Entre la aritmética y la cabalística

Hoy España es ingobernable. Y lo será aún más mientras no cuente con los votos de los catalanes. Esta es, creo, la única conclusión segura de que el ciudadano español preocupado por la gobernabilidad de su país podía sacar después del 26-J -ya la debía haber sacada pasado el 20-D-, y aún más si, aparte de ser ciudadano, fuera un político honesto, valga el oxímoron. Pero es evidente que las cosas no han ido por ahí, y ya veremos si irán, por más que ahora el presidente en funciones del Gobierno diga que, esta vez sí, convocará a consultas incluso los grupos de Esquerra y Convergencia .

Fijémonos en lo que dice la aritmética de ahora, para no hacerlo largo: hay dos grandes acuerdos de investidura teóricos, el de PP y PSOE (que suma 222 escaños contundentes) y el más inviable de PSOE con podemos y Ciudadanos (que haría 188, 13 más que la mayoría). Cualquier otra combinación sólo será productiva si recibe el apoyo de nuestros partidos independentistas: la de las ‘derechas’ (incluso si el PP y Ciutadans se añadieran el PNV y los canarios) necesita los votos de Convergencia (para sumar entre 177 y 183 escaños); para la de las ‘izquierdas’, son necesarios los votos, además, por lo menos del PNV (178).

Es decir, que prácticamente sólo hay una combinación posible que haga mayoría prescindiendo de nuestros 17 diputados. Y esta, la alianza entre PP y PSOE, debe ser imaginable ante todo como una operación de salvación de su España frente a la reivindicación catalana. Que, no tan paradójicamente, por tanto, aún la exacerbaría: vaya, que quizás saldrían del fuego, pero caerían en las brasas de acelerar el proceso.

¿Qué salida tienen, pues, los aspirantes a presidir el gobierno español para dejar atrás el callejón sin salida? Ser investidos con los votos de Convergencia o de Esquerra o de ambos. Y pagar el precio. ¿Y cuál sería ese precio? El sentarse finalmente a hablar de las aspiraciones legítimas del pueblo catalán, expresadas muchas veces en nuestro parlamento. Esto es, negociar la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. Que sería, pues, legal, acordado, vinculante y todo lo que desee agregar.

Repetir este junio las elecciones de diciembre ha tenido una gran virtud: ha permitido a todo el que quiera tener los ojos abiertos el constatar que todos los caminos llevan a nuestro referéndum. Se pongan como se pongan. A eso llevaba la comparación escocesa, allí irán yendo las consecuencias del Brexit y, naturalmente, a ello se aboca cada vez más la gobernabilidad de las Españas. Que no volverán a ser singulares, por más que se pinten de azul la práctica totalidad de las provincias, mientras no cojan por los cuernos este toro de la unidad de la patria.

Esto dice la aritmética, estricta como es. Mirarlo de cualquier otro modo aleja al que lo haga de las frías matemáticas y le aboca a las fantasías cabalísticas. Lo que en España (donde dos más dos nunca suman cuatro, sino que suelen volverse sólo uno en los Países Catalanes y al menos cinco en buena parte de las comunidades autónomas de identidad rojigualda ) tampoco sería tan extraordinario.

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