Es evidente que el proyecto Pantano de Itoitz-Canal de Navarra fue exclusivamente político, sin estudios técnicos que demostrasen su utilidad y necesidad. También se evidenció la influencia e impulso para su construcción de las empresas constructoras y bancos, que se han forrado a costa de Navarra. Ahora la Directiva Marco del Agua Europea a la que debemos adaptarnos dice que son los usuarios del agua los que deben pagar los costes de producción y los gastos de las infraestructuras. Los números son claros y el fiasco está servido: en el pantano de Itoitz y el Canal de Navarra se han invertido 1.751,7 millones de euros desde que se comenzó a poner en marcha el proyecto hace 20 años. Aquí se incluyen los gastos de construcción y explotación. Desde entonces, el volumen de lo recuperado mediante los distintos aprovechamientos únicamente llega a los 471,2 millones. La operación da un resultado contundente: solo se ha recuperado un 26,9% de lo invertido.
Los costes que ha supuesto la construcción y el mantenimiento del pantano y la primera fase del Canal que concluye en Pitillas demuestran: lo invertido no se justifica en relación a los beneficios obtenidos. Es decir, Navarra ha hecho un mal negocio con este macroproyecto, pese a que se presentó y presenta como esencial para el progreso del sector agrícola. Tampoco se han cumplido las expectativas en la creación de puestos de trabajo y dinamización de la zona, y en su desarrollo las agresiones a la legalidad, al medio ambiente y el entorno fueron y son más que evidentes.
Continuar con las obras de la segunda fase del Canal o su extensión a Tierra Estella -con una nueva inversión de 175 millones de euros- donde más de 1.000 agricultores lo rechazaron, no solucionará el fiasco económico y además seguirá endeudando a Navarra con nuevos y costosos peajes a la sombra. Eso si… seguirán engordando las cuentas corrientes de los de siempre, a costa de los impuestos de la ciudadanía.
