Daniel de Alfonso Laso nació en Madrid en 1964. Ese año España ganó su primera Eurocopa y José Luis Sáenz de Heredia estrenó Franco, ese hombre. Al final del documental, el dictador recomienda a los españoles que no se dejen vencer por la vida y que mantengan siempre el orgullo de haber contribuido al renacimiento de la patria, «porque ser español vuelve a ser una cosa seria en el mundo»
Antes de alzarse de la silla y de perderse por los pasillos del Pardo caminando como un príncipe otomano, el dictador todavía dice: «Los españoles, cuando llegan a conocerse, se estiman y se quieren. Por eso hay que intensificar las relacionas humanas entre ellos destruyendo barreras y elevando y uniendo a las clases. Lo demás viene por añadidura. Así lo demuestran estos 25 años de paz».
De Alfonso es hijo de esta mentalidad y así lo dan a entender las conversaciones con Fernández Díaz («considérame cabo de tu cuerpo nacional», etcétera). El exdirector de la Oficina Antifrau estudió Derecho en el Colegio Mayor San Pablo de Madrid, un centro del catolicismo español de toda la vida. Esta institución, que se convirtió en universidad privada en 1993, tiene fama de fabricar dirigentes estatales, tanto burocràticos como políticos. En sus aulas se han formado figuras como Mayor Oreja, Cristóbal Montoro, Alberto Ruíz-Gallardón o Dolores de Cospedal.
De Alfonso llegó a juez en 1989 y fue destinado a la séptima sección de la Audiència de Barcelona. O bien era poco brillante o bien era un hombre de carrera apalancada, porque se quedó dos décadas en el mismo puesto. Cuando fue nombrado director de la Oficina Antifrau, en 2011, no había trabajado en temas de corrupción nunca en la vida. Como profesional estaba a años luz de su predecesor, Martínez Madero. Muerto repentinamente, y en circunstancias poco investigadas, Madero tenía fama de ser un juez implacable y se había destacado en la lucha contra las mafias rusas y de la Europa del este. A De Alfonso sólo se le conocía por el caso Maremágnum, un juicio que condenó dos porteros de discoteca por la muerte de un joven ecuatoriano.
En la sesión parlamentaria que nombró De Alfonso, sólo Solidaritat votó en contra. ERC e ICV se abstuvieron mientras que el PP, PSC, Ciudadanos y CiU votaron a favor. López Tena consideró que el asunto no se podía resolver como un trámite y pidió una intervención extraordinaria, que fue concedida con desgana por la presidenta de la Cámara, Núria de Gispert. El entonces diputado de Solidaritat explicó que el currículum del magistrado no era el adecuado para el cargo. Su perfil españolista –advirtió– no prometía la imparcialidad deseable. También avisó de que uno de sus colaboradores, Carlos Quílez, estaba imputado por delito de soborno y corrupción en un caso de narcotráfico –un criminal le había regalado una moto de gran cilindrada–.
Cuando De Alfonso entró en la Oficina Antifrau, la institución estaba dirigida por jefes de área próximos al PSC. Además, había sido desvirtuada legalmente, con una serie de normativas aprobadas por el Parlament que le restaban la independencia original, diseñada por el Tripartito. Cuando De Alfonso nombró sus colaboradores, enseguida trascendió que su adjunta, Maite Masià, aparecía en la investigación del caso de la ITV, en el cual también está Oriol Pujol. Durante su presidencia, De Alfonso ha viajado mucho y ha cobrado 135.000 euros anuales, un salario bastante superior al de cualquier ministro. En cinco años ha conseguido no levantar ningún caso de corrupción.
Aunque Mas se ha hecho responsable de su nombramiento, parece que fue propuesto por Sánchez-Camacho y por Manel Silva, que es miembro del Consejo de Estado y autor de la rocambolesca pregunta sobre la independencia que rompió Unió. De Alfonso no es el único alto cargo asociado al españolismo que trabaja en el entramado administrativo que depende de la Generalitat. Como la función publica no fue creada sobre la base de generar unos cuerpos catalanes de calidad, cuando un cargo no se puede cubrir a dedo es fácil justificar el fichaje de un españolista que sirva para boicotear o para compensar la política del gobierno.
En general, estos fichajes tienen varias funciones. Por una parte, sirven para alertar al Estado de que el pacto de la Transición entre el Rey y Jordi Pujol continúa vigente, y que la gesticulación política no tendrá una traducción en el equilibrio de poderes por más que se caliente; por la otra parte, ayudan a colocar en Catalunya, a españoles mediocres que no han podido prosperar en el escalafón estatal. Además, y muy importantes, sirven para que una buena parte del soberanismo oficial pueda ver cumplida su profecía según la cual la independencia es imposible. Como actividades tan sensibles como la diplomacia, la hacienda y la judicatura dependen a menudo de especialistas que no tienen ningún interés en la libertad de Catalunya, o que son visceralmente hostiles a ella, estos cargos son una especie de freno de mano natural.
El extraño nombramiento de De Alfonso responde a esta lógica diabólica. Igual que de otros nombramientos recientes adscritos a las estructuras de Estado, De Alfonso se benefició de un sistema que ayuda a los políticos catalanes a creer sin remordimientos que la independencia es casi imposible y que el pueblo –pobrecito– no lo sabe, y hay que distraerlo para que no haya problemas. A veces, la presión colapsa el sistema. Entonces hay que ofrecer al público alguna cabeza, para que la indignación popular se desahogue en la dirección conveniente a la preservación del sistema. El caso Pujol, que ha puesto de manifiesto el entramado de negocios que los teóricos protectores de Catalunya tenían con los teóricos agresores, ha sido un ejemplo. La abdicación del rey Juan Carlos otra. Y la imputación de Mas, que no pudo evitar poner las urnas y cayó en la tentación de mezclar a la Generalitat, es fruto de la misma lógica.
Ahora el papelote le ha tocado De Alfonso, que no debe entender nada porque ha sido educado para ver España casi igual a como la veía Franco. Atrapado por unas conversaciones obtenidas ilegalmente, el juez madrileño se presentó a una comisión del Parlament, antes de ser cesado. Con el honor herido, trató de hipócritas a los diputados que lo interrogaban. De Alfonso recordó que cualquier político quedaría destruido si se filtraran sus conversaciones privadas y que para alguna cosa el derecho a la intimidad es un derecho universal. En un momento de su intervención, intentando reivindicar su independencia, dejó caer que a él tanto se le da si Catalunya llega a tener o no un Estado. La afirmación contrastaba con el servilismo que las grabaciones muestran hacia el ministro del Interior. En las conversaciones con Fernández Díaz parece que quiera disculparse por trabajar para los catalanes e intente ganar puntos para futuras promociones. Curiosamente, ningún diputado le exigió que desarrollara esta contradicción, a pesar la cuestión era, en teoría, la más relevante para la mayoría de la càmara.
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