Prisiones constitucionales

Parece claro que las democracias, junto a las luces que ofrecen frente a otros modelos (totalitarios, autoritarios, dictaduras, etc.), afrontan hoy problemas ante los que no ofrecen respuestas convincentes. La dimensión estatal de las democracias queda empequeñecida cuando las lógicas económicas y tecnológicas han mudado a escenarios globales. La falta de instituciones internacionales efectivas pone en evidencia la mayoría de estados democráticos cuando se enfrentan a la seguridad, el tráfico de personas, drogas y armas, las migraciones transnacionales, etc.

Pero hay cuestiones más internas que amplían la lista de los problemas de las democracias actuales: pobreza y desigualdades, multiculturalidad, procedimientos participativos, aumento de populismos -de derechas (Centroeuropa, países nórdicos) o de izquierdas (Italia, Grecia)-, etc.

Un problema interno no resuelto es la relación entre legalidad constitucional y legitimidad liberal-democrática en el caso de estados plurinacionales. En contraste con las democracias uninacionales (Portugal, Noruega, Holanda, etc.), en las democracias plurinacionales (Canadá, Bélgica, Reino Unido, España), más complejas que las anteriores, se constata la existencia de tensiones entre varias colectividades nacionales que la mayoría de Constituciones no regulan bien. El proyecto nacionalista que implementan todos los estados, incluidos los democráticos, contrasta aquí con proyectos paralelos defendidos por las naciones minoritarias.

Algunas democracias tratan de dar salida a estas tensiones bien a través de instituciones federales pensadas, desde el inicio, desde premisas plurinacionales (Canadá, Bélgica), o bien a través de instituciones consociacionales o de consenso (Bélgica). Sin embargo, la política comparada muestra que, al final, el tema de fondo sólo parece tener dos procedimientos claros en las democracias avanzadas: el progresivo aumento del autogobierno, incluido el ámbito internacional, a través de fórmulas asimétricas o confederales centrífugas (Bélgica), o la consulta a los ciudadanos de las naciones minoritarias sobre su potencial secesión (Canadá, Reino Unido).

Este último procedimiento, sin embargo, supone un reto conceptual e institucional para unas democracias que, en su origen, fueron pensadas y construidas en términos mucho más simples y con independencia de cómo los estados se han formado históricamente -de manera más consensuada o a través de guerras, anexiones territoriales violentas, etc.

De hecho, todos los estados regulan el derecho de autodeterminación… reservándoselo en exclusiva para ellos mismos, lo que hace malvivir al constitucionalismo de las democracias plurinacionales. El problema se da cuando la mayoría de la población de una entidad nacional minoritaria expresa su incomodidad por permanecer coactivamente en el Estado donde está insertada y quiere convertirse en un Estado independiente. Aquí el constitucionalismo no suele ofrecer ninguna respuesta solvente, ya que apelar a la legislación vigente supone una petición de principio, es decir, apunta precisamente a lo que cuestiona la entidad que pugna por su emancipación política. Cuando la ley es buena parte del problema, apelar a la ley, a la Constitución, es apostar por el cinismo argumentativo de aquel que tiene interés en que el problema no se resuelva.

Se trata de una cuestión fundamentalmente pragmática. Y aquí el contexto es decisivo. No es lo mismo que el Tribunal Constitucional alemán niegue la posibilidad de secesión en Baviera cuando la población que lo pide es inferior al 3%, que hacerlo en un contexto en que lo reivindica en torno a la mitad de la población (Quebec, Escocia, Cataluña). Imaginemos, de forma exagerada, un colectivo nacional en el que un 60% o 70% de la población quiera la separación del Estado. ¿Bajo qué argumentos liberales y democráticos se puede denegar que se decida el tema por referéndum? Cuando esto ocurre, los estados se convierten en prisiones legales, en prisiones constitucionales. Y a nadie le gusta vivir encarcelado.

El derecho debería servir para canalizar la solución de los problemas, no para convertirse en sí mismo un problema. El derecho constitucional dominante, conservador del ‘statu quo’, todavía corresponde a la fase estatalista de los siglos XIX y XX. Las democracias del siglo XXI deberán encarar esta cuestión de una manera directa y de acuerdo con sus propios valores. Es una cuestión de democracia, de refinamiento de la democracia liberal. Una cuestión de derechos, instituciones y procedimientos que no se puede resolver en abstracto sino haciendo que estos derechos, instituciones y procedimientos sean congruentes con la realidad social y cultural que deben regular.

Resulta lógico y de sentido común preferir que la solución de los problemas se base en acuerdos entre las partes. La pregunta fundamental, sin embargo, es qué solución dan los demócratas y constitucionalistas cuando una de las partes, las instituciones centrales del Estado, se niegan reiteradamente a entrar ni siquiera a considerar la posibilidad de un acuerdo. Si esta es la actitud del Estado, lo que se está incentivando es proceder a separaciones rupturistas de la legalidad vigente, que serán más legítimas cuanto más negativa y cerrada sea la actitud del Estado a establecer acuerdos.

Creo que es un fracaso para las democracias el hecho de que un territorio pueda alcanzar la independencia por la fuerza y ​​sea después mayoritariamente reconocido a través del realismo de las relaciones internacionales y, en cambio, esta separación no pueda realizarse a través de procedimientos pacíficos y democráticos.

En el caso de Cataluña, un 75% de los ciudadanos apoyan un referéndum sobre la independencia. La Unión Europea tendrá en algún momento algo que decir y hacer, pero creo que sólo lo hará cuando Cataluña se convierta en un problema europeo. De momento no lo es. Es tan sólo un problema español, lo que permite a la UE seguir enviando el balón a córner.

Lo único seguro es que este tema no desaparecerá, seguirá en la agenda. Con todos los costes e incertidumbres que supone que no se resuelva. ¡Que tengan un feliz 2017!

ARA