El cobro de los impuestos: el principal condicionante de la fecha del referéndum

Una vez superado el desacuerdo sobre el presupuesto de 2017 con el sí crítico de la CUP, las leyes de desconexión y el referéndum son las dos próximas estaciones de la ruta hacia la independencia. Por el camino, hay que ir avanzando en el desarrollo de algunos planes y estructuras de Estado tal como ya estaba previsto. Sin tiempo de saborear el triunfo sobre este último obstáculo, nos encontramos con el embrión de un nuevo debate independentista: ¿el referéndum se hará en septiembre o antes del verano?

 

Entre las implicaciones políticas y las técnicas

Pero esta cuestión tiene unas implicaciones políticas y técnicas que hay que poner sobre la mesa. Las consideraciones de carácter político y estratégico son las que pueden aconsejar el acortar el calendario. En cambio, las razones a favor de agotar los plazos son casi todas técnicas. De entrada, hay un criterio que se impone sobre todos los demás y que tiene el consenso general de los agentes políticos y sociales: la fecha del referéndum debe ser la que más convenga a los intereses de quienes lo defienden y no se ha permitir que el calendario lo determine el Estado español.

 

Gestionar la respuesta a la represión

Las razones que abren la posibilidad de convocar el referéndum antes del verano -nadie piensa que se pueda hacer antes de junio- son de idoneidad política. Es decir, las consecuencias de los procesos judiciales contra Mas, Rigau, Ortega, Forcadell y Homs se pueden concentrar estos próximos meses y se ve la convocatoria del referéndum como una manera de recuperar la iniciativa y no dejarse atrapar por la dinámica represiva España. La situación derivada de posibles inhabilitaciones o condenas de otro tipo se podría superar tomando la iniciativa institucional y canalizando positivamente la respuesta popular de la calle.

 

Una prevención legal

A favor de hacer el referéndum en junio también hay alguna prevención legal. Especialmente, que el período entre la aprobación de la ley de transitoriedad y el referéndum sea tan corto como sea posible. La idea es dejar el menor tiempo posible a España para impugnaciones y complicaciones judiciales. En principio, según decía Marta Rovira (ERC) en esta entrevista (http://www.vilaweb.cat/noticies/marta-rovira-la-llei-de-transitorietat-sera-la-declaracio-dindependencia-i-no-es-podra-impugnar/), la ley de transitoriedad será inimpugnable. Pero esto no significa que el Estado no vaya a actuar con firmeza contra la ley, incluso antes de que se apruebe. Desde este punto de vista, dejar pasar el periodo de julio y agosto entre las leyes y el referéndum es demasiado arriesgado.

 

Tener la capacidad de recaudar todos los impuestos

Con todo, avanzar el referéndum a junio tiene complicaciones técnicas relacionadas con las famosas estructuras de Estado. Concretamente, tiene unas implicaciones claras en el despliegue de la hacienda propia, que debía entrar en pleno rendimiento en otoño. El Departamento de Economía considera que al día siguiente de la proclamación de la independencia se debe tener la capacidad de recaudar todos los impuestos. ‘Tener todo a punto en junio es técnicamente posible, pero no es la situación óptima’, dicen las fuentes consultadas por VilaWeb. El departamento ha tenido en todo momento un plan de contingencia preparado por si era necesario acelerar el despliegue de la hacienda propia, pero considera que ir mucho más deprisa que ahora es arriesgado.

 

¿Prueba piloto de cobro en julio con el nuevo impuesto de bebidas?

Por ejemplo, una de las cuestiones técnicas decisivas de la activación de la agencia tributaria al cien por cien es el sistema informático que se ha empezado a implantar. Hasta ahora, la Generalitat funcionaba con un sistema -llamado Gaudí- con capacidad de gestionar una parte de los impuestos cedidos y propios. Sin embargo, buena parte de esta función, la Generalitat la tenía delegada hasta hace poco en los recaudadores de la propiedad. Ahora, pues, era necesario un nuevo sistema informático para gestionar la nueva complejidad y se ha creado el sistema Espriu. ‘Pasamos de un Seat Panda por una comarcal a un BMW por una autopista alemana’, dicen los conocedores del nuevo sistema.

El calendario de la implantación del Espriu incluye una fase de pruebas antes de entrar en funcionamiento. El gobierno preveía hacer estas pruebas en julio, con uno de los impuestos de nueva creación (el de bebidas azucaradas) incluido en la ley de medidas fiscales, financieras y administrativas que se aprobará en breve. Las pruebas había que hacerlas con un impuesto menor y, si se adelanta el referéndum, habrá que hacerlas antes en menos tiempo. ‘Tendremos que correr más’, dicen en el departamento. Pero añaden: ‘La aprobación del presupuesto nos permitirá ir a velocidad de crucero’.

 

En junio, tiempo de declaraciones de renta: ¿inconveniente o ventaja?

Junio es un mes delicado desde una perspectiva fiscal: es el mes de las declaraciones de renta. La pregunta que se hacen los responsables políticos es cómo habrá que actuar si los efectos políticos del referéndum -la proclamación de independencia si gana el sí- se producen en pleno proceso de liquidación de las declaraciones. En principio, la Generalitat no tendría tiempo de organizar el cobro de estas declaraciones. El gobierno no tiene los datos fiscales de los ciudadanos (contra la información que haya podido difundir el exsenador Santi Vidal) y, por tanto, no podrá enviarles los borradores.

En caso de llegar a tiempo de gestionar las declaraciones de renta de 2016 -las que se liquidan este año-, el gobierno debería confiar en las declaraciones que hicieran los ciudadanos sobre su actividad económica. ‘Si el estado no nos facilita los datos, como es de prever, sería más complicado el detectar el fraude fiscal’, reconocen los responsables del gobierno consultados. ‘Pero todos deben tener claro que las inspecciones sobre estas declaraciones se harían dentro de dos años, cuando ya tendríamos toda la información’. Además, la parte más importante de los impuestos no los liquidan los ciudadanos directamente, sino las empresas por medio de los bancos. En este sentido, el gobierno confía en que la gestión del cobro de una buena parte de los impuestos se deberá hacer con los bancos.

 

Gestionar el día siguiente

En conclusión, gobierno y partidos consideran que el referéndum se debe hacer cuando convenga a los catalanes. No puede quedar supeditado a la agenda represiva del Estado español, pero esta agenda se debe tener presente. Si es necesario adelantarlo a junio, se deberá decidir lo antes posible, para que el desarrollo de estructuras de Estado como la agencia tributaria se deberán acelerar. Y la consigna del gobierno es clara: Poder gestionar el día siguiente es tan importante como hacer el referéndum y ganarlo’.

VILAWEB