Parece que gana fuerza dentro de esta parte de Navarra, por algunos denominada comunidad foral, la sensación de que el modelo impuesto por U.P.N. ha agotado su recorrido. La responsabilidad en este modelo, a decir verdad, es compartida por el P.S.N., igualmente comprometido en la solución de una autonomía diferenciada, con la que se pensaba hacer frente a la constitución de un firme polo aglutinador de los territorios navarros y futurible intermedio de la recuperación de un Estado soberano. Adalid del proyecto autocalificado de navarrista fue Del Burgo y, más que mentores, Uranga, representante de la oligarquía histórica apoyada en la mitología de la foralidad de la Paccionada, junto con Arbeloa, representante de un P.S.O.E., presunto depositario de la herencia de la militancia republicana masacrada por quienes eran el referente político de U.P.N. A decir verdad los denominados socialistas agrupaban, mejor, a una amalgama de individuos sin definición específica hasta aquel momento; individuos que calculaban las ventajas de la promoción social mediante el denominado trabajo político, sin estar marcados previamente por el lastre de colaboración con el franquismo.
Que el modelo haya funcionado, no es mérito del diseño, sino de la inercia de la Dictadura franquista, trasmutada durante el proceso del sistema monárquico juancarlista. Conforme avanza el tiempo se generaliza la convicción de que el denominado Amejoramiento respondía al consenso de ambas fuerzas gestoras con la mira en el control de las tendencias soberanistas; ahogadas estas en el marasmo de 1936 por reivindicadoras del carácter originario de la Navarra histórica y de su vieja cultura política; cultura esta que busca la concreción de formas de libertad adecuadas al Presente. De la misma manera U.P.N. que el P.S.N. se han negado a entender que el poder político gestionado por ellos mancomunadamente era gabela que debía pagar nuestra colectividad a la oligarquía autóctona impulsora de 1936 y al propio Estado español. La ignorancia desdeñosa de este particular llevó a tales formaciones a creer que la fuerza por ellos detentada se fundamentaba en la profundidad de una identidad de su Navarra, inamovible e irrevocablemente vinculada a la estructura socio-política vigente, auspiciada por ellos.
A lo largo del periodo estas fuerzas han manifestado una prepotencia sin concesiones, por haber interiorizado que el status de la C.F.N. era envidiable. Así parecía demostrar la disposición y disfrute de unos recursos, financieros particularmente, que alcanzaban a satisfacer demandas sociales que se pretendían imposibles en otras latitudes del territorio del Estado español. Amos incontestados de tales recursos, los gestores de la Comunidad Foral del Amejoramiento los dispensaron con prodigalidad, atendiendo las demandas de sus parciales. Obtuvieron así la adhesión de estos para sí y el mismo sistema, sin dejar por ello de consensuar lo fundamental con las siglas rivales de su compadreo. De este consenso eran apartados los soberanistas que discrepaban del modelo, al que acusaban de satisfacer primordialmente los intereses españoles y de determinados sectores caciquiles de la misma sociedad navarra. El modelo ha intensificado una utilización de los recursos de la colectividad en una dirección espuria y corrupta en definitiva. La corrupción no constituía en sí misma realidad novedosa en el seno de la administración de Navarra. De Hecho las quejas sociales al respecto eran numerosas en tiempos precedentes, aunque es igualmente cierto que las prácticas corruptas no alcanzaban las dimensiones habituales en la administración española en general. La democratización reclamada por las fuerzas políticas conformadas en el momento de la transición dio paso a unos gestores vinculados a instancias foráneas, desligando en parte el control de la administración navarra de sus bases más locales y oligárquicas. Esta circunstancia y el impulso en el equipamiento de infraestructuras diversas facilitó la manipulación de los recursos públicos, a tono con lo que ha caracterizado en el conjunto del Estado español la monarquía de Juan Carlos, epígono del franquismo.
De manera escandalosa, como fueron los casos de Del Burgo y Urralburu, o en el límite de una flexible legalidad, hasta la desvergüenza de Barcina y congéneres, han fluido los dineros navarros, para llenar cajas de partidos y particulares en perjuicio de los servicios públicos y despilfarro de oportunidades de cara a los problemas futuros. Este fue el resultado de la denominada democratización institucional, impulsada por la oligarquía del Amejoramiento, a la que han prestado su apoyo numerosos elementos de origen de izquierdista y del progresismo que terminaron por dar por bueno que el orden político generado en la transición cumplía las exigencias democráticas de la voluntad popular.
No obstante, la crisis ha desencajado las estructuras del constructo y ha quedado en evidencia la endeblez de sus bases y parafernalia de sus decorados. Es obligado reconocer el papel jugado por los sectores sensibilizados de nuestra sociedad que pudieron resurgir de la masacre de 1936, liberándose de las servidumbres a que se veían sometidos al alimón por la oligarquía caciquil asociada al poder español. Son estos los factores decisivos causantes del fracaso del vigente marco jurídico-político, cuando los gestores del mismo -U.P.N. y P.S.O.E.- se dan de bruces con la dificultad para hacerlo funcionar. La crisis presente ha sido el detonante, aunque los rasgos que presenta la situación actual, responden a los fallos estructurales de una gestión, en definitiva, hija del proyecto de vinculación a los intereses de España que se adecuaban a las expectativas oligárquicas locales.
Existe un consenso en cierta medida generalizado de que las instituciones de la C.F.N. han sido manejadas de manera excluyente. Incluso quienes las defienden han proclamado sin rebozo que en ellas no tenían cabida los soberanistas por rechazar las exigencias del sistema. Se ha evidenciado que este se fundamenta en un planteamiento dirigido a impedir que la Sociedad de esta denominada comunidad foral pueda en un futuro conformar la unidad con los otros territorios históricos de la Navarra, unidad que podría recuperar lo que fue un Estado soberano. El rasgo más destacado de sistema vigente en la C.F.N. ha sido la adecuación de sus planteamientos a los españoles, con el olvido de intereses más cercanos, tradicionales a la administración navarra -aun dentro de los intereses de la oligarquía-. La presencia de comisarios políticos inmersos en las organizaciones de ámbito español que actúan en esta autonomía, ha sido norma generalizada, convirtiendo a la administración navarra en una rama sumisa de las directrices marcadas por los responsables españoles, en agudo contraste con lo que ha ocurrido en la comunidad autónoma vasca y en Catalunya. Barcina, Miranda, Lapazarán, Colín, López Mazuelas son los casos más visibles dentro de una multitud de nombres menos conocidos, pero frecuentemente en misiones de más alta responsabilidad.
Se puede afirmar que en el momento presente el modelo hace aguas, -porque son aguas fecales las que inundan los pasillos de la administración de la C.F.N.-, cuando las insuficiencias impiden satisfacer prebendas y el funcionamiento normal del aparato administrativo. U.P.N. y Barcina se obstinan en controlar un sistema que se muestra fracturado. No de otra manera cabe calificar a unas instituciones en oposición flagrante y abierta. Es inaudito que un ejecutivo pueda mantener los resortes de la administración frente a un legislativo – en definitiva el único referente de legitimidad- que reclama permanentemente su dimisión y se niega a sancionar sus decisiones. Que se plantee a la mayoría de la cámara por parte de Barcina la exigencia de una moción de censura que obliga a la presentación de un jefe de ejecutivo alternativo, no va más allá de un simple resorte legal. Su misma existencia en el mecanismo de cambio de ejecutivo se vuelve en contra de quien se empecina en mantener un gobierno en minoría en contradicción flagrante con el principio inamovible de contar con la aquiescencia del legislativo. A destacar su finalidad de obstaculizar la posible llegada al poder por parte de los soberanistas; una muestra más de las imposiciones antidemocráticas a que recurrieron las fuerzas políticas impulsoras del denominado Amejoramiento.
Frente a esta prácticas, no está de más recordar el funcionamiento totalmente diferente que ordenaba el sistema institucional histórico de Navarra. Las Cortes -en su caso Juntas- ejercían el papel legislativo, que incluía la capacidad de arbitrar actuaciones concretas de la administración. Por su parte, la función de la Diputación del Reino se limitaba al cumplimiento de las decisiones del legislativo y mera ejecución de los planes aprobados por la representación nacional. Era impensable que aquella Diputación declarara de modo osado su propósito de ignorar a la Cámara legislativa, al modo en que lo ha hecho esa Barcina foránea en su soledad política. Tal actitud rebasa el límite de lo legal en la situación actual y únicamente con una interpretación estrecha de la letra de la ley resulta tolerable. Esta es la realidad institucional de la C.F.N. -que no pretencioso y ridículo Reyno de Navarra-. Prefiero no extenderme, contraponiendo la sumisión presente a la unidad constitucional de la monarquía española de la C.F.N., a la libertad constitucional efectiva de la Navarra soberana de la que presume aquella ser sucesora.
Ignoro el camino que recorrerán unos organismos -de esa comunidad foral- supeditados al sentido autoritario característico de la cultura jurídica española. Abrigo dudas con respecto a la posibilidad de un cambio que conlleve el desmontaje del actual estado de cosas. El factor que ha posibilitado la presente situación responde al consenso de las fuerzas políticas españolas, enfrentadas únicamente en lo externo, con mayor virulencia en los momentos críticos. Es la evidencia que deriva de los obstáculos decididos en los centros de poder de Madrid, a raíz de la posible constitución de frentes de progreso que puedan integrar a fuerzas soberanistas con las consideradas de izquierda. Sinceramente, creo que los planteamientos que miren al P.S.O.E. como fuerza para abordar el cambio, no darán resultado. Incluso pueden aparecer grandes dificultades en la configuración de plataformas más limitadas. Finalmente no debemos olvidar el grave condicionamiento que representa la decisión española de obstaculizar cualquier alternativa que suponga el acceso de los soberanistas a la administración de la C.F.N. y que mantiene la determinación de recurrir a mecanismos extraordinarios, de percibir que las posiciones españolas puedan correr cualquier riesgo de deterioro.
No pretendo que este camino de la actual legalidad se encuentre cerrado. Por el contrario considero imprescindible su utilización, por entender que en la lucha política reside el potencial para la modificación de las condiciones generales, incluso rebasando los límites de un marco jurídico concreto, particularmente cuando este ha sido resultado de manejos oscurantistas de parte de quien tiene conciencia de lo injusto de un estado de cosas resultado de la imposición. Los actuales garantes del estado de cosas de la C.F.N. perciben con gran sensibilidad los riesgos de la implantación de mecanismos democráticos, libres de sus imposiciones. El debilitamiento de su proyecto de Estado y Nación españoles presenta importantes vías de agua y en la fase dialéctica en la que se encuentra el proceso por el momento, han desatado una parafernalia de argumentaciones que van de la burda manipulación a la abierta amenaza, negando lo que es el argumento más sencillo sobre el que debe asentarse cualquier formulación de la convivencia humana: la libertad del individuo y colectividad; la autodeterminación, el derecho de este a decidir, con quién, dónde, cómo y cuando quiere vivir; circunstancias que solamente él debe delimitar.
