De la batalla al decreto

Un día de finales de primavera o principios de verano, hace más de diez años, en esta página misma, yo recordaba que, diez años antes, ya había tenido que escribir las mismas cosas, repitiendo, haciendo memoria, pasan años y décadas, y la memoria no vuelve con la eficacia que debería. Recordaba, pues, que dos meses después de la batalla, con el decreto mal conocido como «de Nueva Planta», el buen rey Felipe V, abuelo de los Borbones de España felizmente reinantes durante más de tres siglos, redujo a nuestro país a la condición de vencido, conquistado, y condenado a la inexistencia. Recordaba que, desde la primavera y el verano de 1707 y durante casi todo el siglo XVIII, el Reino de Valencia fue gobernado militarmente en todos los órganos y niveles de la justicia, las finanzas y la administración: desde el capitán general como autoridad absoluta del reino convertido en «provincia», hasta los ‘corregidores’ que controlaban directamente los municipios. «Porque este territorio por muchos años necesita de que los que mandaren las gobernaciones sean hombres de guerra», como decía un informe oficial años después de la conquista castellana. Según algunos historiadores, parece que esto era el progreso, porque antes de Felipe V aquí teníamos leyes y administración poco avanzadas, es decir, poco militares y poco centralizadas. Así, en virtud de dos principios modernísimos – «el dominio absoluto de los referidos reinos» que tiene el monarca, o sea el absolutismo radical llevado al extremo más perfecto, y «el justo derecho de conquista que de ellos han hecho últimamente mis armas», es decir, la pura y simple fuerza militar, el buen rey Felipe borraba un país (¿sabremos volver a ponerlo en el mapa?), declaraba su muerte política, su inexistencia (más inexistente todavía que la «Comunidad» que ahora lo sustituye), y como aplicación de los principios tan modernos que hemos apuntado decidía: «He juzgado por conveniente, así por esto, como por mi deseo de reducir todos los Reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla, tan loables y plausibles en todo el universo, abolir y derogar enteramente como desde luego doy por abolidos y derogados todos los referidos fueros, privilegios, prácticas y costumbres hasta aquí observadas en los referidos reinos de Aragón y Valencia; siendo mi voluntad que éstos se reduzcan a las leyes de Castilla y al uso, práctica y forma de gobierno que se tiene y ha tenido en sus tribunales, sin diferencia alguna en nada».

No sé si las leyes de Castilla eran tan loables, y tan aplaudidas por el universo entero, pero es difícil encontrar, en la historia de Europa, un caso tan riguroso de genocidio político, de absorción institucional tan radical, fulminante y completa de un país por otro.

Esto no lo hicieron ni los zares rusos en Polonia, ni los sultanes turcos en Bulgaria o Grecia. no les dijeron nunca: «Ya no sois polacos, o búlgaros y griegos, a partir de ahora sólo sois rusos o turcos, sin diferencia en nada, vuestras leyes desaparecen sin rastro y hasta el último detalle, sólo valen nuestras leyes y nuestros usos y costumbres, los vuestros quedan anulados, no son nada». Esto nos dijeron a nosotros, firmado en el Buen Retiro el 29 de junio de 1707 y, por los efectos, a menudo es como si nos lo continuaran diciendo cada día: los efectos, y por la ideología profunda de los políticos que nos han gobernado y nos gobiernan, y de algunos (o muchos) de los que nos quisieran gobernar. Ya sé que hablar de todo esto dicen que está muy pasado de moda, que los valencianos no debemos ser «nacionalistas» ni pensar tanto (?) en el pasado, que hay que mirar sólo las cosas prácticas, presentes. Querrá decir que ser moderno es vivir sin memoria y, para los valencianos, hacer como si no hubiera existido nunca aquel decreto fundacional de la España unida, la España patria, la España Estado, esa reducción expresa a «la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales». Parece que este próximo 29 de junio habrá, en el Palau de la Generalitat, un acto más o menos solemne de recuperación de memoria, y de exigencia de un retorno (mínimo, en todo caso, adecuado a los tiempos modernos) de algunas de aquellas leyes, usos o costumbres que no eran castellanos y por tanto no tan «plausibles en todo el universo», pero eran nuestros. De momento, yo recomendaría a nuestras dignas y nuevas autoridades que imprimieran, en buen papel, copias ampliadas de aquel Decreto del 29 de junio, les pusieron un marco, las colgaron en los despachos oficiales, y las volvieran a leer cada día. Quién sabe si les vendría alguna idea interesante a la cabeza.

EL TEMPS