El referéndum y la libertad

Cuando la vicepresidenta Sáenz de Santamaría anunció que el gobierno central ha pedido que el Tribunal Constitucional advierta al conjunto de cargos de la Generalitat, desde el presidente hasta el secretario general de Contratación, de posibles consecuencias penales si hacen el referéndum, pensé que es una amenaza que encaja perfectamente en la mentalidad de los políticos del país. Ahora mismo, la política catalana se ha reducido, en privado, a un juego de pretextos para no hacer el referéndum, y, en público, a un juego para responsabilizar al adversario. ERC hace correr que los cargos del Gobierno herederos de Mas no quieren hacerlo, y el PDECat hace correr que Junqueras quiere canjear el referéndum por la presidencia ahora que los encuestadores le acarician la ambición con un guante de seda. Que lo hagan correr tanto los bienintencionados como los malintencionados indica que el problema es más profundo.

Mientras tanto, la ANC y los estrategas del Gobierno imaginan escenarios en que el referéndum no se puede celebrar -precintados, inhabilitaciones, suspensión de la autonomía- que legitimarían una DUI o otros planes B (elecciones con doble urna, por ejemplo). Este es el escenario que desean Rajoy y los poderes financieros y mediáticos catalanes. Una DUI o unas elecciones según el reglamento español hacen de la disputa entre Cataluña y el gobierno español una competición sobre quién tiene la clase de autoridad que se legitima a partir del control del territorio, que es del Estado. Y que se produciría justo después de haber «demostrado» a la población que «no puedes» ni celebrar un referéndum.

Implica también aceptar que no tenemos derecho a la autodeterminación, que es un derecho universal reconocido en el ordenamiento jurídico español desde la Transición, y que renunciamos a ejercer en ese momento en favor del pacto constitucional. Esta renuncia ha sido utilizada contra nosotros para destruir la memoria y el fondo que legitima la libertad y la imaginación política. Y por eso, a pesar del autogobierno administrativo, la Generalitat se ha convertido en una institución más al servicio de la consolidación del Estado y la reducción de los espacios libres.

El referéndum de autodeterminación provoca que el conflicto con el gobierno español deje de ser entre dos autoridades, y pase a ser entre legitimidad y autoridad. La legitimidad es el nombre que la libertad da a su encarnación política, el fondo de la cosa. La autoridad es la forma de su ejercicio práctico. En democracia, el fondo y la forma se dan la razón mutuamente, excepto en el momento originario, fundacional, cuando el fondo prevalece sobre la forma: una victoria militar cuando los tiempos son violentos, un referéndum cuando son democráticos. Por esta razón, si el Gobierno pone su autoridad al servicio de garantizar el referéndum hasta el final, se fortalece, y si renuncia, se debilita y hace de toda DUI una bala de fogueo.

Ejercer la autoridad puede ser romper precintos, o alargar los tiempos de votación, o enviar a los votantes de los colegios cerrados a otros colegios, o poner urnas en el Patio de los Naranjos, si el gobierno PP-C’s-PSOE contradice los principios democráticos expresados ​​en la ley y envía fuerzas de represión. Pero este es el único escenario en el que se puede hablar de dificultades para hacer un referéndum. E incluso en este contexto, el referéndum debe salir adelante, se deben contar los votos que se hayan podido emitir, y serán vinculantes para el Parlamento. Los votos libres liberan a los amordazados. El Parlamento no puede deslegitimar los votos emitidos, sean pocos o muchos, en nombre de los votos secuestrados por Rajoy. Si el unionismo, el gobierno español o la UE objetan, que se pongan al servicio de otro referéndum. Es sencillo: prevalece la libertad, los votos emitidos libremente, por encima de la autoridad de reprimirlos. Quien quiera más autoridad, que libere más votos.

El referéndum de autodeterminación abre el grifo de la memoria y la imaginación capturadas por el miedo y por la niebla de la historia. Nos debe purgar de nuestros políticos e instituciones secuestrados por la necesidad de perpetuarse en el marco español. Nos debe liberar de los técnicos de la Generalitat que tratan de hacer creer a los políticos que los límites de su profesión son los límites de los derechos políticos de los catalanes. Nos debe sacudir de la hipocresía con que nos hablamos unos a otros, y con los que nos decapitamos las ideas unos a otros con la excusa de las formas o de la confrontación sectaria. La chabacanería, el ‘pit i collons’ (‘pecho y cojones’), los discursos victimistas, el servilismo de la prensa, la entronización del mediocre y la obsesión por la confianza ciega para llegar a Ítaca son los productos culturales de un país destruido por la falta de libertad. Se busca líder dispuesto a emplear el referéndum para lo que debe servir: liberarnos.

ARA