7.000 funcionarios que son la clave de la independencia

La desconexión requiere ganar el pulso con los funcionarios del Estado de las delegaciones de Hacienda y de la Seguridad Social para que acepten la nueva legalidad catalana y colaboren en el control de la caja

 

Recaudan 70.000 millones de euros anuales que provienen del bolsillo de los catalanes, pero están a las órdenes de España. Son los 7.000 funcionarios del Estado que trabajan en las delegaciones de la Agencia Tributaria (unas 4.000 personas) y de la Seguridad Social (1.600 a la Tesorería General de la Seguridad Social y 1.400 en la Instituto Nacional de la Seguridad Social), mujeres y hombres que tendrán nada menos que la capacidad de facilitar la desconexión o de entorpecer-hasta el punto de poner en riesgo la puesta en marcha inicial del nuevo Estado.

 

Contar con la colaboración de estos funcionarios será el pulso más delicado en el momento de la ruptura, «cuando llegue el momento en que la autoridad propia de Cataluña dé órdenes que deberán obedecer todas las autoridades estatales que en ese momento estén en Cataluña. Si la orden está clara y es inequívoca, el nuevo Estado catalán podrá decir a sus ciudadanos que la nueva legalidad es la catalana y todo el mundo tendrá que pagar sus impuestos donde se les indique. En resumen, Cataluña deberá controlar Letamendi -sede central de la Agencia Tributaria en Barcelona- y los funcionarios de Hacienda y la Seguridad Social», avisa Albert Carreras, que fue número dos de Andreu Mas-Colell al gobierno de Artur Mas, cuando comenzó la musculación de la hacienda catalana que ahora continúa la consejería de Oriol Junqueras. Carreras, doctor en Ciencias Económicas, insiste en que «no es verosímil pensar que el nuevo Estado podrá gestionar 70.000 millones de euros de un día para otro diciendo a los ciudadanos que ingresen sus impuestos en una cuenta corriente sin contar con la maquinaria burocrática actual de los funcionarios del Estado, tanto en lo referente al personal humano como en lo relativo a los sistemas informáticos».

 

De hecho, el ex consejero Mas-Colell calculó que crear un cuerpo de funcionarios de Hacienda paralelo al español requeriría entre 4 y 5 años para su formación. El  pulso con los funcionarios del Estado para imponer la legalidad catalana es aplicable a todos los ámbitos de la desconexión que ahora estén controlados por España: «o tienes capacidad de conseguir que se adhieran a tu proyecto, o difícilmente puedes lograrlo», sentencia Carreras a El Món.

 

De hacienda de segunda a hacienda de primera

 

El punto de partida de la hacienda catalana es de debilidad y poca musculatura si la comparamos con la de otros territorios uniprovinciales, que están fusionadas con las diputaciones, con una larga tradición de recaudación fiscal. Según Carreras, el objetivo que comenzó con Mas Colell y que ahora continúa Junqueras es «transformar la hacienda catalana en una hacienda autonómica de primera». «Imagínese si la Generalitat tuviera realmente absorbidas las cuatro diputaciones a los efectos de gestión. Tendríamos 1.000 millones de euros más a libre disposición . Y por otra parte, la Generalitat tendría un bagaje espectacular en gestión tributaria porque las diputaciones tienen una base de recaudación fiscal fortísima y, sobre todo, mucha información sobre los contribuyentes de tu territorio».

 

De hecho, el Gobierno de Artur Mas ya empezó a dar pasos para llevar al máximo la capacidad fiscal de la Generaligat de Cataluña como comunidad autónoma, una tarea que como indica Carreras, «pasa por conseguir que la red de recaudación de las diputaciones sea también una herramienta de mayor potencia de recaudación de Cataluña. La novedad que introduce la conselleria de Junqueras es dar un paso más allá para intentar recaudar hasta el último céntimo de forma directa. Esto significa revertir la contratación de servicios externalizados de recaudación ejecutiva -el cobro de los impagos hasta ahora encargado al agencia Estatal de Administración Tributaria- y la recaudación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP-AJD), que estaba encargada al Colegio de Registradores de la Propiedad.

 

Los Mossos ya eligieron el 9-N

 

¿Qué harán los 7.000 funcionarios del Estado que ahora trabajan en la Hacienda española y en la Seguridad Social es una incógnita. Pero sería razonable que estos funcionarios, nacidos o no en Cataluña pero residentes en ella, y que tienen en sus manos que en Cataluña haya recursos para escuelas y hospitales que probablemente utilizarán sus familias, decidieran dar continuidad a su labor en el momento de la desconexión, porque es muy probable que un conflicto en este sentido perjudicara también su bienestar personal y familiar.

 

Hay, sin embargo, una incógnita que parece resuelta, el cuerpo de Mossos. La experiencia del proceso participativo del 9-N sirvió para poner a prueba qué pasaría en caso de choque de legitimidades. Ese día, pendientes de los diferentes recursos que pretendían que los Mossos retiraran las urnas de cartón de las escuelas, y con una orden directa del Estado y del TC que prohibía expresamente la celebración de la consulta, la policía de Cataluña decidió proteger la legalidad catalana y no retiró ni una sola urna. Por el contrario, veló por la seguridad de los ciudadanos que querían votar. Y en todo el país, sólo la  directora de un instituto de Hospitalet de Llobregat, militante de Ciudadanos, se negó a abrir las puertas del centro escolar.

EL MÓN