La hoja de ruta de Cataluña

No es ningún secreto que la inhabilitación del presidente Mas y la suspensión de la autonomía catalana son dos herramientas que el gobierno español está estudiando para frenar el proceso independentista, lo que significa que, a menos que la Unión Europea se lo exigiera, nunca permitirá la consulta. No la permitirá por tres razones básicas: una, porque está plenamente convencido de que la perdería, dos, porque va contra sus principios totalitarios, y tres, porque implicaría un reconocimiento nacional de Cataluña que sería determinante. Ante esto, se puede pensar que una solución intermedia podría ser la del referéndum en todo el Estado español. Es decir, que votara la gente de Madrid, de Toledo, de Burgos… Sobre el papel parece una solución óptima para el Estado, ya que le permitiría admitir la consulta garantizando un resultado victorioso. Pero no hará uso de ello porque sabe perfectamente que los referendos de autodeterminación se hacen sólo en el territorio que se quiere autodeterminar, no en el resto del Estado que está en contra. De otro modo, estos referéndums, aparte de no ser democráticos, no tendrían ningún sentido, ya que supondrían la imposibilidad sistemática de que el territorio que quisiera independizarse pudiera hacerlo.

Más allá de esto, sin embargo, la razón principal por la que la ‘solución’ de un referéndum en todo el Estado tampoco gusta al gobierno español, ni tampoco al Partido Socialista, es porque saben que el mundo entero estaría pendiente del resultado en Cataluña. El resultado en España no tendría ningún interés para nadie. En otras palabras: si los catalanes votaban mayoritariamente SÍ a la independencia, los votos negativos de los españoles, por más que sumaran, no tendrían ninguna fuerza ni significación y el Estado habría caído en su propia trampa.

«¿Entonces qué?», pensará alguien. Pues hay una cosa que se llama derecho internacional y otra aún más importante que se llama Derechos Humanos, incluyendo el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todas las constituciones de los estados que la han suscrito están subordinadas a ellos. España también. Esto significa que si España es verdaderamente un Estado democrático no puede impedir que una nación como Cataluña se exprese por medio de las urnas. Sólo los regímenes totalitarios criminalizan las urnas, que es justamente lo que ahora está haciendo España. De acuerdo con ello -y pese a que miente al decir que su Constitución no permite hacer referéndums consultivos- España persistirá en la criminalización del derecho a decidir y, al revés de lo que ha hecho el gobierno británico, no permitirá el ejercicio del voto. Llegados aquí, pues, Cataluña debe poder votar de acuerdo con la ley catalana o ir directamente a unas elecciones plebiscitarias. Unas elecciones que deberán ser lo más inmediatas posible.

Una vez nos situemos en este marco, no hay duda de que el actual abanico parlamentario experimentará cambios. Es muy seguro. Pero en ningún caso mermará el voto independentista. Al contrario. El independentismo no sólo mantendrá su mayoría absoluta, sino que aumentará, mientras que el españolismo mermará. Y, si bien es cierto que Ciudadanos subirá un poco, será pura anécdota, dado que lo hará a costa del Partido Popular y del Partido Socialista. Es decir, que, globalmente, el bloque nacionalista español disminuirá. En cuanto a la merma que las encuestas predicen a Convergencia, parece bastante verosímil con ojos del presente. Pero cuando lleguen las elecciones es obvio que habrán pasado muchísimas cosas y que el escenario no será el mismo. Todavía no hemos visto nada de los extremos a los que puede llegar el absolutismo español. Llegarán incluso a criminalizar a sus propios demócratas, es decir, a todos los españoles favorables al libre albedrío de Cataluña. Y cuando empiece la verdadera ofensiva -lo que ocurrirá tan pronto como fijemos la fecha de la consulta- tendrá una gran repercusión en las urnas el papel que juegue Convergencia en el proceso. Si la actitud del presidente Mas ante este panorama es de firmeza absoluta, si se libera del lastre suicida que supone Duran i Lleida y si el partido agarra el toro por los cuernos y habla diáfanamente de independencia, de Estado independiente, como hace Alex Salmond, los votos desconfiados que le huyeron en las elecciones anteriores pueden volver. En la Cataluña de hoy, la ambigüedad ha dejado de ser políticamente rentable. Ahora toca firmeza, y después de las elecciones será el momento de que la mayoría parlamentaria, en riguroso cumplimiento del programa presentado a las elecciones, proclame la independencia de Cataluña.

Queda, como decía, el estadio de la inhabilitación del presidente Mas y la suspensión de la autonomía. Es una medida que los miembros del ejecutivo español pueden tomar, ciertamente. Son hijos de la ‘cerrazón’ y ya hace tiempo que ‘se lo pide el cuerpo’. Creen -santa inocencia- que esto acabaría con el proceso catalán. Muerto el bicho, muerto el veneno. Que lo prueben. Yo, sin embargo, me lo pensaría dos veces, ya que es un arma de doble filo. Destituir a un presidente democráticamente elegido y esposar a un pueblo de la Unión Europea, acusándolo del delito de querer votar, tendrá consecuencias muy graves para España en la esfera internacional y cohesionará aún más la sociedad catalana en favor de la independencia. La independencia de Cataluña es un hecho irreversible, pero España no lo puede asumir. No lo asumirá ni siquiera cuando ya hayan pasado muchos años de la incorporación de Cataluña a las Naciones Unidas.

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