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La trampa de las elecciones: una jugada de Estado (español) PDF Imprimir E-mail
Pere Cardús   
Sábado, 21 de Octubre de 2017 09:18

El referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, las agresiones policiales de ese día, las amenazas judiciales y políticas del Estado español (artículo 155), la declaración de independencia y su suspensión posterior, y el encarcelamiento de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez han sacudido la actualidad política catalana más de lo que no hubiéramos podido imaginar y prever. El tablero de la estrategia de las partes en conflicto cambia constantemente. Las hojas de ruta se adaptan a cada novedad y cada movimiento pide un mínimo consenso de los actores del independentismo. Los requerimientos del gobierno español al presidente Puigdemont son un factor más que pueden conducir a un desenlace o a otro. Observemos las circunstancias en las que ha aparecido el rumor sobre un plan para convocar elecciones adelantadas en lugar de levantar la suspensión de la declaración de independencia.

 

Ya hace tiempo que se cuece

Convocar unas elecciones adelantadas es una idea que ha ido saliendo en las páginas de los periódicos desde hace meses. Los detractores del derecho de autodeterminación han sido los principales instigadores de esta hipótesis como fórmula para alargar la situación dentro de un marco autonómico y evitar el desenlace. Ya se hicieron unas elecciones plebiscitarias que ganó con claridad el independentismo. De hecho, la idea de unas elecciones ya se hizo correr con fuerza como alternativa al compromiso del referéndum, cada vez que había alguna discordancia entre los partidos independentistas.

 

Un cebo hecho a medida

El rumor de una convocatoria de elecciones ha vuelto a hacerse circular después del referéndum, acompañado de una clara voluntad de menospreciar el resultado del 1 de octubre. Con todo, el rumor ha cogido más fuerza cuando ya se sabía que uno de los objetivos de la aplicación del artículo 155 de la constitución española sería disolver el parlamento y convocar elecciones autonómicas. El cebo que se ha exhibido para seducir a los partidos independentistas sobre este camino es que el resultado les sería muy favorable tras la represión violenta del Estado español.

 

La sorpresa represiva

Sin embargo, la falsa solución de las elecciones esconde una trampa: la ilegalización de los partidos que lleven el objetivo de la independencia en el programa. Esta opción ya ha sido presentada en algunos foros españolistas y defendida por las voces más agresivas del unionismo. La insistencia de algunos partidos en convocar elecciones es muy indicativa, sabiendo que no hay ninguna encuesta ni ningún estudio serio que indique la pérdida de la mayoría absoluta del independentismo. La trampa de presentar las elecciones como una solución y suspender los partidos independentistas una vez disuelto el parlamento es un camino lógico bajo la mentalidad del Estado español. De hecho, que sea Puigdemont quien las convoque sin que ni haya que aplicar el 155 sería una jugada maestra en la que el independentismo cavaría el agujero en el que lo quieren enterrar.

 

El chantaje y la amenaza

Es en este contexto donde hay que situar las llamadas en forma de chantaje que ayer indujo a publicar el gobierno español. 'Si se convocan elecciones, no aplicaremos el 155', decían unas 'fuentes del gobierno español'. El ofrecimiento del gobierno español es: 'Si aceptáis la trampa que os hemos preparado, no os pegaremos ni os encarcelaremos'. Y, a continuación, detallan las medidas punitivas que se aplicarán si no se acepta caer en la trampa: el objetivo prioritario de la aplicación del 155 sería convocar unas elecciones autonómicas en Cataluña para 'restablecer el autogobierno'. La respuesta de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, fue muy clara ayer: "El escenario electoral es un escenario perdedor para el país. No necesitamos mandatos partidistas. El mandato democrático ya lo tenemos: referéndum del 1 de octubre".

 

Un calendario corto

Los próximos días serán decisivos para ver qué pasos sigue el gobierno para avanzar en la ejecución del mandato democrático. El debate más intenso es si hay que levantar la suspensión en caso de aplicación del 155, si se ha de hacer antes de que el Estado haya empezado a ejecutar la intervención, o si el mantenimiento de la oferta de diálogo mientras el Estado reprime día sí día también refuerza o debilita la posición del govern en la escena internacional. El Estado español necesita una semana para instaurar la intervención del autogobierno. Según el calendario previsto en la Moncloa, las medidas previstas por el artículo 155 se aprobarían el jueves y viernes de la semana entrante en el Senado, es decir, los días 26 y 27 de octubre. Es cuestión de días para que empecemos a vislumbrar el desenlace de este dilema post-referéndum.

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