LA muerte de decenas de personas en la costa de Lampedusa ha generado todo un abanico de reacciones, y una vez más hemos asistido a la presentación de un guión que tristemente se repite cada vez que nos encontramos ante situaciones similares.
Desde hace veinticuatro años, cerca de veinte mil personas han perdido la vida cuando intentaban acceder al continente europeo. Todas esas muertes están documentadas, pero a ellas habría que sumar los miles de desaparecidos y muertos que no han tenido lugar en las estadísticas oficiales.
Durante todos estos años, desde la Unión Europea (UE) se han destinado importantes cantidades de dinero para desarrollar una política «preventiva» (política y material), que evite que esas personas acaben llegando a Europa. Desde hace tiempo asistimos a un conjunto de obstáculos y medidas antes de las propias fronteras: un rígido sistema de visas, controles sobre las compañías de transporte (con fuertes sanciones a quienes osen saltarse la ley), interceptación en el mar, con desvíos a terceros países, presiones y acuerdos a estados vecinos (Mauritania, Marruecos o Libia, por ejemplo), campos de detención…
Desde mediados de los años ochenta, los países europeos han fortalecido los controles sobre la población migrante, que además, ajustado todo ello al ya muy manido «doble rasero», son por lo general los sectores de población más pobres, perseguidos y marginados (la antítesis de los famosos y millonarios deportistas que en cuestión de poco tiempo logran la alfombra roja de la residencia o de la nacionalidad oficial).
Esa coyuntura lejos de solucionar el mal llamado «problema» de la migración (y los datos a sí lo indican) promueve la existencia de un jugoso negocio en torno a la misma, que abarca desde las redes mafiosas que operan desde los países de origen, pasando por terceros estados interesados en rentabilizar la situación, e incluso determinadas compañías privadas que ven un jugoso negocio en esta política. Frente a ello, son miles de personas las que siguen pagando un alto precio para poder llegar a Europa. Como apuntaba un prestigioso analista, «muchos de ellos inician un largo y peligroso camino, algunos sufren violaciones de derechos humanos en los países de tránsito, otros son sometidos a abusos en las mismas fronteras de la Unión Europea, e incluso, otros, una vez llegados a la misma, no encuentran derechos sino más obstáculos».
Una mirada al mapa de la UE desde la óptica migratoria, nos presenta una imagen propia de una fortaleza de la Edad Media, con sus barreras y murallas para evitar que el pueblo llano acceda a la misma: Los vergonzosos muros de Ceuta y el papel de gendarme europeo del estado español; la colaboración de Mauritania, Libia (incluso con Gaddafi los acuerdos eran muy importantes) o Maruecos, a quienes algunos definen como los nuevos vigías de la UE; estados como Rumania o Polonia, dispuestos a aplicar las políticas más duras en la materia, esperando ganarse puntos ante los otros estados miembros; la política de «ping-pong en la frontera entre Grecia y Turquía; o los retornos forzosos entre Gracia e Italia en torno a los mares Jónico y Adriático.
Todo ello en la línea argumental que esbozaba otro reconocido analista: «la política mencionada se puede resumir en unas pocas frases. Que no salgan; pero si salen…que no lleguen; y si finalmente llegan…un sinfín de nuevos obstáculos y la amenaza de la devolución o expulsión forzada».
Volviendo a los recientes acontecimientos en torno a Lampedusa, encontrados dos ejemplos, cuando menos «paradójicos», y que muestran con toda su crueldad el fracaso y el sinsentido de la política europea en esta materia. Por un lado nos hemos topado con la citada repetición de un guión muy manido en situaciones similares, donde por regla general escuchamos las declaraciones de «políticos, técnicos y expertos a la caza del relumbrón» en contraste con la ausencia de declaraciones de los supervivientes o de las familias de los fallecidos.
Por otro lado hemos podido leer que hasta tres barcos pesqueros evitaron ayudar a los supervivientes, temerosos de seguir el mismo camino que otros que sí lo hicieron en el pasado y acabaron juzgados y «empapelados» por ayudar «a la inmigración ilegal», fruto de una legislación demencial. Además, no hay que olvidar que como señalaba un periodista, «solo los muertos pueden quedarse», ya que gracias nuevamente a las citadas leyes, los supervivientes, tras ser recluidos en campos de detención están a al espero de su expulsión forzada.
La creación de falsos mitos, ligando la migración a situaciones de inseguridad, aumento del gasto social o al desempleo; la utilización de falsos principios, como «prevenir y combatir la inmigración ilegal., facilitar el retorno de migrantes irregulares o un mejor manejo de la migración legal»; los intereses privados, ligados al negocio que se genera, legal como ilegal; y sobre todo la ausencia de voluntad para afrontar la situación y las raíces de la misma, son un peligroso cóctel que sigue costando miles de vidas humanas.
Lo que hemos visto estos días en torno a Lampedusa no debería calificarse como un accidente o una tragedia inevitable. Más bien es el fruto o la consecuencia del fracaso y los errores de una política empecinada en seguir apostando por agencias como FRONTEX (que recrea un marco legal para diluir responsabilidades), por más vigilancia y por nuevos acuerdos con terceros estados como Libia.
Las nuevas muertes de Lampedusa nos muestran en toda su crudeza que las medidas y políticas restrictivas no funcionan, la gente sigue muriendo en su intento por alcanzar los estados europeos. Por desgracia no hay nada que indique que la situación vaya a variar en los próximos meses, y de nuevo el silencio caerá sobre los muertos de Lampedusa…hasta la próxima!!!
