El cirujano de hierro

La impugnación por parte del gobierno español de la declaración de soberanía en el Parlamento no es la peor manera de frenar las aspiraciones secesionistas catalanas. En un marco de descomposición económica e institucional del Estado determinadas figuras políticas coadyuvadas por un tejido de poderes empresariales y mediáticos están conspirando para impulsar un cambio de régimen. Si con la sacudida no basta para limpiar, al menos se trataría de propiciar una situación excepcional que frenara el descenso y, según el criterio de los implicados, ordenado el poder público español empezando por aplastar el soberanismo en Cataluña, sin descartar un horizonte de intervención y posterior anulación del autogobierno.

 

El embrión de este proyecto ya se encuentra dibujado por la Fundación España Constitucional promovida por exministros del PP, del PSOE y de UCD encabezados por Eduardo Zaplana y José Bono, con el apoyo de una treintena de integrantes de los ejecutivos de Suárez, de González, de Aznar y de Zapatero, incluidos nombres de peso como Ángel Acebes, Elena Salgado, Carlos Solchaga, Marcelino Oreja o Rodolfo Martín Villa. Parece que el mismo Aznar se encuentra detrás de la iniciativa, con la no muy disimulada voluntad de liderar el proyecto. Según algunas fuentes, también contarían con la aquiescencia de Felipe González.

 

Los instigadores de las maniobras son muy conscientes de que en el contexto de la Unión Europea no tienen cabida los golpes de Estado, los pronunciamientos o los conflictos que degeneren en derramamientos de sangre (la solución por otro lado tradicional por la que optaban las élites españolas cuando tenían que hacer frente a una crisis), por lo que no piensan dar ningún paso adelante que signifique una vulneración de la legalidad (de la constitucionalidad, como se deriva del nombre de la fundación que los cobija) y de ahí también que las intenciones de los protagonistas comiencen a exhibirse abiertamente. La comunión entre exministros de gobiernos de colores diferentes se presentó con toda la pompa en Madrid a comienzos de año a pesar de que los medios catalanes hicieran poca mención. Los exministros aludidos, por otra parte, comparten otro atributo: la mayoría de ellos pertenecen a consejos de administración de grandes empresas de las que reciben suculentas compensaciones a cambio de velar por los intereses de una oligarquía que se siente amenazada tanto por los desafíos a la unidad estatal procedentes de Cataluña como por la gestión de un Rajoy que consideran demasiado blanda en la cuestión nacional y sin rumbo en materia económica. La alternativa sería un cirujano de hierro, una autoridad severa que asegurara los beneficios del patriciado, que ejecutara con mayor contundencia las medidas de austeridad y que se comprometiera en un ultranacionalismo destinado a conseguir la lealtad de las castigadas clases populares españolas promoviendo la definitiva recentralización y la liquidación de las autonomías.

 

Mientras en Cataluña vamos improvisando con la hoja de ruta hacia la consulta sobre el Estado propio, con una descoordinación entre una sociedad civil que reclama la aceleración del proceso y un gobierno débil y acosado por casos de corrupción, la rueda dentada de la conjura española ya hace tiempo que está activada y con posibilidades reales de concretarse. Estaríamos hablando de un pacto entre sectores del PP y sectores del PSOE para defenestrar las respectivas cúpulas actuales, consolidar un gobierno de concentración nacional (española, se entiende) y plantear una reforma en profundidad de la Constitución que afectara también al jefe de Estado. Las desconcertantes reacciones del PSC, un partido con muy buenas conexiones en Madrid, son susceptibles de ser leídas en la clave de las inquietantes oscilaciones que se están detectando estas semanas: esto abarca tanto las enigmáticas declaraciones de Pere Navarro abogando por la abdicación del rey (quizás porque todavía prefiere una monarquía encabezada por Felipe VI que una república española de resonancias falangistas) como la repentina fractura con el PSOE por la cuestión del derecho a decidir, incluso haciendo frente a un Rubalcaba nada comprensivo con cualquier posición autodeterminista que irrite aún más a la vieja guardia de su partido preparada para desplazarlo.

 

Que los partidarios de la terapia de choque actúen o no dependerá de varios factores, como que cuenten con la complicidad de los estamentos militares, policiales y judiciales, que la exigencia de las responsabilidades en la quiebra de las grandes entidades financieras llegue (o no ) hasta el final o que los grupos energéticos, de infraestructuras y de telecomunicaciones que han especulado y han hecho beneficios millonarios con los mercados regulados salven los muebles a través del BOE.

 

Pero para lo que más nos importa, lo que afecta a Catalunya, la clave de bóveda será si la clase política, las élites económicas y la ciudadanía se encontrarán en condiciones de resistir una embestida sin duda más incisiva que una sentencia de un Tribunal Constitucional desprestigiado. Sería siniestro que en plena ofensiva no ya para detener un pueblo que se moviliza por la libertad sino para terminar de allanar el autonomismo nos diéramos cuenta de que buena parte de los principales cómplices del cirujano de hierro son algunos poderes fácticos catalanes. En septiembre de 1923 y julio de 1936 ya nos enseñaron que algunos prefieren conservar sus privilegios aunque tengan que pagar el coste de autodestruirse su identidad. Hay demasiados motivos para pensar que la historia podría repetirse.

 

 

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