Joan Majó afirmaba en el ARA el lunes 1 de agosto que, por un principio de solidaridad, es lógico que haya una cierta transferencia de recursos fiscales desde Cataluña hacia territorios menos ricos. Dejando de lado si el término correcto es lógico o si quizás quería decir justo o incluso necesario , se trata de una afirmación que suscita algunas preguntas. La primera de todas sería si siguiendo la misma lógica los territorios beneficiarios no deberían ser verdaderamente los menos ricos, todos ellos situados en otros continentes o, en el caso de Europa, en otras latitudes. La segunda sería averiguar si son verdaderamente los más ricos los que hacen las transferencias fiscales, lo que dependerá de la estructura impositiva: de si es más o menos progresiva o redistributiva. Y esto tiene una respuesta muy clara con respecto en el déficit fiscal catalán: no, no son los más ricos los que más contribuyen fiscalmente ni, en consecuencia, los emisores de las transferencias fiscales. En definitiva, en el caso del déficit fiscal catalán, ni va a parar a los territorios menos ricos ni las contribuciones son soportadas por los más ricos. Así como las pensiones las pagan los trabajadores en activo, como las transferencias fiscales las pagan los trabajadores en activo.
Más sangrante es aún la verificación del segundo elemento que cita Majó, que es el relativo a los objetivos. Aceptando que las transferencias fiscales deben contribuir a la reducción progresiva de las desigualdades, hay que reconocer el más absoluto fracaso de la política de cohesión española. En los más de cuarenta años que lleva funcionando, desde que se implantó con la Transición en sustitución del mecanismo de flujos migratorios propio del franquismo, las transferencias fiscales no han hecho disminuir casi nada las disparidades en generación de rentas, aunque hayan nivelado su distribución hasta el límite de invertir los términos: que tenga más quien menos genera, y viceversa. Y la cuestión no es el necesario respeto al principio de ordinalidad que Majó reclama y que estaba en el Estatuto que el TC se cargó; la cuestión es qué se hace -y no se ha hecho- con las transferencias fiscales para que se nivele la generación de rentas. De ahí el título de este artículo: siempre deberían servir para proveer de cañas para pescar y no para simplemente proveer de peces, ya que se crean dependencias perversas.
Disfrutar de enormes transferencias fiscales puede terminar siendo peor que tener que pagar. Para que las transferencias recibidas mantengan un nivel de demanda mayor del que habría en su ausencia y, en consecuencia, unos precios y salarios más altos; es decir, una competitividad por debajo de la que sería necesaria para cambiar la situación y generar suficientes puestos de trabajo. ¿De dónde sale, si no, el diferencial de paro de las regiones receptoras de transferencias, ya sea en tiempos de bonanza o cuando van mal? Cualquier redistribución de rentas o bien fomenta la igualdad de oportunidades o bien se convierte en un mecanismo que perpetúa y congela las diferencias. Como antaño la limosna a los pobres a la salida de la iglesia; peor aún, ya que aquella en ocasiones resolvía necesidades perentorias. Después de todo, esto es lo que las Susana Díaz españolas tienen que elegir: seguir distribuyendo limosnas a sus parroquias de votantes o bien devolver la dignidad a sus pueblos.
Como he escrito en otras ocasiones, se trata también de un debate europeo; por no decir del debate europeo por excelencia. De entrada, porque la política de cohesión europea ha sido un fracaso muy similar al español, con los principales beneficiarios de anteayer -Grecia, Portugal, Irlanda y España- convirtiéndose en los rescatados de ayer. ¿Porque los recursos fueron insuficientes o porque contribuyó a inflar una burbuja pública paralela a la privada? En el caso español sabemos que los despropósitos que se financiaron no contribuyeron ni una brizna a mejorar la competitividad; por lo tanto, todavía la empeoraron.
Hoy en día la política de cohesión europea, que gestiona menos del 0,5% del PIB europeo, se ha condicionado a planes operativos directamente orientados a mejorar la competitividad de los beneficiarios. Es más, actualmente hay en curso de aprobación en el Parlamento Europeo una iniciativa para condicionar las ayudas al equilibrio macroeconómico y no consentir, como se consintió, que las ayudas recibidas alimenten déficits comerciales y/o convivan con déficits públicos. Algo que cuenta con el apoyo de derechas e izquierdas de los países contribuyentes pero no con el de los países receptores; por lo tanto, algo que tiene muy poco que ver con el eje derecha/izquierda y mucho con la posición relativa de los países. Y algo que habrá que resolver antes de una integración fiscal, tanto para convencer a los contribuyentes como para construir un mecanismo que no genere las perversiones que aquí conocemos tan bien.
ARA
