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El fondo de la cuestión PDF Imprimir E-mail
Sebastià Alzamora   
Viernes, 03 de Marzo de 2017 10:48

Tal y como se han planteado y desarrollado, los juicios por 9-N han dado la sensación angustiosa de no ser otra cosa que enormes circunloquios, larguísimas y elaboradísimas perífrasis para no abordar el fondo de la cuestión. Las acusaciones y las defensas preguntaban, y los acusados ​​respondían, sobre una diversidad de aspectos técnicos que tendían a ramificarse sobre ellos mismos, en una especie de bosque metarreferencial que supongo que puede haber sido de interés para los interesados ​​en la logística de un evento de este tipo. ¿Tal orden se dio antes o después de la firma de dicho contrato? ¿El material de propaganda se empezó a repartir qué día y a qué hora? ¿Las personas que trabajaron en la celebración del proceso participativo eran voluntarios, cobraban en bocadillos o lo hacían porque estaban asustados? ¿La providencia (palabra extraña, en este contexto) del Tribunal Constitucional que en teoría ordenaba la suspensión del proceso participativo, ¿se entendía a la primera o era un galimatías difuso y magmático? ¿La providencia misma llegó a sus destinatarios por correo electrónico, burofax o paloma mensajera? ¿La Generalitat tiene o no tiene datos sobre los ciudadanos de Cataluña? ¿De los menores de edad también? ¿Y los que son filatélicos?

Con este tipo de preguntas, las cuales a su vez generaban más preguntas en cascada que se convertían en prolijos interrogatorios a los que los acusados ​​respondían con explicaciones también tan prolijas como se les permitía, se iba creando un juego del gato y el ratón en que el fiscal intentaba encontrar contradicciones posiblemente delatoras y los abogados se esforzaban para que estas contradicciones no se produjeran o quedaran corregidas por otras preguntas de la misma índole. Todo ello, como hemos dicho, por no ir al meollo del problema, el verdadero conflicto que explica la celebración de unos juicios insólitos y verdaderamente históricos por lo que significa sentar en el banquillo a un presidente de la Generalitat y a buena parte de los miembros de su gobierno. Todo el mundo sabe que una parafernalia tan estrepitosa no se despliega para discutir sobre fechas de entrega de mercancías ni de firmas de contratos.

Ambos juicios giraban en realidad en torno a una pregunta omnipresente, que era la primera que se tenía que haber hecho a Mas, Ortega, Rigau y Homs: ¿usted es independentista? Y, después, las preguntas que de ahí se seguían: en el ejercicio de sus funciones de gobierno, ¿usted tuvo el propósito de celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña respecto de España?, ¿considera que lo que se celebró fue un referéndum u otra cosa? Y, si es otra cosa, explique cuál es y por qué se hizo así. En resumen, lo que abiertamente habría sido un juicio contra políticos independentistas, que era de lo que se trataba. Pero eso no podía ser, porque en lugar de juzgar un delito de desobediencia habrían tenido que juzgar la libertad de pensamiento y la de expresión. Y esto, según la legalidad vigente, no puede ser.

ARA