La Fiscalía española contra la libertad de expresión

Las diligencias abiertas por la Fiscalía española para investigar la quema de fotos del rey , de la bandera y de la Constitución de ese país en la marcha de la izquierda independentista del Once de Septiembre, así como el tuit hecho bajo el nombre ‘CUP capgirem BCN’, no constituyen ninguna sorpresa, porque ya ha habido precedentes. El acomplejamiento de un Estado, su mala conciencia, se demuestra en la criminalización de la discrepancia, de las ideas que le son desafectas y de la libertad de expresión. Un Estado fuerte, un Estado democrático y seguro de sí mismo, no se inmuta porque media docena de jóvenes quemen fotos de sus símbolos, ya sean monarcas, banderas o constituciones. Pero España no tiene nada de fuerte. Al contrario, es un Estado con pies de barro, un tigre de papel que necesita prohibir, amenazar, perseguir, como hacen los regímenes totalitarios, para fabricar una imagen ilusoria de autoridad.

Yo, personalmente, no soy partidario de quemar los símbolos españoles . Pero no porque me merezcan ningún respeto -los símbolos opresores nunca pueden inspirar respeto-, sino porque me parece mucho más efectivo no reconocer estos símbolos en nuestra casa, que prenderles fuego. No es quemando la foto del dueño blanco, como se libera el esclavo negro, se libera negándose a reconocerle ninguna autoridad. Con todo, entiendo que cada uno se expresa a su manera y que estas acciones, amparadas por la libertad de expresión, no pueden ser criminalizadas, ni perseguidas, ni sancionadas.

En cuanto al tuit que dice «Si el rey quiere corona, corona le daremos: que venga a Barcelona y el cuello le cortaremos», es para reventar de risa que España pretenda criminalizar, puesto que se trata de la vuelta de la letra de una canción del siglo XIX y de la que existe una versión grabada en 2002 por el grupo ‘Mesclat’ (‘Mezclado’). Menudo despiste ¿por qué no haber criminalizado ‘Mesclat’ entonces? Incluso se podría criminalizar todo el siglo XIX. La canción dice, entre otras cosas, que «hace tres siglos que los borbones pretenden ser nuestros reyes ignorando hasta qué punto llegamos a pasar de ellos. Pero si insisten mucho con esta obsesión, los mostraremos nuestra debilidad por el corte seco».

La Fiscalía española, antes de abrir dichas diligencias, debería explicar ¿cómo es que no han sido criminalizados los portadores de las pancartas que el año 2005, en una manifestación instigada por el PP en Salamanca, decían » Carod al Paredón » o, mostrando un ataúd, » Carod, esta es tu caja»? ¿Cómo es que Miguel Ángel Rodríguez, exportavoz de Aznar, no ha sido perseguido como autor de la frase «A Mas le hace falta un fusilamiento»? ¿Cómo es que no han sido sancionados Jonatan Cobo Ortega, actual portavoz del PP de Rubí, y la sección local del PSC-PSOE de Mont-roig del Camp (Tarragona), como autores de fotomontajes colgados en las redes sociales en los que la imagen del presidente Mas se transformaba en la de Adolf Hitler? Si España quiere ganarse el respeto de Cataluña, debería empezar por dar a todos el mismo trato. Pero, ¿qué se puede esperar de un Estado que criminaliza y persigue las urnas y los políticos catalanes que, cumpliendo un mandato democrático, las ponen al servicio de la ciudadanía?

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