Cuando en otoño del 2005 llegó el proyecto de nuevo Estatut a las Cortes, con el 89% de los diputados del Parlament de Catalunya a favor, España aún estaba a tiempo. A tiempo de resolver un encaje constitucional que con el tiempo se había deteriorado, especialmente durante los cuatro años de mayoría absoluta del Partido Popular de José María Aznar. El nuevo Estatut era la respuesta a la deslealtad constitucional hacia el autogobierno de Catalunya, imaginado como dique protector y no tanto como un nuevo horizonte. Maragall y ERC estaban convencidos de tener la comprensión del PSOE de Zapatero y de su propia fuerza en España. Pero optaron por pasar el cepillo, por convertir la derrota en una humillación –incluso del propio Maragall–, y por aprovechar la oportunidad para acabar de derribar el viejo pacto autonómico.
Cuando en primavera del 2010 el Tribunal Constitucional todavía no había dictado sentencia, España aún estaba a tiempo. A tiempo de respetar la voluntad mayoritaria –y resignada, digámoslo todo– de los catalanes, expresada en el referéndum del 2006. Que una sentencia del Tribunal Constitucional favorable a los recursos interpuestos por el Partido Popular tendría consecuencias gravísimas, ya lo expresó este mismo diario en el editorial conjunto que había promovido, “La dignidad de Catalunya”, publicado el 26 de noviembre del 2009. Supongo que los redactores estaban convencidos de lo que escribieron, y que todavía lo recuerdan: “Está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977”; la sentencia podría ser “un verdadero cerrojazo institucional”; “hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana como el defecto de fabricación que impide alcanzar a España una soñada e imposible uniformidad”; “no estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad” y “si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable”. Pues eso es de lo que se advirtió, eso es lo que trajo la sentencia y ese fue el resultado.
Cuando el 20 de septiembre del 2012 el entonces presidente Artur Mas se entrevistó con Mariano Rajoy ofreciendo diálogo para un nuevo pacto fiscal, España aún estaba a tiempo. Mas llevó la resolución aprobada por el Parlament de Catalunya el 25 de julio anterior, en la mayoría de puntos por 108 votos de 135 favorables a la resolución (CiU, ICV-EUiA, ERC, Laporta y PSC). El editorial del Financial Times de aquel mismo día advertía: “Si Rajoy no hace un gesto hacia las demandas de Catalunya, la independencia será imparable, diga lo que diga el Rey”. No creo que el Financial Times frivolizara en una cuestión tan relevante. Pero Rajoy no se sintió concernido por la petición ni por el aviso, y se cerró a cualquier posibilidad de acuerdo.
Cuando el 8 de abril del 2014 Jordi Turull, Marta Rovira y Joan Herrera fueron a las Cortes, España todavía estaba a tiempo. Llevaban una proposición de ley del Parlament de Catalunya a fin de que, atendiendo el artículo 150.2 de la Constitución, se traspasara la competencia para convocar y celebrar un referéndum a Catalunya. No hay que decir que la respuesta fue clara: 299 votos de 350 en contra, bien defendidos por Rajoy y Pérez Rubalcaba. En el 2014, la política española todavía creía –mal asesorados por los que confunden deseos con realidad– que las movilizaciones catalanas a favor de la independencia eran resultado de una manipulación mediática dirigida por Artur Mas y que, con un poco de paciencia, se desinflaría. Un buen caso Palau por aquí, dinamitar la familia Pujol por allí, una chapucera operación Catalunya más allá, y todos los catalanes quedarían desmoralizados y desactivados. España se había creído la sociedad pujolista que ella misma había inventado, con algunos catalanes ayudando.
Cuando el pasado 22 de mayo el presidente Carles Puigdemont fue a Madrid a ofrecer la última oportunidad de diálogo, España ya no estaba a tiempo. Cuando has demonizado todos los márgenes posibles de negociación, si abres uno te conviertes en el propio diablo, y en un traidor. Me sorprende que haya quien relacione el compromiso firme de la mayoría catalana de gobierno y parlamentaria para celebrar el referéndum con cálculos electorales tácticos de ERC, PDECat o de En Comú, y en cambio no vea la relación entre la obstinación española en contra del referéndum y, precisamente, sus debilidades e incertidumbres políticas y electorales.
Lo pronosticaron los redactores de “La dignidad de Catalunya” en el 2009, y lo vio claro el Financial Times el 2012. Durante más de diez años, España ha estado a tiempo. Pero no ha tenido prisa, ninguna prisa. Finalmente, el referéndum de autodeterminación ha sido la única y la última ventana de oportunidad para aquella “legítima respuesta de una sociedad responsable” cuando España ya no ha estado a tiempo.
LA VANGUARDIA
