Ante la aparición de vientos cruzados que anuncian el cambio del antidemocrático régimen político que padecemos, no han tardado los privilegiados conservadores del mismo en hacer proclamas dirigidas a impedir la modificación de su estatus.
El «Régimen foral», que se apoya en un gigantesco fraude al cual se hallan sometidos los navarros, consiste en la suplantación de los derechos políticos de esta sociedad por unas sacrosantas e intangibles esencias forales que se hallan fuera de la libre decisión de los ciudadanos.
La lealtad a Navarra, no puede serlo a un conjunto de valores supuestamente inmutables (pacto foral, régimen foral, foralidad preconstitucional, comunidad foral, etc.), sino a la sociedad, a la gente, a los ciudadanos en toda su pluralidad y abanico de pensamiento. Navarro no debe suponer en la práctica para la mayoría de los ciudadanos una insoportable carga, sinónimo de no derechos democráticos, vaciado de los bolsillos, persecución de la lengua vasca, expolios varios, etc., todo inconvenientes, mientras que los beneficios aquí sólo son para un reducido grupo.
Hay que dejar claro que estos neofranquistas, entonces del «Movimiento Nacional» y ahora «foraleros» disfrazados, no hicieron la industrialización de Navarra de los pasados años sesenta, sino que fueron sus artífices unos pragmáticos Diputados pamploneses, junto con los de otras Merindades, desde la Excma. Diputación Foral, como Felix Huarte y Miguel Javier Urmeneta, a los que apoyó Amadeo Marco. Por contra los actuales ocupantes del Palacio de Navarra no tienen nada que ver ni antes ni ahora con el progreso de la economía navarra.
Ante el cada vez mayor desprestigio del llamado «Régimen foral de Navarra», y no sólo desde posiciones «centralistas» del ámbito del Estado español, a los sedicentes «navarristas» sólo se les llena la boca con la cantinela «foral», actitud dirigida en la práctica sobre todo a cantar las «maravillas» de su «Régimen» ante los ciudadanos navarros, con razonamientos que pretenden ser políticos cuando en realidad esconden una situación de subordinación perversa, camuflándola con un discurso esencialista no democrático.
Es muy esclarecedor que los actuales responsables gubernativos navarros justifiquen el régimen político imperante en Navarra precisamente en base a un cupo desorbitado y por ello dicen que el llamado «Régimen foral» es solidario, cuando la solidaridad requiere la previa voluntariedad, pero evidentemente dicha «virtud» no sirve a la sociedad navarra, que sería lo cuerdo y justo, sino a un Estado español que se lleva nuestros recursos y no aporta nada, sin haberse preguntado nunca a la sociedad navarra si está conforme con tan ingrato Régimen. De ahí que sus resueltos beneficiarios se cierren en banda ante la mera posibilidad de someter su Amejoramiento foral a referéndum de los sufridos ciudadanos.
Cómo es posible detraer a una sociedad ya sea la navarra, la canadiense, o la alemana, el 25% de su riqueza sin que ésta no pueda ni pestañear. Al parecer basándose sólo en fundamentos intangibles, valores arcanos y esencias inaccesibles.
El cupo limpio de polvo y paja que entrega Navarra al Estado español, según Juan Cruz Alli, fue «el año 2001 nada menos que 361 millones de euros». Este donativo foral se incrementa todavía hasta el doble de la citada cifra con partes del IVA y de los impuestos de carburantes que se queda el Estado y mucho más con la Tesorería de la Seguridad Social …
Pero esas cantidades astronómicas a los «foralistas» españoles no les dice nada. Sólo las justifican en que este «Régimen foral», entendido como un presunto «privilegio», es «responsable, respetuoso y solidario», argumentos que ni tan siquiera aparentamente son políticos y que ocultan su brutal esencialismo al tratar de obviar los verdaderos derechos políticos de esta sociedad y la realidad del expolio hacendístico que padece.
En 1841 el Estado español impuso a Navarra de forma unilateral entre otras tres enormes cargas, además obsoletas o insostenibles: a) Las aduanas estatales en los Pirineos, que ahora ciento cincuenta años después han sido suprimidas por Europa, b) El donativo o cupo económico anual para «los gastos del Estado» español y c) El cupo de soldados o tributo de sangre para su Ejército. Esta es en resumen la triple motivación objetiva del Régimen foral iniciado en 1841, que para imponerlo segaron la libertad, los derechos políticos, desmantelaron las instituciones del sistema jurídico e hibernaron el Estado navarro por la fuerza, bajo la injusta y arcaica esencia de «la unidad constitucional de la monarquía española».
Desaparecidos los tres mencionados motivos de la citada imposición violenta de 1841, debido a la integración europea (unidad económica, aduanera, monetaria y armonización fiscal, así como aquí también la desaparición del servicio militar obligatorio), ya no queda nada que les justifique la suplantación política de la Constitución de Navarra, pues la supuesta «unidad constitucional» no pasa de ser una completa entelequia.
El engaño sobre los fueros tiene su origen en la conquista de Navarra, cuando los reyes castellanos (españoles por antonomasia) al objeto de buscar el sometimiento de los dominados dijeron que prometían respetar los derechos de los conquistados. Mentira en nada novedosa ya que ha sido repetida por todos los imperialismos en la historia de la humanidad. Alfonso VIII en 1202 desde su capital Burgos prometió a los navarros de Donostia-San Sebastián que les iba a respetar sus derechos (fueros) y que sólo había cambiado la persona del soberano. La falacia se volvió a repetir en varias ocasiones como en 1512 por boca de Fernando «el Católico», también desde Burgos, dirigida a los pamploneses. Esas son las raíces iniciales de los llamados indebidamente fueros, cuando son en realidad la negación de los derechos políticos propios.
Los navarros lo más urgente que tenemos que alcanzar es el ejercicio de todos los derechos políticos que se nos niegan, como si fuéramos menores de edad. Ni nada ni nadie puede sustraer a esta sociedad para siempre su soberana libertad.
