Cronología de los pasos pendientes: de la cuestión de confianza a la independencia

Exponemos y detallamos los pasos previstas en la hoja de ruta y las variantes sobre el calendario

La Diada ha marcado un año más el inicio del curso político en Cataluña. El independentismo ha medido su fuerza y, en cierto modo, su resiliencia. Si el año pasado el inicio de curso se centraba en las elecciones plebiscitarias del 27-S, este año capta la atención sobre todo la cuestión de confianza del presidente Carles Puigdemont, que se realizará los días 28 y 29. En un principio, servirá para definir el tramo final de la hoja de ruta hacia la independencia, un año después de las elecciones que configuraron un parlamento con mayoría independentista: 72 diputados de un total de 135.

El compromiso de los dieciocho meses de legislatura para llevar el país al umbral de la independencia se cumplirá en junio o en julio de 2017. Esto quiere decir que el curso que comienza ahora es el último antes de la independencia. A continuación exploramos el calendario del curso y del tramo final del desenlace, según la hoja de ruta aprobado en las elecciones del 27-S y las propuestas que se han hecho más adelante.

Cuestión de confianza

La primera cita del calendario independentista es el 28 de septiembre. Carles Puigdemont se someterá voluntariamente a una cuestión de confianza porque la CUP, en junio, impidió la tramitación parlamentaria del presupuesto de 2016. Esa decisión de la CUP puso en cuestión la solidez de la mayoría independentista a la hora de pilotar la transición hacia a la independencia. Según dijeron los miembros del gobierno, el presupuesto debía permitir avanzar en algunos aspectos de los preparativos de la independencia y financiar algunas estructuras de Estado previstas antes de la declaración de la independencia.

Con la cuestión de confianza, Puigdemont se quiere asegurar más estabilidad parlamentaria que la que ha tenido los primeros seis o siete meses de mandato. La CUP ha propuesto reconstruir la mayoría parlamentaria en torno al objetivo del referéndum unilateral de independencia (RUI). Puigdemont no ha dejado claro aún si asumirá esta propuesta como un objetivo del gobierno. Se espera que lo aclare en el debate de la cuestión de confianza. De momento, el presidente ha explicado que el gobierno volvería a ofrecer a España que se convocara un referéndum pactado antes de aprobarse las leyes de independencia. Será una especie de última oportunidad para el gobierno español antes de ‘tirar por la directa’.

Debate de política general

Si Puigdemont supera la cuestión de confianza con el apoyo de Juntos por el Sí y la CUP, el paso siguiente será el debate de política general que se hace cada año al comienzo del curso político. En cambio, si no la supera, Cataluña se encontrará abocada a unas nuevas elecciones. Entonces, el calendario independentista deberá rehacerse de arriba abajo y de nuevo y todas las previsiones y hojas de ruta serán letra muerta.

El debate de política general servirá para que cada partido marque posición y el gobierno defienda su actuación y las propuestas de los próximos meses. Si la cuestión de confianza no ha servido para precisar el camino hacia la independencia, este debate anual del parlamento puede ser un buen espacio para hacerlo. También será el momento para que la CUP exprese disconformidad en cuestiones de política económica y social del gobierno, después de haber ofrecido una fotografía de unidad pocos días antes.

Presupuesto del 2017

Una de las dudas que han centrado el diálogo político del verano es si el presupuesto de 2017 quedaría vinculado a la cuestión de confianza o no. El factor que motivó que Puigdemont se sometiera a la cuestión fue el rechazo del presupuesto de este año. El vicepresidente y responsable económico del gobierno, Oriol Junqueras, lo había indicado así. Habrá que ver como lo formula el presidente el día 28.

Sea como sea, el presupuesto deberá presentarse en tramitación parlamentaria a finales de octubre para que pueda ser aprobado antes de acabar el año. Y, pues, tendrá que negociar con la CUP durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. El objetivo del gobierno es presentar las cuentas con el apoyo de la CUP asegurado. Pero los precedentes y la complejidad de la negociación lo hacen improbable, según fuentes del ejecutivo.

Proceso constituyente abierto

En otoño también debe comenzar la fase del proceso constituyente abierto y participativo. La comisión parlamentaria que se ocupaba de definir los pasos de este proceso constituyente terminó el trabajo y las conclusiones fueron aprobadas por el parlamento a finales de julio. El presidente de la comisión, Lluís Llach, preveía que el Once de Septiembre fuera la fecha simbólica del arranque de un periodo constituyente abierto a la participación ciudadana. De momento, este despliegue participativo aún no se ha hecho. Queda supeditado a la cuestión de confianza y, por tanto, la fecha de arranque se sabrá cuando se haya superado.

Mientras tanto, la CUP ya ha anunciado que el 15 de octubre hará un acto para comenzar a redactar una ‘constitución popular para Cataluña’. El acto será en Barcelona y se esperan ‘miles y miles de personas’, con la intención de hacer un debate profundo sobre los diversos ámbitos de la gestión política, dicen los portavoces del partido. Según la CUP, será la preparación por parte de la izquierda independentista y de los movimientos populares del contenido del proceso constituyente que se hará.

Los últimos preparativos La aprobación del presupuesto de 2017 debe permitir financiar las estructuras de Estado con el que el gobierno quiere llegar al momento de la desconexión legal de España. La inauguración o la ampliación de agencias, organismos y comisiones de Estado se podrá hacer durante el primer semestre de 2017. Entre enero y mayo, el gobierno prevé acumular toda la fuerza necesaria para encarar el período incierto que se pueda abrir a partir de la aprobación de las leyes de desconexión.

Este reforzamiento de estructuras incluye la agencia tributaria, la policía, funcionarios de aduanas, organismos de control y supervisión financiera, seguridad social, etc. Paralelamente a la estructuración y consolidación de la administración catalana, será necesario avanzar en los trámites parlamentarios de los nuevos marcos normativos. La ley de la Agencia Catalana de Protección Social, el Código Tributario de Cataluña y la preparación de las leyes de desconexión exigen un período de tramitación y debate que no se puede descuidar si se han de aprobar en junio o julio del próximo año.

Estas dos cuestiones (fortalecimiento de las estructuras de estado y tramitación de leyes) correrán paralelas a la campaña gubernamental y cívica, en el ámbito internacional, para exigir una salida negociada y el reconocimiento de la independencia cuando sea el momento adecuado . La última oferta de Puigdemont en España de convocar un referéndum vinculante es determinante para la presión más o menos discreta de la comunidad internacional, especialmente la europea.

Desconexión

Después de dieciocho meses de la investidura de Carles Puigdemont, el parlamento debe aprobar las leyes de desconexión: hacienda propia, seguridad social y transitoriedad jurídica (o fundacional, en palabras de Carles Viver Pi-Sunyer). Esta última ley es una especie de ley de independencia que instituye una nueva legalidad catalana para el nuevo Estado. Algunos miembros del Consejo Asesor para la Transición Nacional han explicado que esta ley es la declaración de independencia de facto . Aprobarla implica la desconexión legal de España y, por consiguiente, la independencia.

A partir de ese momento, ningún tribunal de ámbito español ya no tendrá autoridad en Cataluña y los nuevos responsables de hacer cumplir la legalidad catalana serán los organismos que señale la ley de transitoriedad. También señalará qué leyes están vigentes y cuáles ya no se aplicarán en el territorio del Principado. Este será el momento más sensible del proceso hacia la independencia, porque comenzará un pulso de legitimidades y legalidades que habrá que resolver en el terreno democrático, diplomático y de la movilización popular.

La nueva pantalla democrática

En este momento es cuando la hoja de ruta vigente y la propuesta de hacer un referéndum defendida por la CUP toman caminos separados. Según la hoja de ruta votado en las elecciones del 27-S, tras la aprobación de las leyes se han de convocar unas elecciones constituyentes para elegir el parlamento que se ocupará de redactar una constitución para el nuevo Estado. Si se hace un referéndum antes de estas elecciones es una variación que se concretará pronto. En cualquier caso, las elecciones se harán previsiblemente en septiembre de 2017, mientras que el referéndum se podría hacer justo después de la aprobación de las leyes (junio o julio). Lo importante es que elecciones constituyentes y referéndum se harían ya en la nueva legalidad fijada por la ley de transitoriedad.

Aprobación de la constitución

Una vez hechas las elecciones constituyentes -si la situación derivada de la aprobación de las leyes lo permite-, comenzará el periodo constituyente de carácter institucional. Con las propuestas que se hayan formulado en la fase participativa del proceso constituyente, los diputados de los grupos deberán redactar la constitución del Estado catalán. La duración de este periodo constituyente no se ha fijado, pero debería terminar a principios de 2018 para poder hacer el referéndum constitucional sin adentrarse demasiado en el nuevo año.

Reconocimiento y negociación

La independencia reclama ser reconocida por el resto de estados de la comunidad internacional. Cataluña no tiene voluntad de convertirse en un Estado fantasma y deberá buscar el reconocimiento de algunos estados que la sitúen en la escena internacional con cierta naturalidad. A partir de la aprobación de las leyes de independencia, esta cuestión será una tarea prioritaria del gobierno y sus representantes en las capitales mundiales.

Además, la independencia será un hecho cuando las instituciones catalanas puedan asumir el control efectivo del territorio y del gobierno de sus ciudadanos. Para ello habrá que asumir cuando sea posible una negociación para el reparto de activos y pasivos con el Estado español. Algunas voces indican que esta negociación se hará cuando ya se haya proclamado la independencia y no haya retorno posible. Otras voces consideran que el Estado español se acabará sentando en una mesa de negociación forzado por la presión internacional y probablemente con un mediador.

La incógnita de la represión y la voluntad independentista

Tras todos estos pasos, el proceso habrá terminado de manera efectiva. Esta cronología del camino hacia la independencia puede estar sometida a variaciones, sobre todo por dos razones: por un lado, el consenso y la voluntad de los representantes independentistas (Juntos por el Sí y la CUP) y por otra, la acción represiva de la Estado español.

Una represión desmedida de España -por la vía judicial, política o de fuerza física- podría precipitar el calendario previsto. También podría introducir nuevos actores (internacionales) en el escenario de los próximos meses. De entrada, hay que recordar que hay unas cuantas causas abiertas contra representantes políticos independentistas: Artur Mas, Carme Forcadell, la mesa del parlamento, Joana Ortega, Irene Rigau, Francesc Homs, Montse Venturós (alcaldesa de Berga) y Joan Coma (concejal de Vic). Todo ello irá definiendo más estos días, con la cuestión de confianza a Puigdemont. De momento, la movilización ciudadana del Once de Septiembre no falló y dio el impulso necesario al inicio de un curso político decisivo para la independencia.

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