situados fuera de Cataluña con competencia sobre todo el territorio (como el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional) y también el Tribunal Constitucional. Sería necesario, por tanto, asignar las funciones a órganos judiciales catalanes, como el Tribunal Superior de Justicia o, incluso temporalmente, al Consejo de Garantías Estatutarias.

9 ¿Qué pasaría con el personal de la justicia?

Ante las posibles vacantes que se produzcan, hay que garantizar la cobertura de las plazas actuales de jueces y magistrados, fiscales y secretarios judiciales. Lo ideal sería llegar a un acuerdo con el Estado español para que se puedan incorporar a la administración catalana manteniendo las carreras de origen, pero si no se les podría ofrecer igualmente, reconociendo los derechos adquiridos. También habría que asegurar una lista amplia de suplentes y sustitutos en un primer momento.

10 ¿Habría un vacío legal durante la transición en los procesos pendientes?

Para evitar el vacío sería aconsejable mantener la legislación procesal vigente entonces, incorporándola provisionalmente y adaptándola al ordenamiento catalán. Los procesos pendientes se juzgarían siguiéndola, y habría dos opciones: que se enviaran a los nuevos órganos competentes catalanes, o que siguieran su curso en la justicia española y al final se reconocieran las resoluciones. La solución final dependería de las circunstancias políticas o la negociación que se fijara.

11 ¿Y los procesos abiertos en el TC?

En el caso del TC español, decaerían automáticamente todos los procedimientos en torno a conflictos de competencias, y sólo habría que debatir si los recursos de amparo (sólo contra actos de instituciones u órganos catalanes) los resuelve el TC o el nuevo órgano catalán. Cualquier nuevo recurso ya se debería interponer ante éste.

12 ¿Qué pasa con las ejecuciones judiciales?

Habría que llegar a acuerdos de cooperación judicial, a celebrar en términos de reciprocidad, y basados en el reconocimiento mutuo de las resoluciones, a fin de ejecutar fuera de Cataluña las sentencias ordenadas por órganos catalanes, y ejecutar en Cataluña sentencias ordenadas por órganos españoles.

13 ¿Se protegería más el catalán en la justicia?

Para ello habría que introducir en la ley provisional un conocimiento adecuado y suficiente tanto del catalán como del castellano, que debería ser un requisito y no un simple mérito para acceder a la carrera judicial. Eso sí, se podría establecer un régimen transitorio para el personal que ya trabaja en ella.

14 ¿Cómo se gobernaría el sistema judicial en su conjunto?

Esto lo debería definir la futura constitución catalana, pero en el período transitorio no se debería copiar el modelo vigente, creando un órgano similar al Consejo General del Poder Judicial, para no condicionar la solución definitiva. Se propone que el gobierno del poder judicial lo asuma provisionalmente la propia Generalitat y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. La consejería, además, debería asumir todas las funciones que hace el ministerio español.

15 ¿Qué gastos adicionales debería afrontar un Estado catalán?

Para calcularlo, lo más sencillo es remitirse a las últimas balanzas fiscales publicadas, en este caso las de los 2011, teniendo presente que el nuevo Estado no sería necesario que repitiera exactamente la misma estructura. En todo caso, si Cataluña hubiera sido un Estado, en 2011 se habría tenido que gastar 39.500 millones de euros más, que de ellos tres cuartas partes corresponden a la Seguridad Social. Habría que añadir el gasto proporcional en transferencias a los ayuntamientos, el pago de los intereses de la deuda o el gasto en defensa.

16 ¿Qué ingresos adicionales tendría Cataluña?

Análogamente, haciendo los cálculos de los ingresos adicionales que recibiría la Generalitat -contando, así, el mismo sistema y presión fiscal actuales dentro del Estado español-, Cataluña habría recibido 45.300 millones extras en 2011, de los cuales un 55% habrían sido cotizaciones de la Seguridad Social.

17 ¿Cuál sería, pues, la ganancia fiscal de Cataluña?

Haciendo la simple resta, pues, la ganancia fiscal neta de entrada habría sido de 5.800 millones, aunque conviene sumar la parte de la amortización de la deuda española que Cataluña habría dejado de asumir si fuera independiente, ya que no le corresponde. La cifra sería de unos 7.200 millones, con lo que la ganancia habría ascendido a 13.000 millones. Eso sí, de esta cantidad también habría que restar la cantidad con la que Cataluña debería contribuir a organizaciones internacionales como la UE, que asciende a unos 1.400 millones, con lo cual la ganancia se reduciría a unos 11.600 millones. Con este nuevo escenario, el presupuesto de la Generalitat de los últimos años habría tenido superávit.

18 ¿Qué impacto podría tener esta ganancia?

Los recursos se podrían destinar a aumentar el gasto público o bajar impuestos, lo que tendría un efecto multiplicador en el consumo y la inversión. La creación de nuevas estructuras de Estado también tendría efectos positivos sobre el empleo, también de alta cualificación. Poder diseñar políticas económicas más adecuadas al país también supondría un gran beneficio intangible.

19 Esto está muy bien, ¿pero no sería muy elevado el coste de la transición?

Si la independencia llegara de acuerdo con el Estado español, la financiación de la Generalitat no debería suponer ningún problema, ya que las nuevas competencias se podrían financiar con los recursos obtenidos por el Estado español en Cataluña, que se traspasarían al nuevo Estado catalán. En caso de una situación de beligerancia, y contando con que los primeros meses la administración tributaria tampoco habrá alcanzado el pleno rendimiento, habrá que buscar financiación para la suma de entre 4.500 y 5.000 millones de euros mensuales que se estiman necesarios para pagar los salarios de los funcionarios, las pensiones, las prestaciones de desempleo y los gastos corrientes del nuevo Estado. Las fuentes de financiación, en este caso, siempre de manera transitoria, podrían ser las entidades financieras, catalanas o extranjeras, la emisión de deuda pública por parte del nuevo banco central de Cataluña, la emisión de bonos ciudadanos o, incluso, la emisión de bonos canjeables por impuestos.

20 ¿Ya se han tenido en cuenta los efectos de un posible boicot comercial?

Sí. Los informes que ha emitido el Ministerio de Exteriores son catastrofistas e irreales, y no resisten la comparación con precedentes internacionales. Es cierto que las relaciones comerciales podrían experimentar un retroceso, porque un boicot selectivo y simbólico, de corta duración, es probable, y esto obligaría a acelerar la diversificación de exportaciones. Eso sí, los efectos serán más intensos en productos finales o de consumo que en los intermedios o de capital, que suponen dos tercios de las exportaciones al resto del Estado. La hipotética pérdida del producto interior bruto (PIB) catalán a corto plazo sería en el entorno del 1%, y muy difícilmente superaría el 2%. Durante la transición se podrían dictar medidas para favorecer a los sectores más afectados en la mejora de acceso a nuevos mercados.

 

Encajar Cataluña en el mundo

La seguridad y la defensa, en veinte respuestas sobre el proceso a partir de los últimos ocho informes emitidos por CATN

También cuestiones referentes a la esfera internacional

16/08/14 02:00

OSCAR PALAU

La aceptación y el ingreso en la comunidad internacional, y la seguridad y la defensa, a partir de los últimos ocho informes del Consejo Asesor para la Transición Nacional, centran las veinte respuestas de hoy. Mañana, diez más sobre la Seguridad Social.

21 ¿Es legal la secesión unilateral en el derecho internacional?

No sería ilegal: no está prohibida, aunque contradiga el derecho interno del estado matriz, pero tampoco está prevista. En la práctica, la comunidad internacional no ha condenado la mayoría de los casos, y suele juzgar caso por caso, según criterios pragmáticos y jurídicopolíticos.

22 ¿Qué debe hacer Cataluña para que la reconozcan?

Haciendo caso de los criterios generales fijados por la UE en 1991, Cataluña debe poder exhibir una mayoría de población que apoya la independencia, un territorio definido y una autoridad legítima. También debería buscar, antes de proclamar la independencia, algunos valedores que apoyaran el reconocimiento, y fijar una estrategia para irlo consiguiendo después, destacando los valores añadidos y las ventajas comparativas que puede aportar a la comunidad internacional. Eso sí, el proceso es lento y progresivo, y hay que evitar las demandas prematuras de reconocimiento.

23 ¿Asumiría los tratados internacionales firmados por España?

No necesariamente. Podría fijar el principio general de continuidad de las obligaciones, pero se recomienda hacer un análisis caso por caso para ir ratificándolos o no, ya que hay miles. Son de especial relevancia los que tratan la protección de los derechos humanos, el derecho internacional privado y la materia económica y fiscal. La primera medida del nuevo Estado debería ser una cláusula formal de recepción del derecho internacional en la nueva constitución.

24 ¿Catalunya entraría en la ONU?

No debería pedir el ingreso de manera precipitada, antes de asegurarse algunos reconocimientos y con unas mínimas relaciones con España. Para entrar, es necesario el voto a favor de al menos nueve miembros del Consejo de Seguridad, y ninguno en contra de los cinco permanentes, y luego la aprobación de dos terceras partes de la asamblea general. Entretanto, se puede acceder con un acto unilateral en muchos organismos especializados de la ONU.

25 ¿Y todo el resto de organismos internacionales?

Pertenecer a ellos es imprescindible para el reconocimiento efectivo. De todos modos, hay miles, y no se puede entrar a todos de una vez: habría que empezar por los que no tienen opción de veto y un alto valor simbólico, como el Consejo de Europa (al que se puede acceder incluso con el estatus de invitado especial), estableciendo etapas y concertándolos con los actores privados. Se recomienda iniciar el proceso con organismos como la Unesco o la Organización Mundial de la Salud, aunque el FMI y el Banco Mundial también son clave, y dejar para el final las peticiones en que no haya suficiente consenso político, como la OCDE. Hay que tener en cuenta, además, que la suma de cuotas en una fase avanzada de la integración puede superar los 50 millones de euros, y los cientos cuando se entre en las instituciones financieras.

26 ¿Habrá que crear organismos para seguir en la UE?

Habrá que hacer adaptaciones en casi todos los ámbitos. La Generalitat ya tiene algunas estructuras administrativas para aplicar el derecho comunitario, y otras se deberán crear. Por ejemplo, una autoridad de aduanas para controlar el comercio exterior, un servicio de control fronterizo y uno de administración de inmigración.

27 ¿Hay suficiente con esto?

El derecho comunitario también exige autoridades nacionales que velen por la libre competencia y la regulación de ciertos servicios, como la energía, las telecomunicaciones y los transportes, y el nuevo Estado catalán las debería de tener, incluso fuera de la UE. En la transición, en el primer caso se podría hacer cargo la Autoridad Catalana de la Competencia; en el segundo, algunas estructuras de la Generalitat. Siempre, eso sí, con un esfuerzo presupuestario limitado. Para la seguridad y la gestión de los residuos nucleares habría que crear un consejo provisional.

28 ¿Y la política económica y financiera?

Habría que crear un Banco Central de Cataluña al que se atribuyan las funciones previstas en los tratados europeos. El control financiero debería llevar un nuevo sistema interno, a partir de la normativa española y con un sistema de auditorías externas.

29 La aportación a hacer a la UE, ¿cómo se paga?

Los Estados miembros aportan recursos propios al presupuesto de la UE, que básicamente deben proceder de las aduanas y del IVA. Todos deben tener una estructura administrativa suficiente para el cálculo, la recaudación, el pago y el control tributarios. La Agencia Tributaria de Cataluña, así, se debería adaptar, especialmente para el IVA.

30 ¿Cuál debería ser la política de seguridad de Cataluña?

De entrada, la seguridad interna debería ir vinculada a las políticas de defensa y fomento de la paz, también íntimamente ligadas a la política exterior. Para fijarla, se debería elaborar una estrategia de seguridad que estableciera los valores y elementos a proteger, que identificara y valorara los riesgos y amenazas, y que determinara instrumentos y prioridades de actuación para luchar. Todo ello, partiendo de las estrategias de seguridad de la UE y de la OTAN. También habría que pedir el ingreso en la Interpol.

31 ¿A qué peligros se vería expuesto el nuevo Estado?

Muy similares a los del resto de estados occidentales: delincuencia organizada y narcotráfico, terrorismo, ciberseguridad, falsificaciones, seguridad energética, protección de infraestructuras críticas y cambio climático. De hecho, cada vez es más difusa la distinción entre peligros internos y externos. No se encuentra que haya amenazas territoriales militares de los vecinos.

32 ¿No es válido ya el modelo actual de protección civil y seguridad?

Sí, los 28.000 policías y 18.000 efectivos para la gestión de emergencias que forman el sistema propio catalán mantendrían sus tareas actuales, si bien se deberían coordinar aún más, y reforzar las tareas de dirección y coordinación, reformando la Junta de Seguridad de Cataluña. Pero hay que tener presente que hay elementos de la seguridad interna y de la internacional que habría que cubrir, y por tanto reforzar efectivos, con un coste presupuestario significativo. Ahora hay unos 7.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, por ejemplo, con competencias en terrorismo, narcotráfico, inmigración, delincuencia transnacional, control de armas, medio ambiente e inteligencia, entre otros.

33 ¿Qué funciones habría que priorizar?

De entrada, lo que sería imprescindible es la puesta en marcha de un servicio propio de inteligencia, con asesoramiento internacional, porque es el núcleo duro de la seguridad interna y la internacional. Además, habría que asegurar el control de fronteras (terrestres, marítimas y aéreas) y aduanas, el control de las infraestructuras críticas, la ciberseguridad y la lucha contra el terrorismo.

34 ¿A través de qué herramientas se haría?

Los Mossos deberían reforzar, y crear unidades de terrorismo y narcotráfico, control de fronteras, registro de identidad, inmigración, control de armas, protección del medio ambiente y ciberseguridad. Se deberían coordinar con el futuro servicio de inteligencia y establecer convenios de colaboración también con agencias especializadas de los países occidentales. El caso más complicado es el del control del espacio aéreo, si no se dispone de equipamiento específico de entrada. En paralelo, se debería elaborar un nuevo plan de protección civil y emergencias, y crear una unidad operativa para emergencias complejas.

35 ¿Qué pasa si España no colabora?

Incluso en este escenario debería haber un mínimo de coordinación y traspaso de información en temas relevantes que podrían poner en peligro los dos estados, tales como terrorismo, ciberseguridad y delincuencia internacional. Es cierto que podría haber fricciones y falta de coordinación en otros casos, sobre todo en cuanto al traspaso de registros, bases de datos, archivos y otros equipamientos de seguridad. En todo caso, las dificultades derivadas de la incertidumbre sobre el grado de colaboración con España obligan a implementar más rápidamente muchas decisiones.

36 ¿Catalunya se integraría en la OTAN y otros organismos internacionales?

En la OTAN, no se debería tomar la decisión de adherirse o no en un primer momento, pero sí se podría pedir la participación en su Asociación para la Paz. De entrada, sí que se debería manifestar formalmente la voluntad de mantener relaciones estrechas con Estados Unidos, y fomentar las relaciones transatlánticas. A pesar de la dificultad de la adhesión, ya que requiere unanimidad, también habría que manifestar el interés por estar en la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), importante en temas de mediación y protección de los derechos humanos. En cuanto a los organismos europeos, la pertenencia a la UE implicaría la participación automática en instrumentos tales como la Política Común de Seguridad y Defensa y parte de la política exterior.

37 ¿Cataluña tendría ejército?

La decisión no debería tomarse durante el período de transición, pero tampoco se podría demorar mucho, se debería pensar pronto. En todo caso, hay que recordar que las funciones tradicionales de los ejércitos de control y defensa del territorio han cambiado. Hoy hay una tendencia en los países occidentales a la reducción y profesionalización de efectivos, y a su focalización en unidades de intervención rápida, así como un claro descenso del gasto militar y armamentística de los estados.

38 ¿Y si se opta por no tener?

Si al final optara por no crear ningún ejército, se podrían ampliar las funciones de los Mossos, con una militarización parcial del cuerpo, y la creación de una guardia nacional autónoma, con funciones de seguridad y de gestión de emergencias, coordinada con los otros cuerpos de seguridad.

39 ¿Y si se opta por tener un ejército propio?

Habría la oportunidad de crearlo de cero y, por tanto, ya adaptado a las necesidades del siglo XXI, lo que admitiría toda una serie de variantes. En cualquier caso, después habría que entrar en decisiones de contingentes, mando, procesos de selección, equipamiento y eventual admisión de foráneos.

40 ¿Y no se harán políticas de fomento de la paz?

Así lo prevé la Carta de las Naciones Unidas, aunque los modelos son diversos. En todo caso, habría que tener efectivos y equipamiento preparado para actuar en operaciones de paz bajo el mandato de la ONU, lo que se podría vincular a los recursos en política de defensa. Si se dispusiera de ejército, podría haber unidades específicas, si bien hay que tener presente el alto costo por la necesidad de equipamiento, el servicio y la formación de los efectivos. También se podría optar por el modelo suizo, que da apoyo logístico a operaciones de paz sin enviar nunca civiles ni militares sobre el terreno.

 

Objetivo: garantizar las prestaciones

El CTN recomienda crear una agencia catalana de la seguridad social, que tendrá que gestionar, desde el minuto cero, el fundamento del estado del bienestar

17/08/14 02:00            –

ANNA BALLBONA

Cómo se organizarán las prestaciones de la Seguridad Social en una eventual Cataluña independiente es de los enigmas más reiterados que genera entre los ciudadanos el proceso soberanista. El informe monográfico del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) en esta materia aporta respuestas hasta donde puede llegar, y atendiendo, también, a las cifras económicas de las últimas décadas. Eso sí, pone las bases de los pasos que se deben dar desde el minuto cero hacia una Cataluña independiente.

El informe La Seguridad Social catalana ofrece datos y argumentos sobre cómo se podrán pagar y organizar las diferentes prestaciones sociales y cómo se podrá articular un sistema catalán que sea sostenible. Ahora bien, algunas de las soluciones dependerán de si la salida de España es pactada o, por el contrario, con dificultades.

41 Cómo se ha de organizar la Seguridad Social en una Cataluña independiente?

A través de un ente, que sería la agencia catalana de la seguridad social, que se habría que crear lo antes posible. Al principio, se le deberían atribuir «las competencias sobre las prestaciones de protección social propias o transferidas por el Estado que ahora gestionan varios departamentos de la Generalitat, como Bienestar y Familia, Empresa y Empleo, y Salud. Al contrario de lo que se pueda pensar, según el informe, «la implantación de un sistema de seguridad social, con las magnitudes personales, técnicas y económicas que supone, se puede hacer bastante rápidamente.»

42 ¿Qué debería hacer la agencia catalana de la seguridad social?

Debería ser el marco estable de planificación, coordinación, participación y rendición de cuentas del sistema catalán de protección social. Debería recaudar los recursos económicos para mantener el sistema de seguridad social y pagar las pensiones y demás prestaciones. También diseñará cómo hacer sostenible el sistema y gestionará el fondo de reservas y de inversiones. Para ello, «podría hacer uso de las técnicas de gestión indirecta del servicio público, siempre que ello no disminuya su transparencia». El informe propone que la agencia dependa del Parlamento. Además, detalla las circunstancias para el cobro de cada una de las pensiones (pensiones contributivas ya reconocidas, pensiones no contributivas, pensiones a reconocer a quien ha trabajado siempre o casi en Cataluña, pensiones a reconocer a quien ha trabajado un tiempo en Cataluña y otro tiempo en otro país -España incluido-, prestaciones de corta duración y prestaciones en especie).

43 ¿Cuánta gente trabajaría en el sistema catalán de seguridad social?

La plantilla al servicio de la seguridad social catalana sería de unas 4.000 personas. El informe llega a cuantificar el gasto de personal, que quedaría cerca de los 130 millones de euros anuales y tendría cerca de 200 oficinas.

44 ¿Puede haber un corte en el cobro de las pensiones?

«La primera etapa de la constitución del nuevo Estado» debe estar regida por el principio de continuidad. Los ciudadanos deben tener garantizada «la percepción de las pensiones y otras prestaciones de la seguridad social que tengan reconocidas en las mismas condiciones que hasta ahora, sea cual sea el escenario en que se desarrolle el proceso de independencia». Y añade dos objetivos más que hay que garantizar: «que los ciudadanos tengan la certeza de que podrán acceder en el futuro a prestaciones de la seguridad social de la misma calidad, como mínimo», que hasta ahora; y que los ciudadanos de otras nacionalidades que hayan trabajado por un tiempo en Cataluña o que quieran hacerlo en el futuro, sepan que serán tratados «igual que ahora» en cuanto a los derechos en esta materia.

45 ¿Con qué saldo de la seguridad social llegaría Cataluña a la independencia?

El saldo que presenta Cataluña en este ámbito (ingresos menos gastos, la madre del cordero del sistema) es bastante diferente al del resto del Estado español. Hay que tener en cuenta que en Cataluña la Seguridad Social tuvo siempre superávit desde 1997 hasta 2008, mientras que en el resto del Estado los superávits existieron sólo entre los años 2003 y 2007, y, a pesar de eso, fueron de cantidades notablemente inferiores. Los periodos en que Cataluña ha tenido déficit (1995/1996 y 2009/2010), éste ha sido bastante más bajo que el del resto del Estado.

46 ¿Cuál es la distancia de saldo entre Cataluña y el resto del Estado?

Las cifras de 2010, un año en que el déficit de la Seguridad Social se siguió ampliando debido al aumento del paro, sirven un buen ejemplo de esta distancia. En el resto del Estado los gastos superaron a los ingresos en un 25% (el déficit se situó en 26.317 millones de euros), mientras que en Cataluña sólo los gastos tan «sólo» superaron los ingresos en un 8,6% (el déficit acabaría resultando de 2.142 millones de euros).

47 ¿Cómo se asumirá el déficit en caso de independencia pactada?

Si el proceso de independencia es pactado, lo que permitiría un hipotético reparto de activos y pasivos, una parte del fondo de reserva se debería traspasar al nuevo Estado catalán. Aquí el informe lo que hace es dibujar varios posibles escenarios. «La proporción que correspondería a Cataluña dependerá de la negociación», indica el estudio, que apunta que sería más correcto hacer: «atribuir a Cataluña la parte del fondo de reserva que se dotó con los superávit de la Seguridad Social en Cataluña». Esta sería una cantidad considerable, porque «en los años de expansión» los superávit más grandes que se produjeron en el Estado fueron en Cataluña.

48 Si la independencia no es pactada, ¿cómo se gestionará el déficit?

Tanto si no hay acuerdo para la independencia como si la negociación del reparto de activos y pasivos se alarga en el tiempo, «el nuevo Estado catalán podría cubrir el déficit con los presupuestos ordinarios de su hacienda». Con ello, el informe lanza una hipótesis que toma de muestra el periodo 2006-2011: si en este lapso de tiempo Cataluña hubiera sido independiente y hubiera cubierto los gastos propios de un Estado, le habrían quedado unos ingresos adicionales anuales de 11.198 millones euros de media. Con esta cifra «no habría ningún problema» para asumir el déficit.

49 ¿Qué información necesita Cataluña para poder pagar las pensiones?

Para poder pagar inmediatamente a los pensionistas contributivos que hay en Cataluña -son más de 1,2 millones de personas «es necesario disponer de información de todas ellas». Esto incluye los importes reconocidos a pagar, pero también todos los elementos relevantes de su concesión (para poder recalcular la pensión en caso de una suspensión temporal o para verificar la pertinencia de los derechos derivados, como los complementos mínimos o la asistencia sanitaria) .

50 ¿Se ha pensado en el problema del envejecimiento de la población?

El informe le dedica un apartado entero, en la medida que el envejecimiento de la población es un escollo para la sostenibilidad del sistema. Aporta pros y contras técnicos sobre cómo se ha afrontado el problema, con las sucesivas reformas en España y en el resto de Europa.