El escritor Albert Sánchez Piñol ha respondido con contundencia las declaraciones de varios políticos de Juntos por el Sí que reclamaban movilizaciones populares contundentes en el caso de que el Tribunal Constitucional español inhabilitara la presidenta del Parlamento de Cataluña. Piñol dice que si eso pasa quien tiene la responsabilidad de responder ya no es la ciudadanía, sino los diputados que fueron elegidos el 27-S. Y que no hay que hacer movilizaciones, sino algo mucho más sencillo e importante: cumplir las resoluciones del parlamento que retiran la legitimidad al constitucional español y mantener a Carme Forcadell en la presidencia del parlamento.
Estoy completamente de acuerdo con Sánchez Piñol. Si el constitucional español inhabilita a Carme Forcadell, en ese mismo momento entraremos en el punto de no retorno del proceso de independencia. Y, por tanto, la posición que adopte el parlamento será decisiva: marcará la diferencia entre ir a por la creación de la república o renunciar a ello.
Si el constitucional español inhabilita a Carme Forcadell y el parlamento no hace caso de la sentencia y le permite continuar presidiendo las sesiones, estaremos ya en lo que técnicamente se conoce por ‘independencia de facto’. Y lo más importante es que no hay ninguna justificación para llegar a eso porque las declaraciones aprobadas por el Parlamento de Cataluña son muy claras. Sólo hace falta voluntad política. Decisión.
Es evidente que las consecuencias de una decisión como ésta serán trascendentales, definitivas. El Estado español entrará en una espiral de enfrentamiento que no puede servir para nada más que para acelerar los plazos del proceso de independencia. Es posible incluso que el PP y Ciudadanos abandonen el parlamento, porque lo considerarían a partir de entonces un parlamento ilegal. Esto ha ocurrido en casi todos los procesos de independencia y no debe dar ningún miedo. Al Estado español, así son las cosas, sólo le quedará la opción de conformarse y aceptar la realidad o la del golpe de estado para disolver la autonomía de Cataluña, y esto es muy obvio que llevaría a la proclamación inmediata de la independencia.
Nadie duda de que en esas circunstancias la movilización de los ciudadanos sería extraordinaria, en defensa de las instituciones. Y no es ésta, por tanto, ni la cuestión ni la pregunta. La pregunta es si nuestros diputados estarán dispuestos a asumir su responsabilidad histórica o no.
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