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Posverdades sobre Catalunya PDF Imprimir E-mail
Robert Pastor   
Lunes, 09 de Octubre de 2017 18:47

UNA de las actuales perversiones del lenguaje, muy extendida, es la de llamar a la mentira posverdad (aportación que debemos a la política estadounidense, como tantas otras cosas). Y si las posverdades oficiales de las instituciones españolas han sido a menudo abundantes respecto de la realidad catalana, a partir del domingo pasado, 1 de octubre, van alcanzado techos sucesivos.

Una de estas falsedades, o medias verdades, esenciales es que no hubo referéndum.

Efectivamente, y a pesar de que alguno de los grupos de observadores internacionales avalaron la realización como tal, no reunió las garantías suficientes para la homologación exacta. Pero no es menos cierto que se votó. Y mucho. Prácticamente se pudieron computar los mismos votos que en aquel “proceso participativo” del 9 de noviembre del 2014, tolerado de hecho por la autoridad española: 2.300.000 papeletas que no llegaron a ser secuestradas, porque se llegaron a comprobar las exhibiciones de 3.000.000 de documentos de identidad en las distintas mesas.

El 90% de las papeletas se macaron con el sí a la república catalana independiente, pero solo en Barcelona hubo unos 120.000 noes. Y es que la brutalidad policíaca movilizó a muchas personas decididas en principio por la abstención a emitir el sufragio como protesta activa contra la barbarie en las calles y, más aún, a quedarse en los locales habilitados para protegerlos de nuevas razzias.

En los días previos, el Gobierno Rajoy se hartó de afirmar con toda rotundidad que el referéndum estaba desarticulado, que no habría urnas, ni papeletas, ni nada parecido. El diario francés Liberation mantuvo como su primer titular de apertura de la web La derrota de Rajoy y la CNN otro no menos claro: La vergüenza de Europa.

Al socaire del segundo, se puede concluir que la posverdad más sangrante haya estado en el empecinamiento en negar la evidencia difundida por todo el mundo de las agresiones a la población desarmada por parte de las impropiamente llamadas “fuerzas del orden”. Nada desconocido para las generaciones de los más mayores, y menos en Euskadi, pero absolutamente al margen de los parámetros de las democracias, aún de las meramente formales, del siglo XXI.

La realidad es tozuda y se abre paso, allá donde no se censura o se oculta. Han llegado a hablar de “farsa”, de “manipulación”, de “falseamiento” precisamente los más manipuladores, los que han seguido manteniendo la tesis de la legalidad, aval judicial y la “proporcionalidad” de los apaleamientos a la ciudadanía desarmada y pacífica, incluidos ancianos y niños. En un mundo informatizado, las únicas personas que pueden permanecer ignorantes de la magnitud de lo ocurrido son las que no han querido verlo.

Sigamos con los falseamientos: aparte de las represalias contra los políticos, otra especie de la que quieren derivar consecuencias penales es la acusación de pasividad a los Mossos d’Esquadra. Cerraron más del doble, hasta el triple, de colegios electorales de los que consiguieron “neutralizar” las fuerzas ocupantes. Pero lo que no hicieron fue saltarse la directriz de la magistrada del Tribunal Superior de Catalunya, que era impedir las votaciones “sin alterar la convivencia”. Más claro: fueron más eficaces, sin agredir a sus conciudadanos... y alguno de ellos, a su vez, también fue víctima de golpes de la armada Piolín, que actuó sin mandatos judiciales con frecuencia, lanzó algunas de las cargas sin advertencia previa y disparó a dar -al menos algunas- pelotas de goma autoprohibidas hace tiempo por Catalunya para su policía.

Y así se podría seguir, casi ad infinitum. Decía Tarradellas que en política se puede hacer todo, menos el ridículo. El gabinete Rajoy y sus tropas no pararon de hacerlo. No localizaron los miles de urnas fabricadas en China, depositadas en la Catalunya norte, guardadas por particulares en los sitios más insólitos y llevadas a todos los colegios. En las vísperas, fueron a una sede de Esquerra en Balaguer que no existía: se había trasladado de local un año antes. Se llevaron urnas suplentes con sobres vacíos dentro. Y en Sant Iscle de Vallalta, pueblo del Maresme de 1.292 habitantes, a costa de heridos resistentes, tuvieron tiempo de llevar el depósito de las papeletas a un nicho del cementerio, cambiar la distribución de las mesas y, cuando los policías al fin penetraron, no hallaron más que grupos de personas mayores jugando al dominó.

Todo eso lo siguen definiendo como “restablecimiento de la democracia” y del “Estado de Derecho”. Pero la pregunta del millón sigue siendo: “¿Y ahora, qué?”. Pues ahora, si hacen honor a su compromiso, los grupos con mayoría absoluta en el Parlament están obligados a la Declaración Unilateral de Independencia. Antes, buscan una mediación internacional para seguir cargándose de razones para su razón. Veremos.

Enfrente, cada vez se ve más cerca la suspensión, ahora formal, de lo que ha ido quedando de la autonomía de las instituciones del Principat, para convocar desde el órgano usurpador unas nuevas elecciones autonómicas. Veremos si se atreven a llamar otra vez a votar y si lo hacen con las garantías que impidieron adoptar el 1-O. Veríamos cuántos sufragios conservaría el bloque constitucionalista -salvo pucherazos directos o indirectos, o el error por parte soberanista de llamar al abstencionismo- incluido el PSOE-PSC, el de alcaldesas del cinturón rojo barcelonés oponiéndose frontalmente a la actuación de la Policía española y la Guardia Civil.

Buena parte del mundo, no tanto de la España eterna, ya ha asumido que la zanja abierta es irreversible. Que antes o después, nada ni nadie podrá evitar la república catalana independiente.

DEIA