Tanto en la esfera privada como en la esfera pública, el liderazgo constituye un elemento clave para el éxito de los proyectos, especialmente cuando son ambiciosos y suponen cambios de los objetivos y prácticas habituales. Es necesario que el liderazgo sea de prestigio de cara adentro para que sea reconocido y eficiente de cara al exterior. En los proyectos colectivos no se puede avanzar con contundencia cuando se tienen los pies de barro. Uno de los terrenos donde esta formulación general adquiere unas dimensiones más notorias es el de la política democrática.
En el contexto de Cataluña, todo indica que el liderazgo está actualmente bien cubierto. CiU y ERC tienen una responsabilidad compartida. La estabilidad del Gobierno resulta una condición necesaria, tanto para gestionar el país de la manera más armónica posible en el ámbito socioeconómico, como para incentivar la internacionalización política y económica de primer nivel que el país necesita -con apoyo de los sectores políticos y sociales que apoyan el «derecho nacional a decidir»-. En los objetivos básicos del país hay que garantizar que no haya fisuras.
Sin embargo, sería un error que el Gobierno y los partidos que lo apoyan creyeran que se pueden enfrentar solos a las adversidades que se encontrarán tanto en el escenario del Estado como en el escenario internacional. Uno de los haberes más destacados de Cataluña es la solvencia práctica e intelectual de determinados sectores de su sociedad civil. En el mundo empresarial, universitario, de la investigación, los colegios profesionales, del asociacionismo, etc., Hay toda una serie de recursos humanos que no han sido muy explotados políticamente. En los ámbitos de las infraestructuras, del bienestar, de las comunicaciones, de la energía, de la sanidad, de la ciencia, de la ecología, de la educación, de la cultura, etc., Hay actores sociales de calidad y con vocación de país, capaces de aportar buenas ideas, proyectos y estrategias, y que no han recibido suficiente atención hasta ahora por parte de las instituciones públicas. Se trata de actores, digamos, leídos y viajados. Actores informados, analíticamente solventes y que piensan el país en términos de modernidad y de futuro. Haría falta que desde el Gobierno se optimizaran todos estos recursos y energías. Creo que faltan puentes entre el Gobierno / administración y los sectores más dinámicos y preparados de la sociedad catalana. Aquí, algunas prácticas de los países anglosajones (por ejemplo, las Royal Commissions) son una referencia clara, al igual que las experiencias, más conocidas, de la gestión pública-privada.
Resulta obvio que en Cataluña la cuestión nacional y la cuestión social están imbricadas. Y lo deberían estar mucho más los objetivos y las estrategias en ambos ámbitos, también por parte de los partidos catalanistas de la oposición (el PSC se está convirtiendo en un partido de psiquiátrico). Esto se enmarca en un déficit fiscal escandaloso y en la actuación de un gobierno español que incumple sistemáticamente los acuerdos previos (8.600 millones de euros) y que actúa, en contra de las indicaciones europeas, de una manera muy desleal respecto a Cataluña centrifugando el déficit y no asumiendo su parte proporcional, que es la mayor del conjunto, no aplicándose a sí mismo lo que exige a las comunidades autónomas; manteniendo ministerios enteros inútiles y redundantes; cerrando la puerta sistemáticamente a acuerdos territoriales equitativos, etc.
Desde la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, el marco legal español se ha transformado en un marco hostil para Cataluña. Además, las prácticas del gobierno central constituyen una fuente sistemática de ahogamiento económico y fiscal. Tal como se ha interpretado la Constitución y tal como los gobiernos centrales lo aplican, un montón de artículos y de prácticas se han convertido en bombas contra el autogobierno: interpretaciones homogeneizadoras de la unidad de mercado, de la noción de igualdad, de los derechos, de las leyes de bases, leyes orgánicas, etc. Una de las conclusiones de la actual política comparada de estados plurinacionales es que las versiones unitaristas de la igualdad de ciudadanía y de la soberanía popular, ya sean de carácter no democrático o de carácter jacobino, se convierten versiones que, en atentar contra el reconocimiento y la acomodación del pluralismo interno, también lo hacen contra los mismos valores liberaldemocráticos. En estos casos, los ciudadanos de las minorías permanentes de carácter nacional son tratados de manera desigual como ciudadanos de segunda, todo en nombre de la «igualdad de ciudadanía».
En Cataluña, la congruencia entre las instituciones -Gobierno, Parlamento, ayuntamientos, etc. – y la sociedad civil resulta imprescindible en estos momentos de cambio. Pero aún lo es más la interrelación entre estos dos ámbitos del país. Si políticamente hay un buen liderazgo y más sociedad, también habrá un gobierno mejor. Y Cataluña puede ser imparable.
