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El otro proceso PDF Imprimir E-mail
Joan Ramon Resina   
Miércoles, 14 de Febrero de 2018 16:03

'Alguien debía haber calumniado a Josef K, porque sin haber hecho nada malo, fue detenido una mañana'. Así comienza 'El proceso', la gran novela inacabada de Franz Kafka. 'Sin haber hecho nada malo'. Es esencial retenerlo, porque a medida que K. se interna en el laberíntico entramado de los juzgados, la cuestión de su culpabilidad se espesa, y el personaje se pega más y más a la telaraña legal con cada paso que da para aclarar su situación. A pesar del peso de una tradición de lectura existencialista e incluso teológica de la novela, no se puede descartar la opinión de Theodor Adorno, quien veía en Kafka un testigo avanzado del totalitarismo. Su método -cito a Adorno- se verificó cuando los rasgos liberales ya obsoletos que él contemplaba, causados ​​por la anárquica producción de mercancías, se transformaron en las formas de organización fascista. Hace años que se habla de un proceso para designar la transformación política de la sociedad catalana, reflejo invertido de la española. Invertido porque, mientras la sociedad española reacciona a la obsolescencia de los rasgos liberales, que había incorporado a partir de los años setenta, regresando a la intolerancia y absolutismo que han marcado la existencia histórica del pueblo castellano, Cataluña por su parte intenta afirmarse en un contexto de dominación administrativa y neutralización de los derechos civiles; es decir, en un contexto de creciente estatización de la vida (consideren, a modo de ejemplo, la reintroducción del servicio militar obligatorio en Francia, indicio de la regimentación que invade el continente para hacer frente al auge de los incontrolables 'populismos').

Si en el periodo de entreguerras la crisis del liberalismo correspondía a la irracionalidad de la producción económica desregulada, la crisis que destruye los rasgos liberales de la sociedad española de los últimos decenios del siglo XX fue consecuencia de la desregulación bancaria. El resultado, espectacular, de la anarquía bancaria fue la burbuja inmobiliaria que alimentaba al tiempo que se alimentaba de la corrupción de prácticamente todas las esferas institucionales, comprendidas las autonómicas. No es casualidad que, una vez estalló la burbuja y la banca fue rescatada a costa del contribuyente, España descubriera la profundidad y extensión de la corrupción política. Pero si este es el orden fenomenológico, perceptivo, del descalabro, en el orden causal la crisis económica no fue el detonante de la crisis política, sino al revés. La quiebra de las instituciones políticas, desde la monarquía a los partidos, creó las condiciones en que dejó de funcionar la supervisión de la banca y acompañó la decadencia de la imagen de modernidad y liberalismo con la que España había conseguido un cierto prestigio y homologación internacional.

De eso, prácticamente no queda nada, o muy poco. La puntilla a las últimas reservas de respeto la ha dado el sistema judicial con su descrédito, que abarca desde la fiscalía hasta el Tribunal Constitucional, pasando por el Supremo y las instancias subordinadas. El efecto es el de una atmósfera tan irrespirable como la de las dependencias judiciales en 'El proceso'. El aire enrarecido, que marea a K. hasta el punto que le han de sujetar y acompañar a la salida, es una imagen literal de la corrupción que afecta a todo lo que entra en contacto con los juzgados. Para los que viven y trabajan en este ambiente de la burocracia judicial, la relación es exactamente inversa. Los empleados del juzgado no soportan al aire libre y se debilitan y se tambalean ante el mínimo contacto con el aire oxigenado del exterior. No es necesario dibujar la línea que comunica esta escena de ficción con lo que le pasa a un juez del Estado español cuando, por alguna razón, tiene que salir de la enclaustrada judicatura española y ejercer en un ambiente democrático. Esta incompatibilidad de ambientes es la causa real, y no una cuestión de insuficiencia idiomática (que a pesar de todo es un efecto de la insularidad ideológica), del rechazo de Francisco Pérez de los Cobos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También fue éste el motivo por el que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena Conde, retirara la euroorden de detención del presidente Puigdemont al darse cuenta de que no tenía recorrido en un espacio abierto, donde la justicia no queda supeditada al delirio de persecución política.

El proceso catalán ha dejado paso a un proceso contra Cataluña, con una reactivación de la violencia policial y judicial como no se había visto desde el franquismo. Incluso en el País Vasco, donde la violencia y las torturas han estado presentes durante décadas, y donde se llegó a ilegalizar partidos y cerrar periódicos, la desproporción entre los objetivos y los medios empleados nunca fue tan alarmante. Había un terrorismo activo, que a ojos de españoles y de muchos vascos abonaba la razón de Estado. Allí la persecución, vertida en una formación minoritaria, se podía disimular con una política de sobornos al nacionalismo vasco hegemónico. No obstante, si durante mucho tiempo pareció imposible encontrar una salida de la violencia es porque la finalidad política pesaba más que el coste en destrucción de vidas humanas. El problema se hace insoluble cuando la intensidad y volumen de los medios sobrepasa la finalidad política. Y eso es lo que está pasando en Cataluña, donde el Estado ha activado una guerra total al independentismo pacífico y mayoritario, guerra que no puede ganar, si por ganar entiende reencontrar el equilibrio y restituir la apariencia democrática y el prestigio dilapidado.

En Cataluña la persecución política se adelanta al referéndum del 1 de octubre y la declaración del 27 del mismo mes. Estos gestos de radicalismo democrático, que tenían por finalidad llevar al gobierno español a la mesa de negociación, se han convertido en el pretexto para intensificar un proceso ya en marcha en las altas esferas del Estado. Unas esferas que, a pesar de la ilusión de dignidad que se esfuerzan por proyectar, viven y se mueven dentro de las cloacas, al igual que los jueces de 'El proceso' hacen su trabajo en los desvanes desconchados de edificios de barrio, tienen códigos legales sudados y plenos de pornografía y se expresan con una crudeza que recuerda la de algunos ministros y representantes del Estado español. La ley es algo pobretona y anticuada, pero su maquinaria chirría impertérrita sus procesos hasta el final.

Reclutando las instancias judiciales para hacer la tarea política sucia, el Estado antepone los medios al fin que los justifica y que no es otro que el equilibrio político, condición de la existencia del estado de derecho. Acentuando aún más el desequilibrio provocado por la misma corona en una falla irreparable de su función compensadora, el Estado promueve que los medios desplacen los fines políticos a los que deberían servir. Los juzgados sustituyen a la política y la ley a la convivencia y a la vida misma. Ahora bien, como nadie puede prever las últimas consecuencias de las acciones, son los medios y no la finalidad política anunciada lo que en la vida real decide cuál es la constitución política del Estado. No importa que un Estado declare la democracia o la justicia como objetivos. Lo que cuenta es la conducta de este Estado. La política radica en los medios elegidos, y los valores se traspasan de las grandes palabras a los pequeños gestos, de la misma manera que la invocación de la ley se estrella en la conducta de unos agentes que, en el momento de detener a Josef K., aprovechan para comerse su desayuno y le proponen quedarse con su ropa interior, conscientes de que un encausado es, por el solo hecho de serlo, presa de instancias cada vez más inexorables y tendenciosas.

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