Josep Costa: España aceptará antes la independencia que la reforma del Estado

Entrevista al jurista y profesor de teoría política, autor de ‘O secesión o secesión. La paradoja española ante el independentismo’.

El jurista y profesor de teoría política Josep Costa (UPF) es una de las voces más respetadas de las que analizan el proceso de independencia de Cataluña. Ha estudiado a fondo los procesos de secesión de países y naciones dentro estados plurinacionales y ha escrito varios artículos académicos y de divulgación periodística. Ahora publica el libro ‘O secesión o secesión. La paradoja española ante el independentismo’ (Acontravent, 2017). Es una obra que estará en las librerías la próxima semana y que hace una disección precisa y hábil de la teoría de la secesión, del caso catalán y del callejón sin salida que lleva a España a la autodestrucción. Costa considera que si el Estado español no se reinventa ‘in extremis’ como Estado plurinacional, la independencia de Cataluña triunfará. De hecho, concluye prácticamente que la secesión de Cataluña es inevitable. Y esto es lo primero que le preguntamos.

 

– ¿La secesión de Cataluña es inevitable?

– Lo digo sin pretender que sea una predicción de futuro. Es un análisis de la actitud y las actuaciones del Estado español a raíz del desafío del independentismo catalán. Y sobre todo quiero decir que con la respuesta que da el Estado español a la cuestión no hace más que contribuir a ello. Esta es la paradoja del Estado español. Tratando de detener la independencia tal como lo hace, consigue que el independentismo tenga más apoyo y más legitimidad.

 

– Dice que la omnipresencia y el poder del nacionalismo español explican, alimentan y legitiman el independentismo…

– Efectivamente.

 

– Otra actitud, ¿evitaría la pujanza del independentismo o lo haría menos legítimo?

– Yo aplico una tesis muy extendida y compartida por los analistas de la secesión. Dice que la legitimidad de la secesión no proviene estrictamente de los atributos del grupo que se quiere independentizar, ni del apoyo democrático que pueda tener esta voluntad, sino de la legitimidad del Estado y la justicia de las instituciones del Estado del que forma parte este pueblo.

 

– El hecho de ser una nación milenaria con una cultura y una lengua e incluso con características nacionales, ¿no son una justificación suficiente para el derecho a la separación? ¿La legitimidad viene del trato que se recibe del Estado de origen?

– No niego que todos estos atributos no sean importantes y que mucha gente no los considere suficientes para que una nación o un pueblo pueda aspirar a ser un Estado de forma legítima. Pero está más extendida y suscita más consenso la idea de que un pueblo o nación tiene más legitimidad para constituirse en Estado independiente en la medida en que no tiene posibilidades de autodeterminación interna. Que no tiene un reconocimiento y una acomodación justa de su personalidad o expresión política.

 

– ¿Un nivel de autogobierno satisfactorio?

– No es solamente una cuestión de autogobierno. Se trataría de que el Estado fuera plurinacional en sentido propio. Por sí mismo. Podría tratarse de un Estado centralizado pero que protegiera e incluyera las expectativas de todas las identidades y sensibilidades internas. Como dice algún texto fundamental de la ONU, que el Estado fuera plenamente representativo del conjunto de su población sin discriminación. Esto significa reconocer en pie de igualdad todas las identidades que hay dentro del territorio.

 

– Explica en el libro que el preámbulo de la constitución española tiene un punto que define el Estado de esta manera y habla de proteger la identidad, las lenguas y las culturas…

– Exacto. Es la única referencia que tiene la constitución española a la voluntad de representar la plurinacionalidad. Si tal concepción se tradujera en algo concreto, España se podría considerar un Estado plurinacional. Pero no es el caso. Esa frase incluida en el preámbulo es una promesa claramente incumplida de la transición española.

 

– ¿A España tan sólo le quedan dos caminos? Habla de matar el nacionalismo español o morir con él…

– El gran problema que tiene España en su respuesta al independentismo catalán es el nacionalismo español. Este nacionalismo ha impregnado la supuesta legalidad que tanto se invoca. Hay que recordar el artículo 2 de la constitución española, que es un texto legal y a la vez una proclama nacionalista de una intensidad difícil de encontrar en las constituciones y en los textos legales de ningún país. Este nacionalismo que es el pilar fundacional del Estado es lo que hace que España se encuentre en un dilema dramático a la hora de encarar el independentismo catalán.

 

– ¿Qué quiere decir?

– Que la teoría nos dice que el independentismo catalán no sería lo que es en capacidad de movilización, centralidad y apoyo electoral si el Estado español fuera un Estado plurinacional y si no tuviera esta actitud tan intransigente para con las demandas democráticas para decidir el futuro de Cataluña. La actitud intransigente y de dominio legitima y refuerza el independentismo. España se va muriendo por el nacionalismo español. Matar el nacionalismo sería lo que llamo secesión conceptual o simbólica. Que sería aceptar que en España hay más de una nación. Para salvar el Estado, hay que sacrificar la idea de la nación única y el Estado centralista.

 

– Se hace difícil pensar que este segundo camino de reforma del Estado en profundidad sea posible.

– Desde el punto de vista del Estado español, algunos de estos dilemas son más difíciles de resolver que el aceptar la posibilidad de la independencia. Las reformas que serían necesarias para evitar la independencia de Cataluña son tan difíciles de digerir para el nacionalismo español como la independencia. España aceptará antes la independencia que la reforma del Estado.

 

– Cree que una redefinición de este tipo, si fuera posible, ¿sería eficaz para frenar la independencia?

– Tan sólo se podría frenar la independencia con una propuesta así en la hipótesis de un referéndum pactado. Si el Estado por iniciativa propia hiciera una reforma constitucional de carácter federal y plurinacional y sometiera a referéndum la ratificación de esta propuesta contra la independencia, el Estado podría ganarlo. En una situación como ésta, la independencia podría perder el referéndum. Y el Estado recuperaría la legitimidad del ordenamiento institucional, que ahora está completamente roto. No digo que sea nada probable. Es una hipótesis muy poco factible, pero desde el análisis teórico del conflicto de legitimidades, esta estrategia sería la única con capacidad de derrotar el independentismo un vez hemos llegado al punto al que hemos llegado.

 

– En el libro dice: ‘Hemos llegado al momento en el que lo que sería aceptable para la mayoría de catalanes no es aceptable para la mayoría de españoles. Y a la inversa’. ¿Es este el punto de inflexión de un proceso de secesión?

– Efectivamente. Esta es la constatación que se puede hacer del punto donde estamos en el conflicto entre Cataluña y España. Este equilibrio ya se mostró con extrema fragilidad cuando se hizo la reforma del estatuto, que fue aprobado con una participación muy baja y con movilizaciones en contra. Aquello ya era lo menos que podía aceptar la mayoría de catalanes y quedó claro que era lo máximo que podía aceptar la mayoría de españoles. De hecho, la actuación posterior del Estado y del Tribunal Constitucional demostraba que la mayoría española no podía aceptar ni siquiera aquella propuesta recortada y precaria. Si entonces ya fue imposible de encontrar el equilibrio, ahora la distancia entre lo que podrían aceptar catalanes y españoles es absoluta.

 

– Lo explica también con el ejemplo de Quebec y Canadá…

– En el referéndum constitucional de Canadá, antes del referéndum de independencia de 1995, pasó esto. Se había pactado una reforma federal para acomodar el carácter diferencial de Quebec. Se sometió a referéndum la reforma: los quebequenses votaron en contra por insuficiente y la mayoría anglófona de algunas provincias votó en contra por excesiva. La reforma no se aprobó. El punto común denominador que los políticos habían encontrado no era aceptable ni para un lado ni para el otro.

 

– ¿Y Cataluña reúne todas las condiciones que legitimarían una secesión unilateral?

– Lo resumiría diciendo que después de haber estudiado muchísimos casos en política comparada se me hace difícil el encontrar un caso de un país occidental en el que la secesión esté más legitimada. Por ejemplo, en el caso escocés, donde se ha hecho un referéndum pactado, la secesión no sería tan legítima como en el caso catalán. Los escoceses no tienen tantos motivos de peso como Cataluña para separarse unilateralmente. El caso catalán es uno de los más legítimos que podemos encontrar.

 

– ¿Esta legitimidad también refuerza la voluntad de hacer el referéndum aunque no sea aceptado por el Estado?

– Por supuesto. La unilateralidad está legitimada por la imposibilidad de encontrar salidas pactadas y democráticas dentro de los canales establecidos. En la cuestión del referéndum hago una analogía con el pronunciamiento de la Corte Suprema de Canadá respecto de Quebec. Dijo que si una mayoría clara de quebequeses quería la independencia, por un principio de legitimidad democrática, el Estado se lo iba a facilitar a través de una reforma constitucional. La Corte Suprema de Canadá dijo que la independencia debía ser posible aunque no fuera legal por el principio de legitimidad democrática. Y que el gobierno federal de Canadá debía negociar de buena fe los cambios constitucionales necesarios para hacer posible la independencia de Quebec. Este argumento es absolutamente equiparable al caso español para el referéndum. La demanda sostenida y clara de hacer un referéndum crea un mandato democrático que debería obligar al Estado a hacerlo posible por el mismo principio de legitimidad democrática.

 

– Pero España no tiene la Corte Suprema de Canadá.

– Si España no negocia ni facilita el referéndum, legitima la solución unilateral.

 

– Demos un paso más. Según esta lógica, si la intransigencia del Estado impide que se haga el referéndum de manera efectiva, ¿tiene el parlamento actual legitimidad para declarar la independencia directamente?

– Creo que hay buenos argumentos para defenderlo. El referéndum es una herramienta muy reconocida internacionalmente y aceptada en contextos democráticos. Pero la realidad es que muchos estados se han creado sin referéndum previo. Cuando un Estado no deja expresarse a la gente con su voto, se deslegitima por cuestionar la voluntad democrática de la gente. Es decir, si impides verificar el apoyo democrático de una opción bloqueando un referéndum, pierdes la legitimidad de cuestionar que el parlamento tome la determinación sin hacer el referéndum. Desde un punto de vista jurídico, hablamos de la carga de la prueba. Nadie se puede beneficiar de las consecuencias de que no se pueda demostrar algo que le perjudica.

 

– En vista de esta situación y con la experiencia de estos últimos meses, ¿por dónde cree que puede ir la represión jurídica y legal del Estado? En el libro habla de la ilegalización de partidos…

– No se habla lo suficiente de la posible ilegalización de partidos independentistas. Pero es una sospecha que tengo viendo las analogías que se hacen con el País Vasco. Las élites de España dan por hecho que la receta que permitió reconducir el plan Ibarretxe y el avance soberanista vasco puede servir también para Cataluña. Creo que el Estado hace lecturas paralelas constantemente. Primero pensaron que se trataba de echar a Artur Mas como si fuera Ibarretxe para que Convergencia volviera al lugar en el que se encuentra ahora el PNV. Creo que se han hecho muchas analogías de estas y más de las que se dicen públicamente.

 

– Aquella estrategia consistió en ilegalizar todo un espacio político.

– Efectivamente. El PNV nunca perdió las elecciones. De hecho, en las elecciones que llevaron al pacto del PSE y el PP, los nacionalistas vascos obtuvieron sus mejores resultados. Perdió el gobierno porque se impidió a un espacio político el ir a las elecciones. Si volvemos aquí, el 27-S se produjo con normalidad y transparencia porque nadie del sector unionista creía que fuera posible una mayoría independentista en un contexto de máxima participación. Con este precedente, ahora nos encontramos con que, si hubiera unas nuevas elecciones, ya tenemos unos cuantos políticos inhabilitados que no podrán participar. Por lo tanto, ya buscando la fórmula para que no se pueda repetir un 27-S. Quizá no ilegalizarán un partido entero, pero tratan de impedir que el independentismo se pueda presentar a las elecciones con normalidad.

 

– Con todo, ahora hay que llevar el referéndum hasta las últimas consecuencias. No unas nuevas elecciones, ¿verdad?

– No creo que de unas elecciones resultase ahora mismo un escenario más factible y más realista que el referéndum. Es cierto que siempre existe la duda de la fuerza que pueda tener el movimiento independentista a la hora de confrontar con el Estado un escenario de referéndum unilateral. Requiere actuar al margen de lo que dicten tribunales y gobierno españoles durante la campaña, la preparación de urnas y la votación. Yo puedo entender que haya incertidumbres porque es un escenario inédito. El referéndum de Quebec fue unilateral en el sentido de que no tenía cobertura legal expresa. Pero el Estado canadiense no lo impidió. El nuestro es un caso inédito. No hay ningún caso de una democracia avanzada en la que no se pueda expresar la opción política independentista. No hay precedentes.

 

– Nos ha tocado innovar.

– Sí. Por eso es todo más incierto. Pero también por eso el caso catalán es el más legítimo de todos.

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