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Con los pies en el suelo PDF Imprimir E-mail
Borja De Riquer   

Los sucesos de la última semana pasarán sin duda a la historia de Cataluña, pero quizás no en el sentido de que muchos habíamos deseado. Me sorprende que haya quien, en tonos líricos, compare los hechos de los días 26 y 27 de octubre con el 14 de abril de 1931. Hay que vivir en otra galaxia para identificar los dos hechos. Lamentablemente, la reciente proclamación de la República Catalana se parece más a las 10 horas que duró el Estado Catalán proclamado el 6 de octubre de 1934 que a la fiesta popular de tres años y medio antes, cuando cayó el régimen monárquico. En todos los momentos críticos de la historia lo que determina finalmente el carácter del evento es quién acaba consiguiendo el control del poder.

Algún día, con más calma, tendremos que reflexionar seriamente sobre los aciertos y fallos -estratégicos y tácticos- del movimiento independentista y evaluar sus costes políticos, y no digamos emocionales, causados ​​por su imprudente dirección. Hace años que algunos advertíamos, sin que nos hicieran mucho caso, que el proceso soberanista catalán sería más difícil y largo de lo que se estaba diciendo, porque se sobrevaloraban las fuerzas propias y se infravaloraba la solidez del adversario. No se ha tenido suficientemente en cuenta que el movimiento se enfrentaba a un gobierno, y a todo un Estado, gestionado por unos políticos de larga tradición centralista, refractarios a toda negociación, impregnados de nacionalismo esencialista y sin ningún reparo en utilizar las cloacas, las fuerzas de orden público y la judicatura en defensa de sus objetivos. Y, además, que esto ocurría en un contexto europeo e internacional hostil a cualquier ruptura de un Estado, por muy democráticos que fueran los procedimientos empleados. Como se ha podido comprobar, la Unión Europea no tiene muchos principios, sólo tiene intereses, que son fijados por los estados que defienden, el mantenimiento de la actual 'statu quo'.

Estamos en un momento de emergencia nacional como consecuencia de la aprobación por parte del Senado de la aplicación del artículo 155 de la Constitución a la Generalitat de Cataluña. Los efectos de esta aplicación, junto con la actuación de la fiscalía y de la Audiencia Nacional, pueden ser realmente demoledores. Y, encima, se ha cedido la iniciativa y el control del tiempo político al gobierno Rajoy.

Está claro que hay que ir a las elecciones del 21 de diciembre aunque las convoque el gobierno de Madrid. No ir sería una temeridad. Sería correr el riesgo de que la señora Arrimadas alcanzara la presidencia de la Generalitat y que esta institución acabara convirtiéndose en una especie de diputación provincial sometida a las directrices del gobierno español. En mi opinión, hay que presentarse a las elecciones defendiendo unos planteamientos antirepresivos y soberanistas. Hoy la línea divisoria política se sitúa, como quedó bastante patente tras la manifestación del domingo, entre los que apoyan la aplicación del artículo 155 y los que se oponen a ella; entre quienes consideran fundamental reivindicar el derecho democrático de los catalanes a decidir el futuro y quienes sostienen que los ciudadanos de Cataluña no tienen este derecho.

Hace unos días defendía la formación de una candidatura unitaria, similar a la Solidaridad Catalana, integrada por gente de las formaciones políticas y de las entidades ciudadanas que desde hace más de siete años se han pronunciado en favor del derecho a decidir. Ante las dificultades que ello puede suponer y teniendo en cuenta las últimas manifestaciones de los dirigentes de los partidos, creo que, como mínimo, habría que pedirles que incluyeran como elementos comunes y prioritarios de sus programas estas tres reivindicaciones. En primer lugar, la liberación de los detenidos y el sobreseimiento de todas las causas penales, multas y sanciones de carácter político. En segundo lugar, la exigencia del levantamiento inmediato de la aplicación del artículo 155 a la Generalitat. Y, finalmente, la reivindicación de un referéndum con garantías y vinculante sobre el futuro de Cataluña.

Si se puede demostrar con votos reales que más de dos tercios de los catalanes quieren ser consultados en un referéndum vinculante, rechazan la aplicación del 155 y exigen la amnistía, esto dejaría en evidencia ante la opinión internacional la intransigencia y ceguera política del gobierno Rajoy y favorecería las posibilidades de una mediación de cara a la consecución de un referéndum.

Tal vez también habría que pensar en un programa de gobierno con amplio apoyo parlamentario que tras la victoria electoral gestionara con rigor el cumplimiento del programa. Porque hay que ser realistas: a pesar de un hipotético triunfo, nos espera un largo recorrido de tensiones con el gobierno de Madrid y de gestiones internacionales. Haría falta igualmente no despreciar la necesidad de una estrategia unitaria catalana de intervención en la política española para intentar echar a Mariano Rajoy y al PP del gobierno de Madrid y crear un escenario político más favorable a la negociación.

Así las cosas, hay que evitar que la confrontación política se centre en torno a la no se sabe muy bien si proclamada República Catalana. No es este el dilema que se debe plantear a la ciudadanía ante las próximas elecciones. El soberanismo debe conseguir aumentar su fuerza y ​​no correr el riesgo de perderla. Hay sectores sociales que hasta hace poco estaban en una posición expectante, con dudas sobre el Proceso, pero que no eran hostiles y que se indignaron ante la brutalidad policial del día 1 de octubre. No hay que perder esta franja social que puede ser decisiva electoralmente en un momento en que las fuerzas defensoras del 155 están movilizando gente que hasta hace muy poco era bastante pasiva e indiferente. Pienso que la alternativa política a los sectores unionistas debería estar claramente centrada,

ARA