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Ángel Castiñeira   

"En el siglo XXI, el poder es más fácil de adquirir, más difícil de utilizar y mas fácil de perder”

Moisés Naím, El fin del poder (2013)

 

Los presidentes de gobierno que piden obediencia acrítica, subordinación estricta y acatamiento sumiso a la ciudadanía y los que no querrían ningún tipo de obstáculo en su proceder deben enfrentarse hoy, desde el punto de vista interno, al activismo ciudadano, a la crítica constante de medios de comunicación clásicos y hipermodernos -como las redes sociales-, a la proliferación de rivales y contrincantes extraparlamentarios antes inimaginables y al ascenso de un ejército de micropoderes que laminan y degradan su autoridad, el su margen de maniobra y su capacidad real y coercitiva para ejercer este poder. De manera brutal, Zbigniew Brzezinski afirmaba en 2012 que "hoy es infinitamente más fácil matar a un millón de personas que controlarlas". Y tenía razón.

Repitámoslo una vez más. La coacción eficaz de los estados -incluso cuando el poder político, el judicial, el policial, el constitucional y el de la prensa oficial van del brazo- hoy es más costosa y arriesgada y también más fácil de mostrar y denunciar ante el mundo. Las personas tenemos más recursos individuales y colectivos a nuestra disposición para hacer frente al poder que consideramos ilegítimo o abusivo y para no aceptar ser un público cautivo.

Damos por supuesto que en todas las sociedades avanzadas las expectativas de la población aumentan a más velocidad que la capacidad de los gobiernos para satisfacerlas. La pesadilla de los gobiernos que desarrollan políticas bienestaristas tiene hoy forma de maldición: "Vuestros logros presentes son proporcionales a nuestras insatisfacciones futuras" (las de los ciudadanos). Con este círculo vicioso de expectativas crecientes y respuestas menudo menguantes ya contamos. El problema, como en el caso de los catalanes contra el gobierno de Rajoy o de la oposición ciudadana venezolana al gobierno de Maduro, no es que el gobierno actúe lentamente, sino que actúa en contra de una parte relevante de la población. No aporta respuestas menguantes sino que intenta impedir o cortar de raíz las iniciativas y expectativas de la gente. A este tipo de gobiernos y estados Francis Fukuyama los llama vetocracias, porque han diseñado y blindado sus instituciones y sus tribunales de manera que impidan o paralicen cualquier reforma (del Estatuto o de la Constitución) o cualquier consulta o referéndum. La buena noticia es que, si bien Gulliver era muy grande y poderoso, los pequeños ciudadanos de Liliput eran muchos y muy activos, hasta el punto de conseguir ligar y paralizar el gigante. Los Davids a veces hacen tambalear a los Goliats.

Como es fácil deducir, el conflicto entre el Estado español y el soberanismo catalán encaja bastante bien con el planteamiento teórico de la cita de Naím. Como él mismo dice, no hay nada que amenace más a un régimen con tics autoritarios que tener en las calles y plazas cientos de miles de personas que han perdido el miedo y que, con líderes o sin líderes claros, son capaces de organizarse espontáneamente para exigir cambios que el gobierno teme hacer o no sabe ni quiere afrontar.

Hasta aquí la conexión teórica de la deriva contemporánea del poder con la realidad del Proceso. Hay que añadir, también, que el soberanismo catalán ha sido capaz de incorporar factores propios y originales en sus reivindicaciones o tomar prestado a otros empleados en procesos similares de emancipación nacional. La revuelta de las sonrisas, las cadenas humanas, las ocupaciones masivas y festivas de las calles, el talante pacífico de la gente, la firmeza y determinación de tantas y tantas personas que no han perdido nunca el sentido del humor, la construcción de un espacio deliberativo constante mantenido a través de todos los medios y canales de comunicación, la complicidad con las instituciones catalanas, incluidas las municipales; las plataformas, los foros y las asambleas de canalización de las propuestas,

A pesar de toda esta energía colectiva bien canalizada, estos últimos días hemos podido comprobar la descomunal fuerza intimidatoria del Estado. Las revueltas posmodernas, incluida la del independentismo catalán, reproducen a menudo el activismo indoloro de las redes, basado en el efecto (¿inocuo?) de pulsar el botón del "me gusta" o de retwittear una frase contundente, lo que crea la ilusión de amplificación. Sin duda, esto puede contribuir a la visibilidad de la demanda, a modificar el relato y los marcos mentales de mucha gente, a favorecer el intercambio de información y las grandes movilizaciones o incluso alimentar cajas de resistencia con pequeñas donaciones, pero en la mayoría de los casos no se logra un compromiso arriesgado ni suficientemente transformador. Por el contrario, la represión y la fuerza punitiva del Estado moderno, mediante detenciones, inhabilitaciones, multas desproporcionadas o intervenciones de las instituciones catalanas, tiene un efecto inmediato. Este desequilibrio de fuerzas ha quedado bien patente, por ejemplo, durante estos últimos días de desembarco (literal) de la Guardia Civil en Cataluña.

¿Esto quiere decir que todo está perdido para la causa independentista? En absoluto. Quiere decir, en primer lugar, que los cantos, los claveles, las sonrisas y las movilizaciones deben ir acompañados de acciones, institucionales y ciudadanas. Acciones transformadoras, que entienden la desobediencia pacífica no como una forma pasiva de hacerse el muerto sino como una forma activa de tomar decisiones (laborales, económicas, fiscales, políticas, internacionales) y de ejercerlas asumiendo las consecuencias. Lo que ahora sabemos es que el día 1 de octubre (pase lo que pase) no será de ninguna manera el punto de llegada sino tan sólo una meta volante, otra, en un camino que será difícil, largo, doloroso y duro.

El 26 de noviembre de 2009 la editorial conjunto de muchos diarios, "La dignidad de Cataluña", terminaba así: "Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable". El momento necesario es ahora. Y es ahora cuando la legítima respuesta de la sociedad catalana ya no puede reducirse sólo a los cánticos.

ARA