La decisión del president Puigdemont de someterse a una cuestión de confianza ha sido una jugada inteligente que permite reflexionar de nuevo sobre los objetivos, alianzas y estrategias que le convienen al país. Paradójicamente, el llamado “proceso político” no se ha reforzado después de las elecciones del 27- S a pesar de disponer los independentistas de una mayoría absoluta en el Parlament. Se ha perdido tiempo. Sin embargo, el proceso no parece que se haya debilitado mucho. De lo que se trata, sin embargo, es de ganar el futuro, no de no retroceder.
En las últimas semanas algunos partidos políticos y entidades (ANC) han planteado la idea de hacer un referéndum unilateral de independencia ( RUI), en caso de que, como es muy probable, el Estado no permita un referéndum democrático del estilo de los que se han hecho en Canadá (1980, 1995) o más recientemente en el Reino Unido (2014).
Es una idea con vocación de ser importante. Otra cosa es si es una propuesta políticamente acertada. Ciertamente, referéndums de independencia unilaterales se han hecho bastantes y con éxito los últimos años, especialmente en los antiguos estados socialistas del este europeo, los cuales han propiciado nuevos estados independientes (los tres estados bálticos, Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina). Sin embargo, estos procesos no se produjeron en democracias liberales consolidadas y homologadas internacionalmente, sino en estados socialistas no democráticos.
En el caso de estados democráticos hablar de referéndums unilaterales lleva incorporadas dificultades de legitimación. La unilateralidad podría justificarse a través de las “teorías de la secesión de causa justa”. En este caso, la “causa” sería la falta de reconocimiento y acomodación política, económica y cultural de Catalunya como realidad nacional diferenciada, y la reiterada negativa estatal a una consulta pactada similar a las realizadas en Canadá y el Reino Unido. Pero además de las “causas”, también hay que analizar las consecuencias prácticas de un potencial referéndum unilateral. Una primera dificultad de un referéndum organizado desde las instituciones catalanas es su facticidad. Se entiende que se haría antes de cualquier proclamación de la independencia y, por lo tanto, dentro del marco de la legalidad española ( Constitución y Estatut de Autonomía). La situación sería muy parecida a la de la consulta del 9-N del 2014. Y aquí se plantean dos alternativas.
En primer lugar, el Estado tendría la posibilidad de impedir la realización del referéndum. El 2014 no lo hizo, cosa que significó un triunfo bastante espectacular del Govern de la Generalitat presidido por Artur Mas (y de la ANC), tanto en el ámbito del país como internacional. Pero probablemente el gobierno central de turno decidiría que no le convendría jugar una segunda parte de aquel partido, a pesar de que siempre podría volver a utilizar la Fiscalía y las querellas como en el 9-N. Pero incluso en el caso improbable de que no se opusiera fácticamente y se limitara a desautorizar políticamente el referéndum –diciendo que “no sirve para nada” y aconsejando a los no independentistas, junto con los partidos unionistas, no hacer caso de la convocatoria– previsiblemente la participación sería baja (entre el 30% y el 40%), lo que hipotecaría la función legitimadora del referéndum, especialmente en el ámbito internacional.
Adicionalmente habría aspectos polémicos parecidos a los de la consulta del 9-N. Por ejemplo, ¿qué censo? (registro de catalanes en el extranjero, edad de voto, residentes no ciudadanos), ¿qué junta electoral? (un órgano inexistente al no haberse aprobado aún (!) una ley electoral propia), ¿los funcionarios desempeñarían algún papel o se volvería a los voluntarios? Es fácil desautorizar el procedimiento si no hay garantías formales incontestables. Son aspectos que se podrían regular pero todo indica que de modo precario.
Hacer un referéndum sobre la independencia es una postura muy mayoritaria en Catalunya (sobre el 75%), pero se entiende un referéndum a la escocesa, no unilateral. Si la versión escocesa no se puede hacer, creo que se tiene que pensar y actuar desde otras perspectivas, más allá de proponer un referéndum procedimentalmente precario y de resultados políticamente inútiles.
El momento actual invita a reanudar lógicas más fructíferas que la mostrada por los independentistas en los últimos nueve meses. Me refiero a reanudar con una clara voluntad de ampliación social la hoja de ruta basada en los informes del CATN: internacionalización, estructuras de Estado, apertura de un proceso constituyente de carácter civil rehaciendo el consenso de los partidos, preparación de las leyes de transitoriedad jurídica y del proceso constituyente por el gobierno, disposición siempre abierta a un (muy improbable) referéndum acordado con el Estado y, llegado el momento, proceder a una proclamación de independencia y a un referéndum bajo amparo internacional tras el inevitable enfrentamiento institucional con el Estado. ¡Por favor, no perdamos más el tiempo con propuestas caseras de cortos vuelos!
LA VANGUARDIA
