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Defender la dignidad PDF Imprimir E-mail
Héctor López Bofill   

La gran victoria democrática de la mayoría independentista acontecida en las elecciones del 21 de diciembre fue precedida por otra victoria nada menor que marcará los próximos pasos del proceso catalán hacia la independencia: la retirada de la orden de detención contra el president Puigdemont y los cuatro consejeros en el exilio por parte del juez Llarena al constatar que el juez belga rechazaría la citada orden por los delitos de rebelión y de sedición. Este se puede contar como el primer episodio del nuevo teatro de operaciones que marcará el conflicto entre Cataluña y el Estado español en la próxima fase: el de acciones represivas por parte de las instituciones españolas, insostenibles en un estado liberal democrático, que serán sancionadas por una instancia internacional.

La determinación política de la mayoría de la ciudadanía catalana y de sus representantes de culminar el logro de la plena soberanía a través de la democracia, de la paz y del ejercicio de los derechos fundamentales irá erosionando la condición del Estado español como realidad democrática hasta un punto que dejará de ser tolerable por las democracias liberales de occidente y por las organizaciones internacionales europeas de integración si no quieren ser arrastradas en esta deriva autoritaria que pone en peligro el conjunto de Europa como espacio de libertad y de seguridad.

Sin embargo, requerirá de una indescriptible paciencia, de una tenacidad, de un sacrificio y, en definitiva, de una dignidad mayúscula por parte de aquellos que se encuentren (nos encontramos) en el punto de mira de los abusos propiciados por las autoridades españolas. Habrá que aguantar con estoicismo la cascada de agresiones (incluso de cargas contra la integridad física como tuvieron que soportar los defensores de las urnas el día 1 de octubre) que se precipitarán los próximos meses con el fin de impedir la ejecución de la voluntad democrática de la ciudadanía. Pero la perseverancia, esta implacable capacidad de enfrentarse a los cargos con serenidad, de forma pacífica y con las únicas armas del derecho (y en último término del derecho internacional) acabará por producir sus frutos.

Para empezar, si hasta ahora no estaba claro si el derecho a la libre determinación de los pueblos según el artículo 1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas era aplicable al caso catalán, la violación masiva de derechos fundamentales por parte de las autoridades españolas sobre los catalanes como pueblo que ya se ha producido (y que irá en aumento) nos permitirá cobijarnos en esta doctrina para reclamar nuestras libertades. ¿Cómo se probarán estas serias infracciones? A través de toda una serie de batallas jurídicas que iremos sosteniendo en diversos foros internacionales cuya existencia, especialmente aquellos relativos al espacio europeo, es la principal diferencia con respecto a las situaciones de conflicto entre España y Cataluña experimentadas durante el siglo XX y con anterioridad.

En primer lugar, tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es la jurisdicción en la que, una vez agotados los recursos dentro del marco constitucional español, desembocarán todos los procesos que han estallado como consecuencia de los hechos de octubre de 2017. Tal vez habría que apuntar, como estrategia diplomática posible, que otro Estado miembro del Convenio Europeo de Derechos Humanos (¿una democracia avanzada?) siempre podría demandar a España en un recurso directo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como algunos estados escandinavos hicieron contra Turquía raíz del golpe de estado de 1980 (una opción que creo que no se ha ponderado suficientemente). También el espacio judicial de la Unión Europea es susceptible de proporcionar algún recurso que sancione las instituciones de esta organización si se logra establecer un vínculo entre su pasividad y la violación de derechos contra los catalanes impulsada por los poderes públicos españoles.

Y, finalmente, no se debería descartar la posibilidad de llevar a Rajoy y las altas autoridades españolas ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad asociados a la "persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos" [artículo 7 h) del Estatuto de Roma]. El camino será largo pero no se puede desfallecer. Hay que defender la dignidad hasta que nos den la razón en un gesto que podría ser decisivo para la consolidación del nuevo Estado catalán.

EL PUNT-AVUI