Desde el siglo XVIII, la nación catalana se ha reproducido al margen del Estado. Desafiándolo. Mientras el mapa europeo de las naciones se redefinía desde los estados, la vencida nación catalana, debilitada y descuartizada, tuvo que encontrar otros mecanismos de adscripción y vinculación. La negación de la existencia de una verdadera nación catalana por parte de los estados español y francés ha amparado sus apuestas mononacionales -España y Francia, proyectadas como unidades de destino y naciones homogéneas- y el despliegue de políticas liquidadoras del patrimonio nacional catalán. Las propuestas del ministro Wert y la FAES serían su expresión más reciente.
La afirmación nacional catalana y su consideración como fuente de identidad han tenido que realizarse preferentemente en el ámbito cívico y cultural, y en contra de las agresivas políticas estatales. La continuidad, a pesar de las condiciones adversas, ha podido ser preservada por algunas inercias y por la voluntad y el compromiso de muchos. Y ahora, en el siglo XXI, ante la persistente hostilidad de España hacia las más elementales demandas de reconocimiento y homologación, el pueblo catalán ha tomado la iniciativa política y ha iniciado un proceso inverso a la moda europea de construir la nación desde del Estado: la construcción del Estado desde la nación.
Uno de los factores claves de la excepcionalidad catalana -que dificulta la comprensión desde una mirada convencional- es el carácter de revolución democrática adoptado por el movimiento cívico por el derecho a decidir y para convertirse en un nuevo Estado de Europa. Una revolución democrática que refleja la irrupción política de la mayoría popular y que sella el desplazamiento del protagonismo y de la hegemonía de los sectores dirigentes tradicionales.
Hay acuerdo y hay mayoría. El viejo bloque dirigente ha hecho lo imposible para entorpecer el acuerdo entre Mas y Junqueras. Y ya ha empezado a lanzar botes de humo para proceder a la enmascaramiento y la deconstrucción informativa de la mayoría por el Estado propio. Ya vemos articulistas poniendo en cuestión esta mayoría social y pronto comenzará la avalancha de encuestas dominicales de encargo, cocinadas para erosionar el ánimo y la imagen del soberanismo. Habrá mucho dinero, muchas presiones, más amenazas y engaños, muchas complicidades de puente aéreo, mucha guerra psicológica y mucha miseria intelectual para hacer descarrilar la voluntad mayoritaria. Para generar inseguridad y hacer perder la confianza. Porque el conflicto entre democracia y legalidad es decisivo para el futuro de Cataluña, pero también lo es para el futuro de España. A estas alturas, todo el mundo es consciente y está dispuesto a emplear todos los recursos. Es por ello que la ciudadanía necesita saber que hay un calendario y un compromiso firme. Y que sus expectativas no serán moneda de cambio ni se verán frustradas.
Por eso resultan tan incomprensibles las dudas y vacilaciones de algunas izquierdas a la hora de apostar por el giro democrático y su culminación. Van pasando los meses y siguen sin hacer un análisis profundo de los cambios que se están produciendo en Cataluña. Justo ante sus ojos, en plena crisis, en medio de unos sufrimientos y un paro que se alargan y agudizan, que afectan directamente a sus propias bases sociales. ¡A qué intereses quieren servir? ¿Tanto cuesta ver que la mejor oportunidad para construir un proyecto social nuevo, ahora, va ligada a la construcción de un nuevo Estado en Cataluña? ¿Tanto cuesta ver que la mayoría social ya existe y que la naturaleza del Estado a construir dependerá, sobre todo, de ellos, de la correlación entre las fuerzas -conservadoras y de izquierdas- comprometidas en el proceso de emancipación nacional?
Vivimos en una Europa anquilosada, donde el peso de estados, mercados, capital especulativo, poder financiero y burocracia parece que han secuestrado las energías transformadoras. Por contraste, en esta coyuntura, es la gente trabajadora y más dinámica de Cataluña la que ha mostrado mayor capacidad de autoorganización, movilización y proposición para configurar un espacio histórico y político nuevo. Parece que ICV empieza a decantarse en este eje y aproximarse a ERC. Pero desconcierta que -salvada alguna excepción- el PSC, habiendo finalmente asumido que el derecho a decidir es un fundamento democrático, lo quiera supeditar a la legalidad española y al marco constitucional, justamente para limitar la efectividad de la democracia y las libertades. La percepción distorsionada por abducción desde el Estado tiene precedentes. Las terapias coinciden: reposo, releer los clásicos y hablar con la gente.
