El debate sobre la pregunta que se debería hacer en la consulta soberanista ha terminado ocupando un lugar central en el debate político. «La pregunta» se está convirtiendo en un hipotético lugar de encuentro o de ruptura. De ella han hecho cuestión ERC y CDC, que exigen una pregunta clara y de respuesta binaria. Para Duran la pregunta también es la piedra de toque para introducir su tercera vía. Y Pere Navarro ha hecho de la pregunta el ser o no ser de la posición del PSC, al advertir -en la entrevista que le hacía Antoni Bassas- que no pensaba hacer pública su propuesta hasta que fracasara el diálogo [sic] entre Mas y Rajoy.
En su primer informe del 25 de julio, el Consejo Asesor para la Transición Nacional dedica catorce páginas a consideraciones técnicas sobre cómo podría y debería hacerse la pregunta. A la vista de los debates, no parece que estas páginas hayan sido muy leídas. El CATN estudia: a) la exigencia de claridad y neutralidad, b) el tipo de respuesta, binaria, múltiple, con preguntas sucesivas -en más de una vuelta- y, además, una fórmula con ordenación de preferencias, y c) si hay que mencionar en la pregunta cómo se debería implementar el resultado. Como el documento es público y comprensible, sugiero a quien le interese la cuestión que lo lea con atención (páginas 73 a 86).
Ahora, sin embargo, quisiera hacer dos apostillas al debate orientadas al sentido de la consulta y sus consecuencias. En primer lugar, quisiera insistir en la diferencia entre opinar y decidir, una cuestión esencial que en algunas declaraciones de nuestros líderes y analistas políticos no siempre se tiene bastante clara. Y es que las opiniones, que suelen ser recogidas en encuestas, tienen la virtud -y la limitación- de que nos permiten responder sin preocuparnos de las consecuencias de nuestras ideas. Podríamos decir que se pueden sostener irresponsablemente, porque no tienen consecuencias. En cambio, un voto no es una opinión: es una decisión que tiene efectos prácticos y, por tanto, que no se da sólo atendiendo a principios, sino haciendo un cálculo sobre intereses y repercusiones. Hay que prever, pues, que los resultados de una consulta no serán los mismos de los de una encuesta. Pero sobre todo hay que entender que una consulta -aunque el nombre sea equívoco- no se hace para saber qué pensamos sino que queremos.
Por tanto, y en segundo lugar, si el objetivo de una consulta o referéndum es tomar decisiones, no debe generar un estado de confusión ingobernable. Ahora imaginemos que, por hacer caso a los de la tercera vía, se hace una pregunta con respuesta múltiple que, además de la independencia (sí) o de mantener el modelo autonómico actual (no), incluye una opción federalista con cambio de la Constitución. Y supongamos unos resultados de 40, 30 y 30 por ciento en cada respuesta. Si gana la independencia, habrá que recordar que el 60 por ciento ha preferido quedarse en España. Si gana el autonomismo actual, resulta que el 60 por ciento habrá votado por abandonarlo. Y si gana el cambio constitucional, tampoco permitirá actuar porque es la única decisión de todas que no depende de los catalanes. El lío en cualquiera de los resultados -si no hay ninguna mayoría absoluta- lleva a la mayor de las confusiones, que sospecho que es lo que se quiere con esta propuesta.
El desafío soberanista no ha ganado la fuerza que tiene por ganas de liarla, sino por la ambición de conseguir un Estado independiente, con conciencia de los riesgos que conlleva pero asumiendo como parte intrínseca de la defensa de la propia dignidad nacional. ¿Alguien se imagina una Vía Catalana por el federalismo, la confederación o la reforma de la Constitución? Por tanto, como recomienda el informe del CATN, por favor, vayamos ‘to the point’, que en catalán y español significa ir al grano. La cuestión se debe responder con un sí o un no. Y si sale no, que lo gestione como pueda quien lo haya promovido.
ARA
