El alborozo con que ha sido recibido el dictamen del tribunal de justicia europeo, con sede en Estrasburgo, sobre la aplicación de la práctica denominada Doctrina Parot, no puede ocultar la contundente realidad del reconocimiento internacional de que goza el ordenamiento jurídico español. Poco importa el aparente varapalo que este organismo internacional de justicia haya endosado al Gobierno de España, la misma instancia que recibió el respaldo del propio tribunal a propósito de una ley de partidos que reconoce a la misma España el derecho de ilegalización de formaciones políticas. El balance no es positivo, a pesar de las esperanzas de que se haya abierto una brecha en la estrategia de venganza y aplastamiento perseguida por el Gobierno -y deseada probablemente por la mayoría social española- en contra de los sectores soberanistas de Navarra a los que considera más radicales. Ha quedado patente la desvergonzada virulencia de grupos y partidos españoles que acostumbran a manifestarse con formas extemporáneas, en tanto los más moderados simulan resignación.
El primer hecho a considerar es la facilidad con la que España ha podido imponer de facto una recarga de condena a determinados presos vascos a lo largo de 9 años. En adelante el sistema jurídico español podrá recurrir -recurrirá- a manejar el conjunto de resortes jurídicos para hacer inefectiva la decisión de Estrasburgo y entorpecer su aplicación. Hemos asistido a un momento más de la arbitrariedad con la que actúa la parte del conflicto que se encuentra en el origen del mismo. Es España en su condición de Imperio, con una trayectoria en la que se acumulan expulsiones y genocidios, -incluido el expolio de los sometidos-; Imperio reducido a la mínima expresión, sujeto de convulsiones permanentes por refractario a soluciones de acuerdo en el plano interior y celoso de los pueblos a los que somete. Se la reconoce como miembro de la comunidad internacional, -aceptada incluso como miembro de la Europa que se proclama ordenada por la libertad individual y colectiva. Es cierto que esta Europa ha llegado a unos niveles de equilibrio social y bienestar modélicos. En todo caso no conviene olvidar que persigue sus objetivos tradicionales de dominación, aunque estos hoy se vean reducidos por la disminución de su potencial. Se puede cuestionar su actual proyecto de Unidad o cuando menos su ejecución.
En el momento actual no se constata alternativa. Es de suponer que España podrá maniobrar con libertad en el ancho campo que le deja el mundo europeo. Me atrevería a afirmar que la llamada de atención de los jueces europeos no sobrepasa lo que es un simple fuera de juego. De hecho España ha venido aplicando su reglamento, evidencia de que cuenta con el apoyo de los árbitros que parecen haberle amonestado. No deben ser pasados por alto , en cualquier caso, una serie de hechos. La decisión del tribunal reconoce la justicia de la condena a los soberanistas vascos; implica el rechazo de las actuaciones de los condenados y no considera en ningún caso que a los condenados pudieran haberles impulsado situaciones de injusticia reales, que, desde esta perspectiva permitiese reconocerles de alguna manera cierto grado de justificación para su manera de actuar. Las actuaciones de los condenados -es cierto- no responden a un interés particular de su parte, sino que son acometidas en el marco de lo que sus autores perciben como una cuestión que afecta al conjunto del colectivo humano del que forman parte; puede considerarse al respecto el apoyo sociológico de que dispone la organización en la que se integran los condenados. Es este un dato incuestionable. Nos hallamos, por consiguiente, en una situación conflictiva que enfrenta a dos colectividades humanas, colectividades reconocidas universalmente como tales; española y vasca. En este punto se manifiesta una fuerte discrepancia entre las partes, ya que España y su Gobierno niegan la existencia de cualquier motivo para el enfrentamiento. Los condenados legitiman sus planteamientos en la realidad humana que les apoya y la de sectores sociales que pueden coincidir con ellos en que existen motivos para el conflicto, aunque rechacen la metodología de la organización.
El tribunal europeo -y la Unión europea con él- respalda la legitimidad de España y no manifiesta ninguna disposición a admitir la presencia de un conflicto que permita a ningún colectivo romper la legalidad española, a fin de reclamar que se constituya un Estado vasco independiente. En el momento actual únicamente admitiría el inicio de un tal proceso, a partir de la voluntad de la misma España. Los presos vascos no podrán contar con otras concesiones que las ofrecidas por España desde su propia legalidad. Todo este conjunto de hechos van a condicionar cualquier proceso de reordenamiento jurídico que pueda tener lugar en lo que toca a las futuras relaciones de España con Navarra. Sin disminuir la gravedad que tienen las decisiones de las instituciones españolas sobre los presos vascos que han formado parte de la organización E.T.A., reviste mayor gravedad la libertad de tales instituciones -particularmente del Gobierno español- para obstaculizar toda índole de actuaciones organizativas de nuestra sociedad, la capacidad de ilegalizar nuestras organizaciones políticas y de otro signo y, lo que es peor, la capacidad para deslegitimar y detener con la ley antiterrorista a cualquier individuo o colectivo que muestre voluntad de trabajar por la Independencia y Soberanía de Navarra, en el sentido más amplio de le expresión
