En 2012, preguntado Rajoy sobre qué pensaba de una Diada multitudinaria, pacífica, democrática e independentista, respondió que aquello era un «guirigay». La «mayoría silenciosa» por supuesto, no alborotaba y no quería la independencia. Cuatro años después, el «guirigay» sigue siendo un impresionante ejemplo de voluntad popular civilizada, ordenada, pacífica y democrática en lucha por una Estado nuevo. Un derecho inherente a toda nación como la catalana. A su vez, la «mayoría silenciosa» ha dejado de ser «silenciosa», pero no ha logrado ser mayoría y casi consigue no ser nada. La manifestación convocada por la Sociedad Civil Catalana a favor de España como unidad de destino en lo universal no llegó a las dos docenas de participantes, contando los que sostenían las banderas. La convocada por En Común Podemos a favor de «referéndum pactado» con el Estado en vez de la independencia, al parecer, se quedó en unos trescientos o cuatrocientos pactistas o «pactadores», que parecen pocos para convencer al Estado.
La inmensa mayoría de la ciudadanía políticamente movilizada salió a la calle para mostrar a las autoridades, a los ciudadanos españoles y al mundo entero su voluntad de constituirse en Estado independiente. Un hecho que ha acelerado notablemente el proceso hacia la independencia.
La noche del domingo, la señora Colau afirmaba en la televisión con Ana Pastor que la mayoría ciudadana no se manifestaba por la independencia, sino por un referéndum pactado con el Estado. En el trayecto de la manifestación no se escucharon gritos a favor del referendo sino de la independencia, pero ella ya lo había dicho en la televisión española. Más o menos a la misma hora, Puigdemont anunciaba que, visto el éxito de la Diada, superada la cuestión de confianza, el día 28 de septiembre pediría un referéndum en el Estado. Desde el punto de vista de En común Podemos, se trataba de una feliz rectificación del presidente. No hay que jugar con vías unilaterales que son callejones sin salida sino que hay que ir por la de la legalidad, con un referéndum pactado para reformar después España de pies a cabeza. Por fin, Puigdemont aceptaba que el proyecto de En común Podemos era mejor que el suyo. ¿Cierto?
En absoluto. Puigdemont no pedía negociar con el Estado un referéndum. Pedía hacer un referéndum al considerar que es un derecho de Cataluña. La negociación era secundaria. Y, si el Estado no accedía, proponía elecciones constituyentes en el plazo de un año. Es decir, nada que ver con los planteamientos de En Común Podemos. Una aceleración del proceso y un mantenimiento de la hoja de ruta hacia la independencia, eso que los de Podemos y confluencias consideran que es un inconveniente para la «normalización» de la situación.
Mucho más claro que la izquierda no independentista lo ve el gobierno español. El lunes después de la Diada, el ministro Catalá ya anunciaba que España nunca aceptaría un referéndum en Cataluña, negociado o no negociado. Añadía, además, que la intención del gobierno era aplicar la legislación penal a todos aquellos comportamientos de los políticos independentistas que lo merecieran. Nadie por encima de la ley. Todos a cumplirla y afrontar sus responsabilidades si cometían algún acto ilícito. Pura amenaza implícita a Puigdemont, Forcadell, Mas, Homs, Rigau, Ortega. Y la lista va creciendo. Con ello, Catalá contestaba de una sola vez tanto a Puigdemont como a Colau.
La respuesta de Colau aún no ha llegado y es probable que no llegue, porque hay un entendimiento de fondo entre Podemos y el Estado español que no se da en el caso de Puigdemont y los independentistas.
Por ello, la respuesta del presidente no se hizo esperar, la misma mañana del exabrupto del ministro de Justicia, Puigdemont puso fecha a las elecciones constituyentes catalanas: La Díada de 2017. El proceso de la independencia tenía el término ‘a quo’; la sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2010, aniquilando el Estatuto, ya tiene también término ‘ad quem’.
EL MÓN
