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Las cinco vías (con alguna sorpresa) para resolver la investidura PDF Imprimir E-mail
Pere Cardús   
Miércoles, 31 de Enero de 2018 09:20

Estamos a pocas horas de la jornada señalada para la investidura de Carles Puigdemont. El presidente Roger Torrent ha convocado a los diputados para escuchar, responder y votar el candidato propuesto por la mayoría parlamentaria. El Gobierno, con la ayuda siempre fiel del Tribunal Constitucional, trata de dinamitar la decisión democrática con carácter preventivo. Todo ello no tiene ningún fundamento jurídico, pero ya sabemos que la justicia española es caprichosa y, cuando se trata de Cataluña, se aplica con una lógica distinta a la habitual. Por lo tanto, estas próximas horas habrá que permanecer muy atentos para saber cómo se llega al pleno.

La idea que ahora mismo se impone es que la mayoría intentará investir a Puigdemont a distancia por el riesgo -o la seguridad- que sea detenido y encarcelado por el Estado español si osa volver al lugar donde acaba de ganar unas elecciones. Con todo, hay voces que proponen opciones diferentes porque detectan riesgos o debilidades al plan anunciado. Me propongo a continuación comentar pros y contras de estas opciones, que se pueden sintetizar en cinco.

 

El plan A

La idea es que el parlamento abra el pleno de investidura con la lectura del programa de gobierno de Puigdemont a cargo de otro diputado presente en quien haya delegado esta función. La votación -y todo el pleno- será impugnada automáticamente al TC por los partidos de la oposición y, seguro, por el gobierno español. El TC incluso puede actuar con un incidente de ejecución porque ya ha prohibido la votación preventivamente. Esto significa que la investidura será anulada por el tribunal español, no será firmada por Felipe VI ni se podrá publicar en los diarios oficiales. Por lo tanto, Puigdemont no podrá tomar posesión ni nombrar a los consejeros. Si esta es una estrategia meditada y los diputados están dispuestos a actuar en consecuencia, se puede considerar que ya pueden ir diciendo, que será el presidente elegido por el parlamento y eso le dará la legitimidad. No digo que no. Pero después habrá que actuar de diferente modo a cómo se actuó el 27 de octubre y habrá que defender la posición.

Este plan tiene aspectos positivos: se cumple lo que votó la ciudadanía el 21-D; se mantiene el pulso de Puigdemont desde Bruselas; se continúa esquivando el encarcelamiento del presidente; no se acepta la amenaza ni el chantaje del gobierno español; se pone al Estado español en la posición de tener que impedir una presidencia surgida de unas elecciones impuestas por él mismo... Pero también tiene algunos inconvenientes: la suspensión de la investidura deja las instituciones en el bloqueo o intervención actual si no hay un plan de desobediencia posterior; Puigdemont no tendrá poder ejecutivo para nombrar el gobierno ni tomar decisiones si no se consolida automáticamente la independencia...

 

El paso al lado

Algunas voces de Esquerra, pero también del PDECat de una manera más discreta, apuntaron la idea de repetir el paso al lado de Artur Mas. Si entonces quien obligó a hacer el gesto fue la CUP, en esta ocasión sería el gobierno español. En este plan se impondría la idea de la necesidad de tener un gobierno que pudiera trabajar desde el primer minuto. Evidentemente, un primer minuto impuesto desde Madrid y resultado de un golpe de estado en toda regla como el 155. La idea sería que Puigdemont señalara un candidato alternativo que podría ser Elsa Artadi o algún otro peso pesado de la candidatura de Juntos por Cataluña.

Habría que ver si se pretendería simular una presidencia simbólica y representativa desde Bruselas todavía en manos de Puigdemont o si el paso al lado sería una especie de retirada impuesta. Esta opción gustaría mucho al Estado español porque demostraría haber tenido la capacidad de decapitar al gobierno catalán e implicaría una aceptación de la debilidad y de la ausencia de sentido democrático entre el bloque republicano. Habría que ver si la CUP aceptaría esta hipótesis porque, de momento, se ha pronunciado favorable a investir a Puigdemont en la medida que signifique un retorno a la República proclamada.

Ciertamente, el nuevo presidente podría nombrar a su gobierno y empezar a gobernar. El precedente de la aceptación de la subordinación del parlamento y de la soberanía electoral de los ciudadanos sería una losa complicada de soportar por el nuevo gobierno porque el Estado ya le tendría tomada la medida. Entonces habría que preguntarse: ¿qué hará un gobierno nacido de la aceptación de la imposición española al chocar con un nuevo conflicto legal con el Estado? ¿Por qué debemos pensar que entonces sí que plantaría cara si no lo ha hecho ahora?

 

Reforma del reglamento

Dentro del pragmatismo más frío, está la vía Voltas -el editor Eduard Voltas la ha propugnada por las redes-, que consiste en nombrar un presidente provisional sólo para el período necesario para reformar el reglamento del parlamento. La idea es reformarlo para incluir explícitamente la posibilidad de la investidura telemática. Con la mayoría absoluta de la cámara es suficiente para reformar el texto normativo. Luego, se haría una nueva investidura a distancia con el presidente Puigdemont.

En principio, la ley permitiría hacerlo. Como el presidente no se elige por sufragio de los ciudadanos, en caso de dimisión es el parlamento quien tiene la potestad de elegir a otro sin tener que pasar por las elecciones. La propuesta tiene dos inconvenientes que hay que calcular con realismo. Por un lado, el tiempo necesario para reformar el reglamento es una incógnita. Puede hacerse rápidamente, pero también se puede atascar por los trámites a que tienen derecho los grupos de la oposición. El reglamento actual es bastante garantista y tan sólo hay que recordar qué pasó con la reforma aprobada hace pocos meses. Hay que contar con que la cosa se puede alargar bastante tiempo y el gobierno o presidente provisional, también.

Por otra parte, no hay ninguna garantía de que la justicia española no actúe contra la reforma, instigada por los grupos de la oposición o por el gobierno español mismo. Si la interpretación actual del Tribunal Constitucional es la que hemos podido observar este fin de semana, no hace falta ser muy vivo para prever qué dirá en caso de una reforma como la propuesta. Porque el problema actual no es reglamentario, sino político y democrático. Es una vía pragmática, pero puede llevar a un callejón sin salida.

 

La vía Soto del Real

Una especie de variante del paso al lado, pero que buscaría el choque democrático es la vía Soto del Real. Pronto hará cuatro meses que Jordi Sánchez está en la cárcel de Soto del Real con Jordi Cuixart. A diferencia del presidente de Òmnium, Sánchez quiso ir en las listas electorales. Lo hizo en segunda posición en la candidatura de Puigdemont. La renuncia del presidente en Bruselas por la prohibición del TC podría ser utilizada para crear un nuevo problema al Estado español. Consistiría en proponer a Jordi Sánchez para la presidencia de la Generalitat. Entonces, el juez del Supremo debería pronunciarse sobre la capacidad del expresidente de la ANC de asistir al pleno de su investidura. En este caso, existe el antecedente jurídico -jurisprudencia, dicen- del preso vasco Juan Karlos Ioldi, que en 1987 obtuvo el permiso de asistir al pleno del parlamento de Vitoria como candidato a presidente. Entonces, la justicia española aceptó que se trataba de un derecho reconocido como diputado electo.

Volvemos a la situación anterior. Como la justicia que se aplica en Cataluña está hecha a medida contra los independentistas, podría ocurrir que el juez retirara -inconstitucionalmente- el derecho del diputado Sánchez a estar presente en su investidura. Entonces, tal vez habríamos llegado al fin de la calle y el bloqueo sería el mismo que si se hubiera investido a Puigdemont. Todavía habría otra incógnita: si el juez le dejara asistir a la investidura, ¿qué haría una vez elegido presidente? ¿Lo devolverían a la cárcel? ¿Le cambiarían las medidas cautelares? ¿Inventarían una nueva situación procesal para atenazar su capacidad de actuación como presidente?

 

El riesgo más alto

Finalmente, hay una última opción. El TC ha dicho que la investidura de Puigdemont no se puede hacer a distancia. Si el objetivo es esquivar esta amenaza, existe la posibilidad de hacer entrar a Puigdemont al parlamento para hacer una investidura presencial. La capacidad logística existe, aunque sea arriesgada. Habría que ver si los grupos de intervención de la policía española y la Guardia Civil recibirían la orden de asaltar el parlamento durante el pleno para impedir la investidura. En todo caso, no sé si muchos otros paises europeos también la podrían resistir y, especialmente, sus opiniones públicas.

Esta vía es la más arriesgada por la posible detención, pero también porque podría llevar al encarcelamiento -casi seguro- del presidente. Así, perdería la capacidad de influencia internacional que se ha ganado en Bruselas. Si esto ocurriera, tengo pocas dudas de que la gente ya no volvería a casa, dijera lo que dijera el liderazgo político del movimiento republicano. Quiero decir que desembocaría en una revuelta clásica con decenas o cientos de miles de personas en la calle de manera permanente.

Todavía habría otra derivación posible. Y es que así como se ha hecho llegar Puigdemont al parlamento, se le hiciera volver a Bruselas una vez investido presidente. Aquí el grado de dificultad logístico sería mayor. Pero no se me hace difícil imaginar el cordón sanitario que podrían formar decenas de miles de personas a su alrededor hasta la frontera. Soy consciente que dibujo una escena bastante dura y siempre con la amenaza violenta de los cuerpos y fuerzas de seguridad españoles presente. Pero, si hay que descartar esta posibilidad, que sea porque se ven más inconvenientes que beneficios y no por no haberla pensado o no haberla dicho.

Mi opinión sobre todo esto es muy sencilla. Defendamos el derecho democrático de investir a quien tiene mayoría y al mismo tiempo restituyamos a un presidente legítimo expulsado. No se trata de defender una persona por ser esa persona. No es Puigdemont porque es él. El 27 de octubre nos tragamos un golpe de estado y aceptamos concurrir a unas elecciones impuestas. Las elecciones las ganó el independentismo. La gente habló claro el 21 de diciembre. Ahora, ¿qué tenemos que sacrificar?, ¿y en beneficio de quién? Está claro que sería bueno gobernar. Pero no a costa de la dignidad del pueblo que hacer frente a la barbarie del 1-O ni dejándonos reducir la democracia a un circo que contribuya a ocultar su autoritarismo y su dictadura. Por lo tanto, me decanto por el plan A y por el riesgo más alto. Pero, como el segundo puede tener unas consecuencias personales concretas para el presidente Puigdemont, es él quien tiene que estar dispuesto.

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