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Estado de derecho y democracia no son sinónimos PDF Imprimir E-mail
Ferrán Requejo   
Lunes, 18 de Septiembre de 2017 19:43

En el debate político actual se habla con bastante alegría conceptual de la "democracia" y del "estado de derecho". Se presentan a menudo como conceptos teóricos e instituciones prácticas completamente coherentes y armónicas. Sin embargo, esto no resiste ni los análisis históricos ni los conceptuales. De hecho, durante todo el periodo contemporáneo, la lógica democrática ha estado muchas veces en tensión con las lógicas del liberalismo político y del estado de derecho.

Salvaguardar derechos y libertades políticas en un estado organizado desde técnicas liberales de limitación del poder -lo tenga un individuo, un partido o una asamblea- no acaba de ligar bien con el hecho de que se imponga la voluntad de las mayorías. Cuando salen contradicciones entre estas dos lógicas la posición más razonable no siempre está el mismo lado. La democracia puede corregir los excesos elitistas, de clase y el carácter uniformizador en términos nacionales y culturales del liberalismo político, mientras que este último puede hacerlo con la tendencia de las mayorías a imponer su voluntad sin freno en todos los ámbitos posibles.

Tanto la democracia como el estado de derecho son componentes deseables de los sistemas políticos occidentales, pero se da una tensión de fondo inerradicable, tanto normativa como institucional, entre los dos componentes. Tocqueville, Stuart Mill, Russell, Bobbio o Berlin han dedicado análisis memorables a esta tensión de fondo. Este es un tema clásico de la teoría política contemporánea.

Pero es fácil constatar que no todos los estados de derecho son iguales. De acuerdo con indicadores internacionales, España es uno de los más deficitarios. Por un lado, se trata de un estado con déficits estructurales en el principio de separación de poderes, una de las principales claves de bóveda del estado de derecho. También presenta graves déficits en relación a la fiscalía, actualmente encabezada por una persona que ha sido reprobada por el propio Parlamento español. El Tribunal Constitucional (TC) aparece como una institución fuertemente parcial y desprestigiada, hoy sorprendentemente dotada con poderes ejecutivos sancionadores y convertida en un vergonzoso 'correveidile' del gobierno central (¡qué diferencia con los años ochenta y primeros años noventa, cuando el TC estaba formado por "juristas de reconocido prestigio" que lo eran!). Los índices de corrupción se sitúan muy por encima de los de las principales democracias occidentales, mientras que el nivel de fraude fiscal se calcula alrededor del doble de la media de la Unión Europea. Resulta clara la implementación de una importante guerra sucia por parte de agencias estatales en contra de Cataluña en actuaciones que emplean métodos propios de organizaciones mafiosas, dictaduras o estados totalitarios, incluidas acusaciones completamente falsas sobre dirigentes políticos de Cataluña. Esta lista podría ampliarse con facilidad, pero creo que es suficiente para mostrar la baja calidad del estado de derecho español (que a veces he calificado como un estado de derecho torcido).

Por otra parte, se constata que algunas decisiones actuales, principalmente del gobierno central y de la fiscalía, reflejan un universo mental presidido por tics autoritarios. Ejemplos: el considerar que es delito poner urnas (cuando según el marco legal los referendos no son delito), la sobreactuación de una fiscalía algo paranoica y de estilos franquistas que busca todos los objetivos a perseguir, las amenazas a la mayoría de los alcaldes del país, el hecho de amenazar cargos públicos, directores de organizaciones sociales y medios de comunicación, hacer registros en empresas privadas, impedir que se hagan actos en favor del referéndum y vulnerar así la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de prensa, etc.

Las cosas se están desarrollando como si quien tomara las decisiones en el gobierno central y en las principales instituciones no fueran políticos profesionales sino abogados del Estado, un gremio situado en las antípodas de los estadistas. Judicializar un tema de esta profundidad es ser muy corto de vista. La estrategia de la ilegalidad y del miedo está fracasando. Resulta difícil mantener prácticas de democracia autoritaria en los tiempos actuales. Resultado: las posiciones a favor del referéndum y a favor de la independencia de Cataluña se han reforzado a escala internacional.

La realidad política está muy alejada de lo que las leyes dicen que es la realidad política. De ello parece que algunos dirigentes políticos, especialmente los de formación jurídica, aún no se han enterado. A las instituciones del Estado les fallan tanto las políticas como la narrativa. Sólo les queda profundizar en las medidas coercitivas, que ahora ya no parece que puedan revertir. Y al final veremos cuál es el grado de eficacia que tienen. De momento parece que poca.

Ciertamente, la unilateralidad no es el procedimiento ideal para resolver cuestiones fundamentales en sociedades civilizadas. Sin embargo, la historia, la realidad actual y la ausencia de propuestas concretas pueden hacer que sea lo más adecuado en términos de racionalidad práctica. Y cuando la política no está ni se la espera, la unilateralidad resulta incluso inevitable.

Actualmente, la lógica del estado de derecho español choca frontalmente con la lógica de la democracia en Cataluña. Una situación contemporánea con raíces trágicas que remite a Shakespeare y Eurípides, y que hay que solucionar en términos pragmáticos. El presidente Rajoy anunció que la respuesta a la convocatoria del referéndum sería "inteligente". Esto sería de por sí toda una novedad. Sin embargo, hasta ahora no se han encontrado en ninguna parte signos de esta inteligencia. Mejor para el referéndum. Mejor para el futuro estado de derecho y para la democracia en Cataluña. Nos vemos el día 1 de octubre.

ARA