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Agustí Colomines   
Miércoles, 01 de Marzo de 2017 21:50

En declaraciones en la Cadena Ser, Manuel López Bernal, quien fue destituido esta semana del cargo de fiscal superior de Murcia después de que pidiera la declaración del presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, en el marco del caso Auditorio, fue taxativo al describir lo que está pasando en España: "No puede ser que al final los perseguidos seamos los fiscales por delante de los corruptos". Se estaba refiriendo a las intimidaciones ejercidas por su superior jerárquico, el actual Fiscal General del Estado José Manuel Maza, y que llevaron a su destitución.

El Gobierno del PP se cubrió la espalda con un cambio generalizado en las fiscalías del Estado en varios lugares, con lo que quería minimizar lo que es evidente desde tiempo atrás: que la autonomía del ministerio fiscal respecto del Poder Ejecutivo es nula.

Cuando en diciembre de 2014 Eduardo Torres-Dulce presentó su dimisión como Fiscal General del Estado, oficialmente argumentó que tomaba esa decisión por "razones personales", pero todo el mundo sabía que sus relaciones con el Gobierno de Mariano Rajoy eran malas y su actitud ante el 9-N las llevó hasta el límite. Torres-Dulce ya había amenazado con dimitir en varias ocasiones anteriormente y eran notables las tensiones y la ausencia de sintonía con el Gobierno que, legalmente, no podía destituirle, pero sí esperar a que él formalizara su dimisión y no mover ni un dedo para mantenerle en el cargo.

Lo de la justicia en España es un horror y la sensación de indefensión es cada vez más patente. Pero la culpa no es sólo del Gobierno –o de los gobiernos, porque llevamos así desde 1978–, sino también de la propia fiscalía y del conjunto de la judicatura.

En octubre de 2013, Torres-Dulce hizo un primer amago de dimisión ante el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y entonces fue porque consideraba que él no había sido consultado en decisiones y nombramientos que afectaban a la carrera fiscal. Han pasado los años y estamos en las mismas, sin que nadie haya corregido la arbitrariedad política del gobierno de turno en el momento de destituir y nombrar fiscales. Pero es que, además, entre estos fiscales los hay que son realmente sumisos ante el poder y se convierten en los arietes de la degradación de la democracia.

Vean sino la nueva querella de la Fiscalía Superior de Catalunya, presentada por instrucción de la Fiscalía General del Estado, contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, que en esta ocasión también afecta a otros tres miembros de la Mesa, excepto al comunista y unionista Joan Josep Nuet. El argumento del ministerio público para exculpar a Nuet y no querellarse contra él da grima: "no pretendía como los querellados incumplir los mandatos del TC, ni llevar adelante un proyecto político con total desprecio de la Constitución de 1978. […] Tal falta de voluntad de sumarse al proyecto político de ruptura unilateral con el sistema constitucional se infiere de su trayectoria como diputado". Puro delirio jurídico.

El ministerio público atribuye a Forcadell y a sus compañeros de Mesa los delitos de desobediencia y prevaricación al permitir que se tramitara la propuesta de resolución de Junts pel Sí y la CUP que abogaba por convocar un referéndum unilateral sobre la independencia y que fue aprobada con los votos de estos dos grupos el pasado 6 de octubre. Parece que en España los delitos sean menos delito según la ideología y el ideario de quien los cometa.

"Antes roja que rota", podría haber sentenciado el fiscal recurriendo al subconsciente fascista de muchos jueces y fiscales españoles. Los fiscales se quejan, con razón, de la politización de la justicia y, en cambio, no dicen nada sobre la quiebra en España del estado de derecho.

Lo he subrayado en más de una ocasión: ser unionista no debería ser incompatible con ser demócrata. Da pena constatar que no ha habido ninguna asociación de fiscales que haya alzado la voz contra los argumentos de su compañero en Cataluña, como también la da Joan Coscubiela al sumarse al linchamiento de la Mesa del Parlamento simplemente por su ya bien conocido sectarismo. Debería caerle la cara de vergüenza, si es que supiera lo que es, y aprender de Nuet. Hay personas con tanto resentimiento en el cuerpo que algún día incluso se pelearán con su sombra.

No es algo nuevo. En la gala de los premios Goya de 2003, los silbidos y abucheos dirigidos contra Fermín Muguruza, ganador del Premio a la Mejor Canción en euskera, demostraron hasta qué punto los supuestos "campeones" de las mil causas democráticas que son los artistas estaban absolutamente narcotizados por el poder. Muguruza subió al escenario del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid y a voz en grito denunció "el cierre por las armas de un periódico, el único que teníamos en euskera, el único que teníamos para defender la música en euskera" y dedicó el galardón a los trabajadores de Egunkaria y a su director, Marcelo Otamendi, torturado por la Guardia Civil. Los silbidos certificaron que la democracia en España no tiene quien la defienda y que los liberticidas cuentan con muchos cómplices entre la llamada sociedad civil.

El Régimen del 78 está podrido, hundido en las cloacas de la corrupción, y con un sistema judicial que confirma que no hace falta recurrir a las extravagancias de Donald Trump para escandalizarse por sus mamarrachadas y por su intento de limitar la libertad de los estadounidenses.

Lean el auto del fiscal que quiere enchironar a Forcadell y a los otros miembros de la Mesa del Parlamento en este nuevo y nefasto 23-F o analicen por qué fue destituido Manuel López Bernal, y dejarán de quejarse por lo que está haciendo el reaccionario Trump.

Con el atropello a los derechos humanos del Gobierno del PP deberían tener bastante como para estarse manifestando todos los días. Cuando se persiguen ideologías y no hechos, la Justicia deja de existir. Eso es lo que está pasando en España ante la indiferencia de los progres unionistas.

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