Para proteger el mar

Coincidiendo en el tiempo con la tramitación en las Cortes de la futura Ley de Protección del Medio Marino celebramos, un año más, el Día Mundial del Medio Ambiente este 5 de junio. Y si la coincidencia es meramente casual, no lo es tanto la tendencia del Gobierno de España a legislar sin consultar a nadie, sin consensuar medida alguna con las Comunidades Autónomas (CC AA) y municipios e, incluso, legislando contra la lógica y la peculiaridad de la propia naturaleza marina. Valgan estas líneas para subrayar algunos ejemplos en búsqueda de la necesaria mejora del texto presentado.

Así, la propuesta del Gobierno central pretende regular el medio marino de la península de manera ‘uniforme’ según el propio texto. Frente a ello, el marco normativo del mar difícilmente puede ser uniforme; más si cabe en las costas de la península donde la diversidad del medio marino es notable empezando por la suavidad de las mareas en el Mediterráneo, frente a su radicalidad en el Atlántico y en el Golfo de Bizkaia.

La pretensión de uniformidad es tal que el proyecto de ley condiciona la aplicación de la propia ley al cumplimiento o no de sus mismos objetivos mediante la Directiva marco del agua de la UE. Como toda ley que se precie, esta nueva norma debería tener vocación de generalidad y permanencia en el tiempo y en todo su ámbito de aplicación, esto es, en todo el medio marino en su conjunto. A ello hay que añadir que la propuesta obvia o desconoce abiertamente las competencias autonómicas en la materia, al igual que cuestiones municipales de gran importancia para las ciudades costeras en general.

Por el contrario, el Proyecto de Ley hace hincapié en la protección de recursos y hábitats en función de su ubicación territorial bajo jurisdicción nacional, algo que choca con la visión comunitaria e internacional al respecto. Sería más que bienvenido un intento por evitar que el patrimonio natural sea objeto de patrimonialización. De hecho, por la propia naturaleza y las relaciones de los recursos marinos, el objetivo general de esta ley ha de ser la protección de la biodiversidad marina y de los mares en su conjunto, independientemente de su situación física. En este plano, resultaría necesario, igualmente, evitar cláusulas abiertas que permitan, como recoge el texto remitido a las Cortes, la autorización condicionada de vertidos radiactivos al mar.

En un plano más político, la propuesta de Ley pretende trasladar la responsabilidad de posibles incumplimientos europeos hacia las CC AA cuando la competencia exclusiva en relaciones europeas e internacionales es la de un Estado que ha privado siempre a las autonomías de participación directa en la UE. Para el Derecho Europeo, no importa quien tenga la competencia pues el responsable ante la UE es siempre el Estado. Resulta difícil entender que el Estado pretenda algo distinto hoy, sin que antes se garantice que las CC AA participen en la elaboración de normativas que afectan directamente a sus competencias. Tanto o más para las cuestiones municipales que el Estado ha soslayado abiertamente.

Y llegada la hora de la responsabilidad por daños al medio marino, nada nos dice la propuesta de ley sobre el tema. Un silencio total. En este ámbito bien haríamos en valorar la idoneidad de hacer una remisión directa a la aplicación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental o, por el contrario, establecer un régimen especial de responsabilidad civil ambiental en esta ley, de conformidad con el art. 45 de la Constitución y sin que dicha responsabilidad civil pueda estar sujeta a límites. El reciente ejemplo del vertido en el Golfo de México debería marcar un antes y un después sobre responsabilidad civil en defensa del medio marino.

A fin de elevar igualmente los niveles de protección, sería de interés prever posibles conflictos de aplicación de normativas con distintos niveles de protección, en cuyo caso, debería prevalecer la norma que resulte más exigente respecto de la protección ambiental de dichas aguas, algo que tampoco prevé la futura ley.

Tratándose de un proyecto de ley derivado de una Directiva europea parece razonable que se adapte su aplicación a nuestra diversa y rica realidad interna, incluida la municipal. Si además el proyecto refleja las peculiaridades y las ostensibles diferencias geográficas y naturales entre distintas costas y mares, es seguro que el medio marino lo agradecerá.

Publicado por Diario Vasco-k argitaratua