Una vez llevada a cabo la conquista militar y la forzada anexión del Reino soberano de Navarra a Castilla en 1512, y después del también impuesto decreto de la Unión en 1620 por Francia sobre la Navarra residual de Iparralde, solo quedó oficialmente la figura formal y reducida del ya colonizado Reino de Navarra en el sur de los Pirineos, pero con la suplantación de la que había sido su dinastía legítima por la de Castilla, aunque obligada ésta a someterse a las formas y el ordinal de Navarra. Esta figura simbólica y teórica del Reino soberano de Navarra estuvo vigente hasta 1839 en que, tras la derrota de la 1ª guerra carlista, fue reducida a provincia por las tropas de la dinastía ilegitima española de la que se pretende proceden quienes ahora son reclamados por algunos desorientados como herederos legítimos de la Corona de Navarra.
Las legitimidades monárquicas no se pueden inventar al gusto de quien detenta el poder en cada momento, sino que deben sujetarse a las estrictas normas de la monarquía y de cada Casa Real, y está claro que, guste o no, la legitimidad dinástica navarra, ni tampoco la española, recaen de ningún modo sobre los sí legítimos herederos del dictador Franco y sus sucesores. Y ello se debe a muy graves y antiguos motivos excluyentes a los que, por si faltara algo, habría que sumar el haber pasado sobre los supuestos y negados derechos de un antecesor y la difícilmente solapable colaboración al menos sucesoria con la dictadura.
Es evidente que la monarquía no puede ser encuadrada entre los regímenes democráticos, pues está básicamente en contradicción con los principios de igualdad de oportunidades e igualdad de todos ante la Ley. (…) Y es por eso que la forma de representación del Estado hoy para el partido en que milito no tiene más importancia que la que libremente y en igualdad de oportunidades y con respeto a todos los DDHHCCPP puedan decidir democráticamente los ciudadanos, aunque mis preferencias personales hoy, respetando lo antedicho, sean republicanas y confederales.
Los derechos de la Corona del Estado navarro, como todo el patrimonio real de Navarra, incluidas las Bardenas, recaen sobre todos los navarros, que son quienes legítimamente debiéramos asumir legalmente su propiedad y gestión respetando solo las cargas que de acuerdo a Fuero vengan legítimamente soportando. Y estos derechos, junto al respeto íntegro a todos los DDHHCCPP, son precisamente los que algunos reclamamos cuando pretendemos ejercer el derecho de autodeterminación para acabar democráticamente con tanta imposición y tanta impostura.
