En el momento presente asistimos abrumados a la salida a la luz pública de los increíbles manejos de quienes se han erigido en gestores de los bienes patrimoniales colectivos de este trozo de Navarra, conocido como comunidad foral (C.F.N.). No es útil sobrecogerse ante el alcance, primero del espolio, y ahora del descoyuntamiento, de tales recursos públicos, en un grado que puede afectar a las estructuras económicas de este territorio en el futuro. Que Barcina acuse a los soberanistas de la pretensión de estos del mencionado descoyuntamiento, resulta patético a la vista de los hechos. De ello es expresión relevante la destrucción programada de la CAJA DE AHORROS DE NAVARRA, impulsada por la misma administración de U.P.N., en el presente dirigida por Barcina. Parece que quienquiera se identifique con los intereses comunes de los ciudadanos de este territorio debería estimar el vigor de un instrumento como una institución financiera tan imprescindible para el funcionamiento de la economía, al margen de las discrepancias en su utilización; capítulo en que se entienden las diferencias. En contra de lo que parece obvio y es norma en toda organización de rango político-administrativa, nos encontramos con unos dirigentes -administradores de los recursos públicos-, al parecer los más interesados en la buena marcha de una entidad bancaria de la que, por tantas razones, son los primeros beneficiarios, llevando a efecto el desmantelamiento del instrumento financiero que les beneficia con antelación a cualquier otro miembro de la comunidad ¡Un sinsentido!
Las actuaciones del colectivo KONTUZ han descubierto las interioridades con que funcionan estos administradores, en principio ocultas por el oscurantismo con que acostumbran a actuar, con vistas a impedir la protesta y repulsa de la opinión pública de la C.F.N.. Lo que ha sido práctica tradicional de la oligarquía de este territorio, ha terminado por imbricarse en la red de corrupción que controla los recursos materiales del conjunto del Estado español. Reviste, no obstante, especial gravedad la actuación conjunta de la oligarquía pseudonavarrista y sus vinculaciones con la española en la fase actual del espolio que se ha traducido en auténtico proceso de desmantelamiento de los recursos materiales de nuestra comunidad. Los hechos que describen las informaciones proporcionadas por Kontuz, considero que no precisan comentario; al menos uno que busque despertar conciencias adormiladas y crédulas, todavía convencidas de la bondad de la organización social y consiguientes estructuras políticas vigentes; a las que el poder y sus corifeos se obstinan en calificar de democráticas y equitativas; sistema organizativo imprescindible en cualquier caso para el funcionamiento y existencia misma de la colectividad.
A decir verdad, es cada vez mayor el número de quienes reclaman un cambio en este terreno, no limitado a la alternancia de organizaciones políticas implicadas en el entramado institucional, que conlleve la modificación en profundidad de organigramas y sistemas de estructuras sociales y políticas. Irrita hasta la exacerbación contemplar la manipulación y destrucción de una institución financiera, -la C.A.N.- conformada con el esfuerzo y trabajo colectivo; institución esta que han controlado de una forma tan escandalosamente interesada grupos y sectores sociales determinados que se pretenden colocados en ese lugar por la voluntad de la ciudadanía y, en consecuencia, con legitimidad para adoptar las decisiones que toman. En este punto resulta obligado aludir a la posición de blindaje de tales gestores públicos, que les garantiza la inmunidad de toda responsabilidad política o penal, cuando se evidencia la arbitrariedad de sus decisiones, a resultas de la corrupción estructural del mismo sistema socio-político. No extraña por tanto la inoperancia de unas instituciones judiciales y ejecutivas españolas ante la ausencia de medidas que obstaculicen y castiguen tales actos denominados de corrupción, que en realidad responden a la misma estructura sistémica. Es este un defecto intrínseco del propio sistema, que se intenta ocultar reiterando permanentemente la identificación del mismo con los altos principios de un Estado de derecho, basado en la voluntad expresa de la ciudadanía.
El resultado de esta realidad político-institucional se traduce en lo estéril de los esfuerzos individuales y de la misma sociedad civil, neutralizados por el control de los resortes del funcionamiento de instituciones, corporaciones o de cualquier otra organización colectiva, ejercido sistemáticamente por los responsables de la administración. Este estado de cosas es viable finalmente por el acuerdo de las más altas instancias de decisión, localizadas en la cúspide de la soberanía del Estado español, conformada esta por quienes de manera concreta ejercitan las funciones institucionales correspondientes en los denominados poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Aceptando que tales individualidades pueden desempeñar el papel que tienen asignado, por el apoyo y beneplácito de las instancias sociales más poderosas en el marco del espacio estatal, conviene dejar claro que mediante la interactividad del conjunto institucional con esas instancias se determinan las líneas a seguir por la acción política más general, al igual que la toma de decisiones correspondiente.
Todo el conjunto se encuentra orientado a permitir el ordenamiento de los recursos materiales y la misma actuación de la colectividad que los impulsa en interés de los denominados dirigentes y sectores sociales de élite. Por lo que toca a la colectividad de la C.F.N. se ha venido considerando que estos mecanismos satisfacían las aspiraciones de la denominada oligarquía navarra y acompañantes. Siempre se ha plegado la tal a los objetivos del Estado español. Hoy tales intereses pasan por impedir la consolidación de una alternativa social y política que lleve a la reconstitución de un estado soberano en este espacio en el que ha desplegado su existencia histórica el denominado Pueblo vasco, recuperando esquemas de otros momentos históricos como lo fue el Estado de Navarra.
Cuando contemplamos la actual realidad, que pasa por el condicionamiento total de cualquier institución de nuestro territorio o iniciativa de su sociedad civil al control de España, pensamos en el simple desplazamiento de los gestores actuales, en una actitud que da por bueno la estructura de la citada institución y del sistema en que se integra. Cuando menos pecamos de ingenuidad, por nuestra obsesión en situar la responsabilidad de estas deficiencias en las individualidades concretas que ocupan las instituciones. Resulta difícil convencer a importantes sectores de la ciudadanía de la C.F.N. de que esas deficiencias son resultado de los valores auténticos que imbuyen la cultura socio-política española; una cultura que no ha superado por el momento los rasgos de autoritarismo que la conformaron en periodos históricos tempranos, agudizados con las pretendidas reformas instaladas en la Edad Contemporánea. Esta cultura y sus modos de actuar se han instalado en la C.F.N., gracias a la connivencia de la oligarquía que espera beneficiarse en pago de su colaboración.
No es bueno el mantenimiento de un engaño, pretendiendo reducir la materia a la mera corrupción, cuando quedan en evidencia los manejos del Estado español, dirigidos a impedir la consolidación de un instrumento financiero en el ámbito de los territorios históricos de Navarra bajo su control -una caja de ahorros común a los cuatro-, instrumento primordial para la reconstrucción de la Unión política acorde con las líneas de fuerza socio-económicas más naturales y espontáneas.
Lamentablemente nuestra Historia vuelve a repetirse. Es necesario que recordemos que la antigua -aunque no vieja, ni obsoleta- administración histórica del que algunos se obstinan en denominar Viejo Reyno con meliflua y afectada nostalgia, dispuso siempre de un eficaz control de los recursos financiaros públicos que impedían una corrupción como la que presenta la actual administración estatal, gracias a los resortes institucionales de vigilancia creados por unos navarros que nunca asumieron la pérdida de la soberanía. Ni un maravedí, ni un solo cornado se escapó al control de su Diputación, ni Cortes del Reino ¡Lastimosa imagen ofrece la realidad a la que ha llegado la administración de la actual C.F.N.! Desaprensivos de todo color y origen la escarnecen con sus prácticas fraudulentas. Cuanto más alto proclaman defender su esencia, en mayor medida se patentiza el escarnio a que nos tienen sujetos a los navarros.
Al contemplar, por lo demás, una institución creada de antiguo como fue el denominado DEPÓSITO DEL REYNO; organismo creado por nuestras instituciones que desarrolló con ventaja el papel de un Banco financiero público en el que los particulares depositaban sus capitales y prestaban sus caudales a otros particulares, pudiendo el mismo Reino servirse de ellos para sus urgencias, todo bajo el control institucional ¡No fue desmantelado por el poder español -esta vez de la mano de Godoy- que había llevado a la bancarrota al Imperio! No comparto la simplicidad de quienes se limitan a hacer suyos los esquemas genéricos de la evolución histórica que consideran el paso del tiempo como factor de progreso en sí mismo; tampoco hago mía, si más, la reducción de todo conflicto social al desarrollado en un marco cerrado, como si fuese un ring o cancha de juego. La realidad de los procesos históricos es de mayor complejidad y no se limita a un enfrentamiento reglado en un marco cerrado. Previo a la lucha entre dos púgiles es la disposición como propio de ellos del ring del que uno de los dos será definitivamente el amo. En nuestro caso fracasaremos en nuestros esfuerzos por conseguir que nuestra colectividad navarra sea libre, si no logramos el control sobre el territorio en que pretendemos establecer una sociedad en libertad.
