En democracia, como en los testamentos, la última voluntad de los ciudadanos de Cataluña es la que vale. Debemos recordar este hecho elemental a todos los que alegan que la Constitución Española está legitimada para Cataluña porque hace 35 años fue aprobada con una mayoría más alta y un índice de participación más elevado que los referendos de los Estatutos de 1979 y de 2006.
Este es el gran argumento, por ejemplo, del periodista José Antonio Zarzalejos en un artículo publicado el día 13/01/2013 en La Vanguardia para afirmar que los ciudadanos de Cataluña se han adherido mayoritariamente a la legalidad constitucional.
Si tan seguros están de esta adhesión, ¿por qué la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut no falló repetir todo el proceso del Estatut y someterlo a referéndum tal como exige la Constitución española? Los conceptos de democracia y legalidad están encadenados, tal como compartimos con el Sr. Zarzalejos.
En efecto no puede haber una legalidad que contravenga la última voluntad de los ciudadanos de Cataluña expresada en referéndum el año 2006, como ocurre desde la sentencia constitucional de 2010. Desde entonces Cataluña se rige por un Estatuto distinto del que aprobaron sus ciudadanos en referéndum y el Gobierno español, por ejemplo el ministro Wert, legisla contra el Estatut aprobado por los ciudadanos de Cataluña que establecía el carácter preferente de la lengua catalana.
Esta es una conculcación flagrante del artículo 152.2 de la CE que establece «una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes». Si los magistrados consideraban anticonstitucionales algunos artículos del Estatuto, su propia Constitución determinaba que no estaban facultados para modificarlo. Sólo podían ordenar la repetición de todo el procedimiento para adecuar el texto a su interpretación.
El final de este proceso era un referéndum de los electores inscritos en los censos correspondientes. Lo exigió el Presidente de la Generalitat Pasqual Margall cuando dijo: «si el Estatut es modificado lo debemos volver a votar». Si el Sr. Zarzalejos tiene convicciones democráticas arraigadas debería tener la seguridad de que los ciudadanos de Cataluña siguen adheridos a la legalidad constitucional tras una sentencia que ha representado una reforma constitucional en toda regla. Por lo menos hay uno de sus puntos, el 152.2, que ha sido anulado en la práctica por unos magistrados que no tienen ninguna legitimidad para hacerlo.
La violencia jurídica de esta situación incidió de manera tan aguda en el sentido de dignidad y justicia de los catalanes que un millón de personas se manifestaron el 10 de julio de ese año. Los dirigentes del Estado español permanecieron impasibles. Dos años después un millón y medio de ciudadanos llenaron las calles de Barcelona pidiendo independencia. Pero no la quieren imponer al resto de sus conciudadanos; reclaman un nuevo referéndum.
En cierto modo exigen el plebiscito pendiente tras la modificación del Estatuto que establece el artículo 152.2 de la Constitución. El pueblo catalán en las elecciones de noviembre de 2012 volvió a expresar su última voluntad y dio la mayoría a los partidos que propugnan un referéndum con una alternativa diferente a la del referéndum constitucional de 1978. Entonces los ciudadanos de Cataluña sólo pudieron decidir entre el mantenimiento de la legalidad franquista vigente o la nueva legalidad de la monarquía parlamentaria.
Ahora la Declaración de Soberanía recupera el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán que defendían todos los partidos antifranquistas en el tercer punto de la Asamblea de Cataluña. Este pedía el restablecimiento de los principios e instituciones del Estatuto Autonomía de 1932 como expresión del derecho a la autodeterminación. En virtud de este derecho apela a la legalidad internacional y defiende que los ciudadanos de Catalunya puedan elegir entre o bien la Constitución española tal como la interpreta la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, o el establecimiento de un Estado propio.
Todos los demócratas del mundo, incluidos los españoles, deben apoyar esta demanda si quieren estar seguros de que Cataluña forma parte de España de forma voluntaria y no como resultado del derecho de conquista. Cataluña fue anexionada por la fuerza al Reino de Castilla en 1714 basándose en este derecho, luego cambió su nombre por el de Reino de España. Este hecho nos lleva a la interpretación de la historia del Sr. Zarzalejos, que dejamos para un próximo escrito.
