Sólo la pertenencia a la Unión Europea está frenando el retorno de España a las formas de gobierno propias la dictadura franquista. Si el Parlamento Europeo no existiera, ahora mismo el gobierno español ya habría retrocedido cuarenta años en la manera de ejercer el poder contra las personas y los colectivos desafectos al régimen. Aún así, a veces sibilinamente, laminando competencias, otras sin escrúpulos, a lo bruto, intentan aplicar la doctrina fascista de la FAES en virtud de la cual el Estado es Dios y es éste quien decide el margen de libertad de los ciudadanos.
Esta visión totalitaria de la existencia es la que está culminando el anteproyecto de la nueva Ley de seguridad ciudadana, impulsado por el Partido Popular, que impondrá sanciones de hasta 600.000 euros a todo el que se manifieste sin permiso o que repruebe un político en la calle. Es decir, que manifestarse ante un Parlamento o expresar el descontento con el poder estará rigurosamente prohibido y será duramente castigado. Parece que pronto volverá aquella frase que circulaba durante el franquismo cada vez que media docena de personas se reunían en la calle: «Más de dos no».
La nueva ley, por otro lado, pretende impedir que puedan ser filmadas las actuaciones violentas protagonizadas por los cuerpos policiales. De esta manera se pretende garantizar la impunidad de los agentes para que sean instrumentos no al servicio de la sociedad, sino al servicio del poder. Mira por donde, los que, en nombre de nuestra seguridad, nos filman con videocámaras en la calle diciendo que si no violas la ley no hay que preocuparse, son los mismos que prohíben que nosotros les filmemos a ellos, en nombre de su seguridad. Parece que son muy conscientes de la deshonestidad de su comportamiento. Por eso se alejan de la ciudadanía y legislan contra ella. Legalizan el absolutismo y lo llaman democracia.
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