Había una vez en Cataluña un modelo de sociedad industrial que casi identificaba a los grandes empresarios con el poder económico y el núcleo duro de la clase burguesa dirigente. Aquella sociedad fue envejeciendo pero aún encontró vías de alianza con el poder político durante el franquismo y la primera transición. Con el proceso de concentración y liberalización, especialmente en sectores estratégicos, el capitalismo financiero alcanzó el control de buena parte de los grandes grupos empresariales y los antiguos monopolios estatales privatizados. Así, un grupo selecto de gestores del capital y altos directivos ocuparon una parte creciente del espacio y funciones de los antiguos empresarios. Hubo, es verdad, un puñado de aventuras empresariales discrepantes de este modelo, pero la tendencia era clara y encajaba con las pautas del nuevo capitalismo global sin rostro. Al otro lado del espectro, simultáneamente, emergieron una gran cantidad de empresas de gente emprendedora que, lejos del arquetipo burgués, procuraba realizar con éxito sus proyectos. Crear empresas era y es el procedimiento adecuado para impulsarlos.
En Cataluña, a pesar de la acreditada tradición industrial, este nuevo segmento emprendedor y su red de pequeñas y medianas empresas es hoy claramente predominante. Su papel en la reconversión industrial del país y en el esfuerzo por ganar capacidad de innovación y competitividad ha sido fundamental. Pero, en cambio, las inercias históricas todavía proporcionan mucha visibilidad a sectores y a entidades empresariales que han tenido el protagonismo principal en etapas anteriores y que, sin embargo, reinciden en viejas rutinas de comportamiento. Por ello, en momentos decisivos como el actual, da la sensación de que el dinamismo del universo empresarial no queda suficientemente reflejado en los mecanismos de su representación e intervención social. Algunas de las voces más afectadas que escuchamos, queriendo hablar en nombre del empresariado, suenan desproporcionadas en relación a su influencia real en el conjunto de la economía catalana y a su posición efectiva dentro del tejido empresarial.
Esto se debe tener en cuenta cuando algunos portavoces preparan, con los apoyos políticos y mediáticos correspondientes, operaciones de presión sobre el Gobierno para volver a poner el acento en el pacto fiscal. Posición bien diferente de la que expresaban los resultados de las encuestas que algunas organizaciones hicieron entre sus afiliados, a propósito de la relación entre Cataluña y España. El contraste es similar si comparamos el silencio negligente de años ante la política económica del Estado -desatención de inversiones, incumplimientos, fiscalidad lesiva… – con las jaculatorias del miedo, o las llamadas a la prudencia de estos días, cuando el Estado lo requiere.
La vieja clase económica dirigente -ahora, en general, ya poco dirigente- estaba mal acostumbrada. Salvo algunas excepciones, iban a Madrid a gestionar políticas de favor, sin cuestionar el planteamiento nuclear de las políticas económicas del Estado, porque no tenían un modelo propio alternativo. En términos españoles, asumían su papel subsidiario. En Barcelona, en cambio, llegada la Transición, podían hacer de gallos, y procuraban apretar y exigir determinadas políticas, incluso en nombre de algún tipo de interés regional o promesa de mecenazgo . Pero este juego se acaba. El cambio de hegemonía social en Cataluña y la consagración de una mayoría política soberanista necesitan como interlocutor al empresariado dinámico realmente existente, en toda su complejidad.
El empresariado tendrá un protagonismo fundamental en la configuración del modelo social catalán que surgirá de la crisis económica y de la crisis de relación con España. Este empresariado necesita un entorno favorable (administración eficiente; buenas infraestructuras, telecomunicaciones y conexiones aeroportuarias; energía a costo razonable; buena formación de capital humano, crédito disponible, apoyo a las exportaciones…). Por eso hay un número creciente de empresarios partidarios, por racionalidad económica, de un Estado catalán independiente. Por el contrario, la reacción empresarial contra el proceso soberanista corresponde al sector más conservador, acostumbrado a negociar posiciones de privilegio particulares a cambio de propiciar la sumisión política colectiva. Pero el nuevo escenario político catalán proporciona al Gobierno suficiente apoyo social y político para encajar este tipo de presiones. El interés general y la voluntad democrática prevalecerán.
